Tengo que empezar con una confesión: nunca, o solo parcialmente, he visto a Colombia. Me la he imaginado muchas veces, incluso cuando he estado en sus ciudades grandes y pequeñas, viviendo en Bogotá, caminando en Cartagena, volando en helicópteros sobre hectáreas de coca afuera de Tumaco. Supongo que uno, aunque haya vivido muchos años en un lugar, siempre se lo está imaginando.

Entonces, ¿cómo veo a Colombia? Hay dos formas de ver el país. Habría que ser serio y mirar las cifras. Colombia ha mejorado en mis casi treinta años. Cada año está mejor (cada año hay menos muertos, cada año más niños y niñas yendo al colegio, cada año más empresas y más artistas y músicos y cineastas haciendo cosas maravillosas). Entonces en eso, creo, Colombia está mejor, a pesar de lo que nos dicen algunos de nuestros políticos.

Creo, sin embargo, que Colombia no está bien en algo fundamental: en la conexión entre las expectativas de la gente y el desarrollo de sus instituciones. La frustración parece generalizada respecto al menos un punto importante: la gente duda cada vez más no solo de la utilidad o eficacia de las instituciones (cosa que está bien en una República, y que quizás incentiva que los servicios sociales sean mejores y que los funcionarios públicos hagan mejor su trabajo) sino que dudan de la legitimidad del sistema completo.

Esta duda sobre la legitimidad está conectada con la utilidad y la entereza de las instituciones y de los funcionarios, pero de existir (que es mi sospecha), podría tener consecuencias mucho más graves que simplemente no votar por un partido político o exigir una reforma a una institución (cosas que serían deseables).

La frustración con el sistema y con el mercado se traduce no sólo en el descrédito de las ramas del poder público y de los servidores públicos sino también en el descrédito del sistema político completo, y, también, del sistema productivo. El argumento, entonces, parece ser así: los políticos y las instituciones públicas son corruptos, por lo tanto, el sistema político es corrupto, lo que beneficia de manera injustificada los intereses de un número proporcionalmente pequeño de personas tanto de las élites políticas como económicas.

Así, la conclusión es que la República y el sistema productivo, si bien se justifican con la promesa de que propician y avanzan los intereses de la mayoría, se perciben, con mayor o con menor razón, como herramientas de dominación, como instrumentos para conservar intereses de clase eminentemente antidemocráticos y como barreras para un “verdadero” desarrollo.

Creo que la gente siente esto –que se está quedando afuera de los beneficios de la democracia y del capitalismo– y es ahí, en esa percepción (verdadera o falsa o medio verdadera), donde veo un riesgo acaso existencial para Colombia.

Es aquí donde veo tanto nuestro “patriabobismo”, digamos, como nuestro “momento Maquiaveliano” (uno de esos momentos en los que las comunidades políticas se enfrentan con el riesgo de que sus instituciones y sus valores o virtudes cívicas no aguanten los accidentes del destino y quiebren los órdenes establecidos).

Con “patria boba” me refiero a este estado de letargo institucional que está colmando la paciencia de la gente y que parece estar preparando el camino hacia una salida antidemocrática y antirrepublicana (mi gran miedo). Creo que mientras las clases educadas (de empresarios, de funcionarios, de profesores y de artistas) sigan permitiendo este letargo casi oligárquico (¡un solo empresario tenía en su nómina al procurador y al fiscal general!) y se mantengan en una calma chicha entre debates y rivalidades verdaderamente vanos (entre uribistas y los otros, etcétera) que sigue permitiendo los triunfos de líderes en el mejor de los casos mediocres y en el peor abiertamente criminales, la democracia y el desarrollo van a estar en peligro.

Aunque veo el progreso que mencioné antes, también veo un sistema que juega notoriamente a favor del lado de los ricos y de los poderosos. Haríamos bien en recordar que fue por un desbalance semejante entre los intereses de la mayoría y de las minorías que se hicieron y se justificaron la revolución y la independencia que nos crearon como país, y que proteger los intereses generales no puede ser una elección para nuestros políticos.

Así es como veo que hay ciertas preguntas que no nos estamos haciendo y que nuestros líderes políticos, económicos y sociales olvidan: ¿cómo debe ser el debate público?, ¿cómo vamos a proteger la biodiversidad y los recursos económicos de Colombia de una manera consistente?, ¿cómo nos debemos preparar para los cambios demográficos de la región?, ¿cómo podemos hacer que la gente más pobre se integre de una manera digna a la economía formal?, ¿cómo vamos a preparar nuestros colegios y nuestras universidades para el futuro?

Creo que en preguntas semejantes –y en las discusiones que propician– podríamos encontrar la vitalidad que necesita la vida pública en Colombia. Pero veo a nuestros líderes intelectual y moralmente diezmados, como sonámbulos que no saben a dónde están yendo y a dónde nos están llevando.

Por Andrés Caro Borrero

El editorial de Vivir en El Poblado (Edición 763) deja la sensación de que falta más presencia de la Alcaldía, y en especial de las autoridades y de la comunidad para la conservación del parque La Presidenta. 

He sido testigo, cuando paso por el cruce de la quebrada La Presidenta, de la presencia de migrantes que utilizan los predios para pernoctar y la quebrada como inodoro. Amén del descuido del puente que está sobre la avenida El Poblado: le falta mantenimiento en la madera y en pintura.

Ojalá cambiaran la estructura de este puente por otro de concreto.

Por: César Cárdenas

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El 27 de octubre elegiremos gobernantes en las regionales y municipios que regirán nuestros destinos en los próximos cuatro años. Excelente oportunidad para oxigenar la democracia local y regional, hoy víctima de los carteles de la corrupción y la criminalidad. Las elecciones sirven para premiar o castigar a dirigentes y partidos que han engañado al pueblo y que se han aliado a perversas causas en detrimento del progreso de la gente.

Asistamos a las urnas con entusiasmo y libertad a respaldar con nuestro voto la propuesta y candidato/a que más convenga a la comunidad. Esta coyuntura sirve para dar un positivo mensaje al mundo: respeto por la Democracia, al pluralismo ideológico y la solución civilizada de nuestras comprensibles discrepancias.

La voluntad soberana del pueblo expresada a través del voto libre, dentro de un proceso electoral transparente y pleno de garantías debe ser acatada y respetada. Su fallo es inapelable. Nadie debe sentirse derrotado.

Tenemos a nuestra consideración múltiples propuestas que interpretan la compleja realidad de nuestras comunidades. Corresponde a los candidatos adelantar una campaña respetuosa, noble y civilizada con énfasis en propuestas viables, para que sean merecedores de la gratitud ciudadana. La experiencia señala que quien acude a la mentira y a la trampa, si es elegido así será su gobierno.

Los nuevos gobernantes han de tener en cuenta que nuestra Constitución advierte que simbolizan la unidad y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obligan a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, sin excepción alguna, tanto para quienes hayan votado por ellos, como por quienes no, votaron en blanco o se abstuvieron.

Han de entender que debe construirse sobre los construido por sus
antecesores, no parten de cero.

Los nuevos gobernantes han de significar tranquilidad, seguridad, progreso; sería muy preocupante lo contrario: amenaza e inseguridad. Para el éxito de su difícil trabajo necesitan tender puentes hacia un escenario que facilite los indispensables consensos para su gobernabilidad y, desde luego, estimular la urgente reconciliación ciudadana y la colaboración del inmenso talento existente en nuestra población.

Aspiramos a sentirnos orgullosos y agradecidos de nuestros gobernantes, cuya solvencia ética, compromiso y liderazgo sirvan de ejemplo. El ejercicio del poder es para servir, no para servirse de él. Poder, decencia y humildad no son incompatibles.

Nuestra responsabilidad no se agota con la elección de los gobernantes, nos corresponde colaborar desprovistos de prejuicios y resentimientos, caminemos hacia el mismo destino que permita mejorar la calidad de vida de la población, la convivencia ciudadana, el crecimiento de la economía, el respeto a la dignidad humana, la derrota a la criminalidad y la corrupción.

Atrás deben quedar la improductiva polarización que ha fragmentado irracionalmente el ánimo y el talento de los ciudadanos. Los nuevos gobernantes, diputados y concejales tienen el privilegio y la enorme tarea de trabajar para corregir errores e intentar innovaciones sociales que permitan solucionar numerosos problemas. Del pasado reciente quedan muchas lecciones, entre otras: la mentira, el odio, el fanatismo, la exclusión social, la violencia, la corrupción, la politiquería… generan violencia, pobreza y atraso.
Deslegitimar u obstaculizar el mandato de los nuevos gobernantes sería una actitud irresponsable, mezquina y suicida. El fracaso del gobernante significa fracaso de la comunidad ¡por cuatro años!

Conviene tener en cuenta que el buen ciudadano vota responsablemente. No se abstiene. Nuestra Constitución (Art. 95) señala: “… Son deberes de los ciudadanos:… Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país…” .

Por Omar Flórez Vélez
Decano facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables- Corporación Universitaria Americana-Medellín
Exalcalde de Medellín