Comerciantes informales
“¿Por qué aquí?”
De manera formal o informal, mientras se redefine una normativa para el uso de espacio público en Medellín, los vendedores se apropian de él
Jesús Cárdenas, Avenida El Poblado con el Campestre
“Dicen que no podemos estar aquí por estar al lado del club de los ricos. ¿Sí me entiende?, cómo van a permitir un montón de vendedores aquí, pero dos semáforos más allá sí dan permiso”, comenta Juan Carlos Trujillo, quien vende copias de películas, entre las 9 am y las 6 pm, al frente del Club Campestre, en el cruce de semáforos sobre la Avenida El Poblado.
Este tramo en los alrededores del Campestre es uno de los más críticos en cuanto a proliferación de ventas informales, según lo manifestó José Fernando Álvarez, de la Mesa Ambiental, en la edición 561 de Vivir en El Poblado. También expresaron inconformidad los residentes de ese sector, así como de Ciudad del Río, por la que consideran una ocupación inadecuada del espacio público.
Semáforo de la Avenida El Poblado con la loma del Campestre
Pero, ¿qué dicen algunos de esos vendedores sobre la apropiación que hacen del espacio?
Con Juan Carlos trabajan otros cinco compañeros que se mueven cada día, de arriba a abajo, en el separador de la vía, frente al Campestre, de acuerdo con el ritmo del semáforo. Después de los 10 y hasta 20 años que llevan allí, el sol ya no “aporrea tan duro”, el hollín les quedó pegado en la piel y los frenos y pitos son sonidos llevaderos.
Luis Carlos Cavadía, en Ciudad del Río
“¿Por qué aquí?… ah, porque mi papá me traía desde chiquito a camellar. Esto era una finca, lo de allá otra finca”, cuenta Alexander Pulgarín (chacero móvil) mientras señala los grandes edificios que se alzan alrededor. En ese ir y venir, interrumpe José Luis Saldarriaga (vendedor de accesorios de celular): “En una empresa no nos pagan lo que nos ganamos acá. Uno se puede ganar hasta 80 mil pesos diarios. No me gusta tener un patrón que le diga a uno ‘lo voy a echar, que esta empresa es mía’”.
Están con ellos el de las hostias, el de las rejillas para baños y el maromero. “Aquí no dejamos meter a nadie más. Si ve un desconocido, la Policía nos dice que ya son muchos”, agrega José Luis. -¿Y por qué se les relaciona con la inseguridad en el sector?, preguntamos. “Eso dicen, que los vendedores ambulantes están trabajando con los ladrones, que tin, y no, ¡cómo nos vamos a poner en esas con la gente que nos colabora!”, responde Alexander. “Al contrario, si nos ven a muchos ahí, no roban. Ellos aprovechan los trancones porque supuestamente por aquí pasa la gente más acaudalada”, agrega Juan Carlos. Sin embargo, admiten que en este sector sí ha habido casos de robos.
Manejar los propios horarios, no depender de un jefe, no pagar un arriendo o impuestos, son las ventajas que ven quienes se acostumbran a la calle, por eso las ofertas de empleo no son tentadoras. Don Jesús Cárdenas, quien tiene su puesto fijo hace cuatro años sobre esta vía y asegura tener permiso de la Subsecretaría de Espacio Público, tuvo en el Centro de Medellín un restaurante, una cafetería, un bar, pero ninguno le funcionó. Él, como otros chaceros, viene de otra zona de la ciudad; ellos se vuelven conocidos entre los vecinos, cuentan con la amabilidad de alguien que les guarda el “carrito” o la mercancía, y tienen clientela. Sus clientes más asiduos vienen de las oficinas y en un día también pueden atender hasta 60 taxistas. -¿Le ha tocado pagar por un espacio? “No, no, esto es un permiso que uno logra con Espacio Público”, reitera don Jesús.
Cristian Montoya, “El Marra”, en Ciudad del Río
Las ventas en Ciudad del Río
Entre tanto, a Ciudad del Río y su parque lineal cada vez llegan más comerciantes informales con pequeños carros o con chazas, aunque no tengan permiso para ello. Hoy, alrededor de 20 permanecen en este espacio y unos 80 rotan los fines de semana; allí llegan furgonetas con comidas rápidas, y jóvenes que encuentran en la venta de productos elaborados por ellos mismos una posibilidad de emprendimiento. Es el caso de Cristian Montoya, un surfista y skate conocido como “el Marra”, quien financia su deporte con la venta de limonadas de cereza en una bicicleta. Hace pocas semanas llegó de representar a Colombia en un campeonato de surfing en Perú. Así mismo, varios conocen a Willy Brown, un chico que vende brownies y chocolates, algunos de ellos con cannabis a petición de sus compradores. También expende una crema que creó con dicha planta y que, asegura, sirve para todo tipo de dolores.
La preocupación que expresan los habitantes de Ciudad del Río tiene que ver con la indisciplina social, el daño ambiental, la afectación a la estética del entorno y la inseguridad que genera el no control por parte del Municipio de un espacio que se supone es para el disfrute de todos.
Semáforo de la Avenida El Poblado con loma del Campestre
Para varios residentes es absurdo que muchos niños del barrio ya prefieran jugar en las porterías que salir al parque, pues tanto a ellos como a sus familias los intimida la presencia de personas que están consumiendo permanentemente sustancias ilícitas y de jíbaros que las distribuyen, a veces camufladas en otro tipo de ventas.
Luis Carlos, quien tiene una chaza y vende cervezas micheladas, se defiende: “Si el Alcalde me dice que me cobra por estar acá, yo le pago. No dan los permisos y tampoco dejan trabajar. Uno como pobre viene a rebuscarse la comida”. A Luis Carlos le han retenido el carro seis veces y admite tener otros tres. Aunque reconoce que en ocasiones existe rivalidad entre los mismos vendedores, señala que en Ciudad del Río no se alquilan espacios en forma ilegal, como algunos temen.
Otro vendedor informal de Ciudad del Río, cuyo nombre omitimos por motivos obvios, dice sobre la venta de marihuana y otras sustancias ilícitas: “Aquí el vicio es un problema. Ya pusieron venta. ¿Si las mismas autoridades y patrulleros saben dónde lo venden, por qué no van y atacan las casas venteras en vez de venirnos a atacar a los que nos estamos rebuscando la comida honradamente? ¿Por qué no podemos vender una cerveza, trabajar acá?”.
Otro vendedor vecino, expresa: “La droga hoy en día la trabajan los grandes, no los pequeños. Si a usted lo ven vendiendo algo, le van pegando la pela o desapareciendo. Si algunos lo hacen, tienen una chacita mal surtida, lo mismo que los que roban, pero por eso no pueden referirse a todos”.
Willy Brown, en Ciudad del Río
¿Qué dice la Alcaldía?
Según la Subsecretaría de Espacio Público, en la Avenida El Poblado, Ciudad del Río y La Aguacatala hay 45 comerciantes regulados, con su permiso al día. La cifra puede ser mayor puesto que varios de ellos no han solicitado la revalidación del permiso o un nuevo carné.
“Desde finales del mandato de Alonso Salazar los permisos quedaron congelados. Estamos mirando cómo se va a regular el uso del espacio a partir del POT, que es la norma máxima por la que nos debemos regir, para ver como van a quedar los diferentes territorios”, afirma la subsecretaria de Espacio Público, Irma Lucía Ramírez.
La funcionaria admite que durante diciembre se disminuyó el personal operativo en lugares como Ciudad del Río debido a que la instrucción de la administración municipal era concentrarse en el Centro de Medellín. Este año, sin embargo, se retomaron los controles. “De lunes a sábado (en Ciudad del Río) contamos con un servicio con 10 gestores operativos, y en febrero realizamos 14 retenciones de elementos como carros de cerveza y comidas rápidas. Trabajamos articulados con las secretarías de Salud y Convivencia, haciendo el control a los vendedores informales. Desarrollamos el tema de pedagogía desde el área social para no hacer sólo un trabajo de choque con ellos”.
Con respecto a la ciclovía de la Avenida El Poblado, informa que desde el domingo 16 de marzo –luego de la publicación de varias quejas en Vivir en El Poblado– a las 6 am iniciaron operativos para controlar la ocupación indebida del espacio público. “Con recorridos constantes sobre la carrera 43 A, desde La Frontera hasta la calle 30, se ejerció control de ventas informales y verificación de permisos, despejando los andenes y corredores de la ciclovía”. En estos operativos se hicieron seis retenciones de puestos de ventas.
Según cifras de la Subsecretaría, desde octubre de 2013 hasta finales de febrero de 2014 en El Poblado se realizaron 193 operativos de control y la retención de 766 elementos de ventas informales.
Entrevista a la subsecretaria de Espacio Público, Irma Lucía Ramírez
¿Qué opciones ofrece la Alcaldía a los vendedores informales que encuentran más beneficios en la calle?
Tenemos que ofrecer a los vendedores una opción de trabajo, porque en el momento en que los sacamos del espacio público vulneramos ese derecho. Se les ofrecen capacitaciones en asocio con los Cedezos y el Punto de Intermediación laboral (PIL) para que puedan acceder al mercado laboral, talleres de sensibilización laboral y la oferta educativa del Sena, Buen Comienzo y la Fundación EPM.
¿Y si no quieren aceptar, porque consideran que les va mejor trabajando independientes en la calle?
La Constitución no nos permite retener a nadie para que esté en las capacitaciones. Presentamos la oferta institucional que tenemos para que se vinculen a nuestros programas sociales como Medellín Solidaria, desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Hemos tratado de hacer esto en corresponsabilidad. No es solo la administración municipal, sino con los privados, la comunidad y una participación activa de esos venteros irregulares.
Hay una población adulto mayor que ya no es empleado por el comercio formal. Con ellos estamos trabajando con la Secretaría de Inclusión Social para ver realmente su vulnerabilidad.
Tenemos otra población entre los 18 y 45 años, se les convoca desde el área social y se les hace una sensibilización y se les dice las oportunidades que existen.
¿Qué se está haciendo para ejercer control del espacio público?
Estamos trabajando desde la Vicealcaldía de Gestión Territorial en el tema de pedagogía desde el área social para no llegar a hacer un trabajo de choque, únicamente con la retención con los camiones. Así como tenemos población desplazada y vulnerable que necesita salir al espacio público para subsistir, hay también personas que subcontratan a personas para vender. Le hemos pedido a la comunidad que nos apoye porque los defensores de Espacio Público han sido objeto de agresión.
Vamos a empezar una campaña para que la comunidad nos acompañe y apoye la labor, que es recuperar el espacio público para que los peatones puedan moverse libremente y de una manera segura. Estamos mirando desde las diferentes secretarías cómo vamos a reorganizar las normas sobre el espacio público a partir del nuevo POT, que es la máxima en la que nos debemos regir.
A partir de enero de este año entró a regir el Artículo 7 Decreto 1684 de 2013, que tiene que ver con las carretillas y el cobro por el bodegaje. Ese cobro era insignificante y en este momento se ha endurecido. Esto los ha golpeado porque es menos estimulante ir a sacar los elementos que han sido retenidos.
Pero se hacen los operativos y de nuevo se saca el carro, se convierte en una multa continua y un círculo vicioso. ¿Cuál sería entonces la solución?
El problema de venteros irregulares en las calles es un problema de 30 años. No podemos pretender que en cinco meses (lo que lleva la subsecretaria en ese puesto) o en cuatros años la administracion vaya a saldar una deuda que tiene con el espacio público. Tenemos que volver a normatizar. Sin tener las normas no podemos sacar a la gente.
Ellos tienen que seguir trabajando. Mientras que se vuelve a dar una nueva regulación y se vuelven a permitir espacios. ¿Qué opciones tienen?
El Punto de Intermediación Laboral (PIL). Y estamos haciendo un diagnóstico preguntando por qué la persona está en el espacio público, si es por darle estudio a sus hijos. Mucha gente no conoce la oferta institucional que tenemos con la Fundación EPM.
¿Y si la gente que lleva más de 20 años en el espacio público, como los que trabajan en los semáforos y su opción no es adherirse a ninguno de estos planes?
El tema de los semáforos lo ha trabajado muy bien la gerente de El Poblado, la doctora Astrid Velásquez. Ella ha venido trabajando en un proyecto de la Secretaría de Cultura con los malabaristas. Nosotros hemos mirado cómo esa labor se puede tomar desde el punto de vista pedagógico. En definitiva, es entrar a cambiar parte de la norma.
Algunos residentes afirman que se están alquilando espacios ¿Qué puede decir de esto?
Las secretarías de Gobierno y Seguridad han venido trabajado articuladamente. El doctor Iván Darío Sánchez ha estado al frente con la gerente territorial de El Poblado para atender los requerimientos de los habitantes de El Poblado.
Ustedes hablan de articulación pero la apreciación de los habitantes es otra. Dicen que a veces está presente una dependencia, pero no está la otra.
Cada ocho días hay una programación de dónde vamos a estar. Parte de esta no se informa a la comunidad ni a los periodistas debido a los operativos. Incluso nosotros mismos no sabemos cuándo van a ser para que la gente no esté avisada de que vamos a ir. En cualquier momento se disponen los defensores para determinado punto.
Precisamente algunos residentes dicen que pareciera como si en el interior hubiera informantes, pues casualmente cuando se hacen las operativos, no hay nadie
A raíz de eso, de las diferentes quejas y que hemos llegado y que no hay nadie, hemos cerrado el círculo de quienes toman las decisiones. Coordinamos con la Policía, las secretarías de Gobierno y Seguridad y los operativos están en cabeza de, máximo, tres personas.
¿Qué pasa con esos vendedores que tienen más de un carro?
Si los denuncian nos harían un gran favor. Para nosotros como Estado es muy difícil tener esa información. Si nos hacen la denuncia, que puede ser anónima, nosotros procedemos a hacer el trabajo previo de mirar si esa persona es regulada y tiene carnet o, si no lo tiene, entramos a hacer la parte operativa.
Anteriormente hablaba de un trabajo pedagógico ¿En qué consiste?
A los 320 gestores que tenemos de espacio público de la ciudad hemos venido capacitándolos desde las Vicealcaldía de Gestión Territorial, en el tema de manejo de residuos sólidos, en el uso del espacio público, en la oferta a través del área social, porque hay que empezar desde la cultura ciudadana. Primero al ventero se le decía córrase de ahí y se subía la mercancía a un carro y la gente no entendía. Ahora el defensor le explica al ventero por qué no puede estar ahí.
También hacemos control con los comerciantes regulados que ya tienen un módulo. Cuando infringen la norma se les hace una visita y si continúan con el desorden, se entra con inspecciones y con las móviles a recoger.
¿Cuál sería su espacio público ideal?
Eso no lo hemos preguntado desde la Administración Municipal. No podemos pretender tener un espacio público sin venteros ambulantes, eso hace parte de la cultura de nosotros, desde los pueblos en las plazas principales. Es mirar cómo están ellos ahí de una manera organizada en donde las ventas formales e informales puedan estar en el mismo espacio, que es lo que se ve en en grandes ciudades y países desarrollados como Francia y Estados Unidos. También es mirar cómo ese ventero ambulante lo vinculamos al sistema institucional de vivienda, salud, educación… pensando siempre en el ejercicio de la corresponsabilidad, es decir que ellos se hagan responsables de su propio desarrollo, con el apoyo del sector privado y la comunidad. El espacio público, como su nombre lo dice, es de todos.
Un reportaje publicado en el diario británico The Guardian en febrero pasado, con base en análisis de datos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial muestra a Colombia con siete puntos de legislación para enfrentar la violencia doméstica, en tener una Constitución que consagra la igualdad y la no discriminación, en legislación de mismos derechos para temas de propiedad, de igualdad de ciudadanía para mujeres solteras y casadas, en que la ley no obliga a estas últimas a obedecer a sus esposos y en algunos aspectos relativos a la legislación para enfrentar acoso sexual. No obstante, en este campo específico, no dispone Colombia de normativa en cuanto a acoso en la educación, en lugares públicos o en la provisión de servicios.
“Las principales afectaciones que tenemos son ruido, movilidad, contaminación por material particulado e inseguridad”, afirma Alfonso Vergara, uno de los habitantes de Bosques de La Aguacatala y promotor de la JAC Poblado Sur. Él ha estado al tanto de los impactos que causó la construcción de la Vía Distribuidora a la unidad residencial, del aumento vehicular en el intercambio vial de La Aguacatala como vía alterna hacia Envigado y del incremento de vendedores informales en los alrededores.
Fue portero, mesero, barman, lightjockie. Como lighjocki llegó al dj y al fin a sus equipos y desde ese momento nadie lo paró. Recuerda que fue en “Ábsalon”, un “antro”, según cuenta, ubicado en San Juan con la 70, donde llegaba la gente que no podía entrar a “Fortaleza”, la discoteca de moda de la época. 
