No hubo acuerdo inicial
La acción popular está en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito, a cargo de la jueza Omaira Arboleda Rodríguez. Inicialmente el juzgado citó a las partes implicadas: Municipio de Medellín, Autobuses El Poblado y los vecinos a una Audiencia de Pacto de Cumplimiento, en la que trató de acercar y conciliar a las partes. Esta audiencia estaba fijada para el 5 de diciembre de 2006, pero por solicitud de Gonzalo Alberto Pérez, Apoderado del Municipio se postergó para el 16 enero de 2007. “Sin embargo, a la reunión no asistieron el Representante de Autobuses El Poblado y el Apoderado del Municipio, aunque se habló de los proyectos para la ubicación de una nueva terminal, no hubo definición de plazos ni presupuesto que garanticen la ejecución del proyecto”, explica Luis Guillermo Martínez, abogado de la comunidad que interpuso la acción popular.

Lo que está haciendo Autobuses El Poblado
Jaime Sánchez, Asesor de Gerencia de Autobuses El Poblado, comentó que el representante legal de la empresa no pudo asistir a la audiencia de pacto cumplimiento debido a problemas de salud. Pero aclara que desde antes de la acción popular la empresa está trabajando con la Alcaldía para solucionar el problema de las terminales de buses en San Lucas, Los Parra y La Chacona. “El proyecto se ha incluido en el Plan Espacial del Poblado, sin embargo, la gente debe entender que la solución no solo depende de la empresa de buses; hay una serie de factores que la empresa debe cumplir. El año pasado estábamos agilizando la adquisición de predios pero debimos hacer una gestión más pausada mientras se definía la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Con la normatividad, se retomó la adquisición de predios. En la actualidad estamos negociando con dos sociedades, pero estas requieren la aprobación de la asamblea de propietarios, que por lo regular solo se desarrollan hasta marzo. Paralelo al negocio debemos hacer unos estudios para organizar los esquemas de circulación de las rutas y la operación y mitigar los impactos a la comunidad. Pero nuestra intención es que antes del fallo de la acción popular tengamos una solución conjunta entre la Alcaldía y la empresa para el beneficio de la comunidad”, afirma Sánchez. Mientras tanto, la empresa de buses afirma que para mitigar el problema de contaminación por ruido y gases ha renovado su parque automotor con buses de última generación y viene trabajando en la organización de los lavadores de carros y adecuado uso del espacio público.

Siguen las pruebas
Debido a la ausencia de Autobuses El Poblado y la falta de conciliación con el Municipio, no se pudo realizar el pacto de cumplimiento. Así que el proceso continúa con la fase probatoria, donde el Juzgado hace acopio de las pruebas documentales e interrogatorios de las partes. Además se incluye un dictamen de peritos que hacen un trabajo de campo para determinar el impacto del problema, como base para que el juez emita una sentencia en la primera instancia del proceso. De acuerdo con este primer fallo del juzgado, la parte demandada puede apelar y el proceso se extendería. Se espera tener una sentencia de esta primera instancia durante el primer semestre de este año.

El abogado Martínez, apoderado de los residentes, resalta que la acción popular no se puede medir en función de la cantidad de personas demandantes sino en el derecho que se vulnera. En este caso, la exigencia del derecho a la movilidad en el espacio público y a un medio ambiente sano, deteriorado por los buses que usan las vías del sector como terminal.

Esta no es la primera vez que Autobuses El Poblado Laureles S.A. debe responder a una acción popular; en Laureles enfrentó una situación similar fallada a favor de la comunidad. Y hay otro precedente de un grupo de residentes de Belén que logró también un fallo a su favor en contra de otra empresa de transporte. No obstante, Autobuses El Poblado resaltó que debido a la necesidad de una buena oferta de transporte público, la Comuna 14 tendrá que aceptar la ubicación de las terminales cerca de sus barrios, eso sí, con mejores condiciones y servicios.

Como es muy difícil trasladarme de un lugar a otro por la alta congestión vehicular, opté por hacerlo en moto pero resultó peor. En una semana me han detenido 2 veces; al pararme en un reten me piden los documentos, los cuales entrego todos en orden: matrícula, seguro obligatorio, chaleco marcado, casco marcado, moto marcada. En estos retenes no hay sino mensajeros, domiciliarios, trabajadores honestos que luchan por su día a día (…) Para colmos a algunos de los que nos detienen nos llevan a la inspección de El Poblado (sic) para una supuesta inspección. En todo esto pierdo más tiempo que ir en carro (…)”.

La Policía responde
Respecto a los controles que la Policía hace a los vehículos, el mayor Luis Fernando Peralta Lizcano, Comandante de la Estación de Policía de El Poblado, responde que “la Policía no discrimina a determinado tipo de motociclistas; hacemos estos operativos porque la gran mayoría de los delitos como atracos y robos en cajeros o entidades bancarias de El Poblado se realizan en motos. En la gran mayoría de los casos es una medida preventiva, también lo hacemos porque evidenciamos alguna irregularidad en la marcación o el estado de la moto o porque las características del vehículo coinciden con alguna moto que estamos buscando por cometer un delito”.

El mayor Peralta agrega que algunos vehículos que no cumplen con las normas o requisitos básicos se remiten a la Estación. Allí la Policía Vial revisa que los datos de los documentos coincidan con la marcación de partes de la moto, cascos y chalecos. “Esta revisión no se hace directamente en la vía porque no hay suficientes unidades de tránsito para apoyar estos operativos. Así mismo, solo se detiene a determinados carros con características similares a vehículos relacionados con delitos. Pero una vez se revisa que tanto las motos como los carros cumplen con los requisitos de tránsito y de legalidad la gran mayoría continúan su trayecto”, afirma el comandante Peralta.

El Mayor sugiere a los conductores tomar nota de la identificación de los agentes que les hacen los requerimientos en caso de quejas o inquietudes.

Como en el sentido sur-norte no hay habilitadas bahías provisionales, en varios cruces los ciudadanos se ven obligados a tomar los buses en medio de la calle.

El pasado 8 de febrero el Municipio sostuvo una reunión abierta con la comunidad en la que analizaron esta problemática. De acuerdo con Luis Alberto García, Gerente del Plan Especial de El Poblado, desde un primer momento los líderes del proyecto hicieron un llamado a la comunidad para que asistiera periódicamente a un comité de veeduría ciudadana que vigilará el impacto de los trabajos en el entorno. Con observaciones de la Veeduría y el Concejal Federico Gutiérrez, sigue García, pudieron detectarse varias fallas en el desarrollo de la obras, problemas que afectaban especialmente a los peatones, irónicamente los principales beneficiados con el nuevo paseo urbano.

En los andenes de la parte oriental cerca a Blockbuster el paso peatonal es inferior al espacio estipulado por el Municipio para este tipo de obras. Vea el informe completo haciendo click aquí.

Como lo pudo comprobar  Vivir en El Poblado, aunque la mayoría de estas fallas ya han sido corregidas, todavía continúan ciertos obstáculos para el perfecto funcionamiento de las obras y el tránsito de personas por las mismas.

La situación de La 10

.En las obras de La 10, las principales quejas están directamente relacionadas con la disminución de parqueaderos y la lentitud de los trabajos. Los comerciantes del sector han manifestado su preocupación por la falta de un plan del Municipio para resolver la presente y, especialmente, futura escasez de parqueaderos en el sector.

Las consecuencias de ese conflicto no solo han afectado a los negociantes; de acuerdo con Amparo Gaviria, Presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Poblado, los habitantes de Provenza y Manila han visto cómo las calles de sus barrios se han transformado en los nuevos sitios de parqueo de los visitantes del Lleras.
Respecto a la lentitud en los trabajos, los comerciantes sugieren que está situación tiene su origen en la poca cantidad de obreros involucrados en el proyecto. Álvaro Buriticá, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, afirma que la mano de obra es suficiente y explica que la demora se debe a la complejidad que supone la instalación de las redes de servicios públicos y, principalmente, a la cantidad de rocas encontradas en el terreno, las cuales no pueden ser dinamitadas por las características del sector, sino eliminadas a través de un proceso con cemento expansivo, cuya duración es de aproximadamente 3 días.

.Los compromisos de Empresas Públicas
Según Antonio Mejía, ingeniero de Empresas Públicas, esa entidad se compromete a estabilizar el talud desmoronado y a hacer la relocalización del colector de La Escopetería en el sector del colegio Santa Catalina. “Del colegio para arriba, en el sector residencial ya se empezó con la televisación, el diagnóstico y la variación del colector para sacarlo por la 1Sur, durante el primer semestre de 2007”, aseguró Mejía.

¿Se puede garantizar la seguridad?
“La parte donde se va a construir la nueva edificación queda muy adentro de la zona donde ocurrió el derrumbe. No obstante, se están adelantando estudios geotécnicos más amplios que indiquen hasta qué profundidad se instalan las fundaciones para que el edificio garantice estabilidad y sea seguro como centro educativo”, explica Humberto Castrillón, Jefe de Infraestructura de la Secretaría de Educación.

¿Qué pasará con los niños?
En la actualidad los 176 niños trasladados de Santa Catalina, están estudiando en la sede comunal de El Garabato en dos jornadas. Los padres de familia decidieron no trasladarlos a la institución Jesús Restrepo Villa de San Lucas, como inicialmente propuso la Secretaría de Educación, por los altos costos de transporte y los problemas logísticos al movilizar a los niños. 

“Estamos esperando el presupuesto para que se hagan las divisiones de los salones de la sede comunal, aunque seguirá afectando las clases con el ruido. Los niños están estudiando estrechos; dos grupos en un solo salón. Las condiciones sanitarias son aceptables pero reducidas; solo hay 4 baños. Ya se instaló el restaurante escolar, pero faltan el teléfono, ventiladores, cortinas y elementos de dotación para dictar las clases, que se esperan en las próximas semanas. Sin embargo, continuaremos en El Garabato de manera indefinida para presionar a las entidades encargadas de la construcción de Santa Catalina para que cumplan sus compromisos y agilicen su labor”, comenta Alba Gutiérrez, representante de los padres de familia.
Finalmente, las entidades del Municipio y los líderes acordaron hacer una reunión con la comunidad el 16 de febrero en Los Parra para socializar estos compromisos y resolver los problemas de este sector durante el primer semestre de 2007.

.Uno de los que avanza con mayor rapidez es el Parque Lineal de La Presidenta, obra que desde el 2 enero viene desarrollando trabajos de movimiento de tierra preliminares, demolición de algunas construcciones cercanas y la tala de 64 árboles, en su mayoría eucaliptos y leucaenas, especies poco propicias para ambientes urbanos, que serán reemplazados por 195 árboles de especies nativas como Pino Colombiano, Guayacán Amarillo, Pero de Agua, Nogal Cafetero, Arizá, Uvito de Playa, Caobo, entre otros.

De acuerdo, con Jorge Alberto González, Subsecretario de Metrorrío, el parque contará con tres plazoletas conectadas por puentes peatonales y senderos ecológicos: una de acceso que da contra la Avenida El Poblado, la segunda frente al Hotel Dann Carlton y la tercera cerca a la salida del Parque Lleras.
Frente el posible riesgo de que la plazoleta aledaña al Parque Lleras pueda convertirse en un lugar de remate de fiesta para los jóvenes que visitan ese lugar, González afirma que el Municipio está diseñando un plan con las medidas necesarias para evitar que se presenten problemas al respecto. De la misma manera González aclara que están trabajando con un ingeniero ambiental para la separación de la remoción de tierras del cauce de La Presidenta y así conservar la limpieza de las aguas de esa quebrada.

. Incluso algunos habitantes de la calle se fueron a vivir al Dallas. Durante varios años la comunidad aledaña manifestó su inconformidad porque no le veía un uso adecuado a la edificación. Sin embargo, hoy el Dallas parece encontrar un destino diferente al abandono porque la Dirección Nacional de Estupefacientes le ha realizado extinción de dominio y lo ha puesto en venta.

Los antecedentes
A finales de 2004 la Dirección Nacional de Estupefacientes lo puso en venta pero no hubo ofertas satisfactorias para la entidad. En agosto de 2005, la DNE dijo a Vivir en El Poblado acerca del futuro del inmueble que la institución educativa Politécnico Jaime Isaza Cadavid presentó un proyecto para la asignación del edificio. Sin embargo, esta solicitud fue negada por el Consejo Nacional de Estupefacientes en cumplimiento de dos disposiciones del Conpes de 2004 y 2005. El Conpes o Consejo Nacional de Política Económica y Social, es la máxima autoridad nacional de planeación que asesora al Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Según estas disposiciones los inmuebles urbanos en proceso de extinción de dominio, incautados a narcotraficantes, deben ser vendidos y destinar los recursos obtenidos al mejoramiento y construcción de centros carcelarios del país.
Estas disposiciones fueron ratificadas por la Ley 998 de diciembre de 2005, que ordena vender estas propiedades dentro de la normatividad del derecho privado. Posteriormente, la Ley se materializó en la Resolución 23 de julio 2006, que da las instrucciones para la venta de estos bienes.

El proceso
En septiembre de 2006 la Dirección Nacional de Estupefacientes hizo una invitación pública a agencias inmobiliarias para la venta de estos bienes mediante subasta pública. Uno de los 12 promotores escogidos en el país fue la Inmobiliaria Gabel, que gestiona la venta del Dallas y de otros inmuebles. Para el proceso de venta el bien debe ser avaluado comercialmente. Una vez se tenga el precio base de la propiedad, el promotor la divulga mediante publicación nacional y procede a recibir las ofertas de los interesados. A partir de la primera oferta hay da un plazo de 10 días para la recepción de las demás. A los oferentes les exigen indicar la procedencia de los recursos con los que van a participar en la subasta y consignar el 20% del precio base del bien. Una vez cumplidos los 10 días, citan a quienes presentaron sus ofertas y en una audiencia pública en las instalaciones de la inmobiliaria venden el inmueble a la oferta más alta. En caso de que alguien quiera hacer una oferta más alta, se hace una segunda vuelta para elegir la mejor propuesta. Finalmente, el comprador tiene 90 días para cancelar el valor restante ofrecido por el inmueble. Y a los demás les devuelven el dinero consignado menos los gastos bancarios. El edificio Dallas será vendido en su totalidad como una sola unidad productiva. La Inmobiliaria Gabel afirma que estima la publicación del valor base del edificio para este mes.

El mínimo para las piñatas del siglo 21 incluye invitación a la parentela, a los compañeritos del colegio y quizás a los hijos del jefe o de algunos compañeros de oficina (25 ó 30 niños), torta y helado, recreacionista, pinturas para la cara, pizza y película, sorpresas, show de Barney o similar. Queda opcional, aunque es cada vez más frecuente, alguna atracción mecánica como unos brinquitos o similar. Ese es el mínimo.

Piñatas de El Poblado
Casos conocidos por Vivir en El Poblado: Un niño que le pidió de regalo a los tíos un juguete muy caro y que al destaparlo dice “esto es basura” mientras lo hace a un lado para abrir otro paquete más grande. Una niña de cinco años que llora aterrorizada toda la fiesta porque le tiene pavor al payaso que los papás contrataron. Una madre sufre un colapso nervioso en la piñata que organizó para su hija de dos años y a la que asistieron 36 niños. Una piñata para bebés con 60 invitados en la que la apertura de los regalos tomó dos horas y el festejado durmió durante toda la celebración. Un niño de seis años que grita a los cuatro vientos “esto es una estafa” porque en esa piñata no hubo sorpresas.

Piñatas salidas de madre
¿Por qué hay padres que aseguran que esto de las piñatas se salió de toda proporción? Sus argumentos son varios y contundentes. Primero, el valor de las piñatas está por los cielos, en parte porque el número de niños invitados excede lo humanamente manejable. Además, hoy los niños reciben muchos regalos y muy caros, son sobrestimulados y su excitación los hace más difíciles de controlar. Gracias a esto, los padres entran en una competencia desmedida en la que cada piñata debe ser superior a la anterior, pues estas se han convertido en formas de validación social. Para colmo, los días de cumpleaños se han vuelto semanas de fiesta, con varias celebraciones -la de la familia, la de los amigos y la del colegio-, fuentes de estrés que se agudiza con un hecho incontrovertible: los de por sí apretados horarios y presupuestos familiares.

La cosa va tan representativa de los tiempos que corren, que el tema ya es objeto de estudio en algunas universidades en Estados Unidos, donde el problema parece ser peor que aquí dadas las proporciones de la sociedad de consumo allá y la capacidad adquisitiva de las familias.

La pregunta es pues, ¿por qué las piñatas se salieron de madre? El profesor de ciencias sociales de la Universidad de Minesota, William Doherty, impulsor de una organización de apoyo a los padres de familia para soportar y sobreponerse a la increíble presión del circuito de las piñatas, da estas razones:

1. Vivimos en una cultura de consumo grandilocuente: más, más grande, más brillante, más intenso.
2. Los padres de hoy tienen expectativas muy altas sobre ellos mismos y quieren que cada cosa que hacen con sus hijos sea memorable.
3. El alocado espíritu competitivo de algunos padres hace que cada piñata debe ser superior a la anterior.
4. Otros padres temen que la fiesta de su hijo quede por debajo del estándar esperado, y terminan haciendo y gastando más de lo que hubieran querido.
5. Algunos padres hacen piñatas grandilocuentes como una manera de aliviar la culpa que sienten por no pasar mucho tiempo con sus hijos.
8. Muchos padres buscan la aprobación de sus hijos y tienen serios problemas a la hora de fijar límites y decir que no.

Las consecuencias
Que los padres resuelvan su estrés como adultos responsables, pero ¿y los niños? Ellos se estresan y son sobrestimulados por piñatas que son muy largas y muy controladas. Son abrumados por el exceso de regalos. Asumen que tienen el derecho a  tener cualquier cosa de la que se antojen. Las acosa la envidia con los niños que reciben o tienen más, y siempre hay uno que tiene más.

Alternativas para los padres
El profesor Doherty ofrece estas alternativas ¿Son viables en nuestro medio? Al menos lucen mejores que el panorama descrito arriba.

1. Piñatas sin regalos, con una invitación que diga que cualquier presente será donado a tal o cual obra de caridad.
2. Piñatas con regalos pero para intercambiarlos entre los niños. A todos les toca un regalo.
3. Piñata simple: una caminata ecológica, encontrar un regalo escondido.
4. Piñatas solo para la familia cercana.
5. Piñatas sin sorpresas.
6. Reducir el número de invitados (solo los niños, sin los padres).
7. Piñata cada dos años, no anual.
8. Regalos hechos en casa.
9. Donar la plata de la piñata a una obra de caridad.

Telecomunicaciones
Telmex y Une han roto las calles para instalar fibra óptica para sus servicios de telecomunicaciones. Cada vez que va a instalar sus redes, las empresas como estas deben realizar el siguiente procedimiento:

Primero deben hacer un estudio sociológico y técnico de la zona afectada con entrevistas a los residentes de dicha área para informarle acerca de los trabajos que harán en el espacio público. Luego deben tramitar el permiso con especificaciones como aperturas de calles, andenes, cruce de vías, instalación de postes, podas de árboles o intervención de zonas verdes. Esta información se registra en las secretarías de Planeación y Obras Públicas, quienes verifican las condiciones del sector y dan su concepto sobre la obra en cuanto a plazos y condiciones de la infraestructura. Posteriormente, se indaga en la Edu si hay obras simultáneas o adyacentes para afectar la zona lo menos posible y aprovechar para hacer todos los trabajos de una vez de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (como en La 10 y la Avenida El Poblado. Con la aprobación de las obras, los responsables deben pagar un impuesto municipal y coordinar con la Secretaría de Tránsito el cierre de las calles afectadas y el flujo vehicular alternativo.

Para mitigar los impactos durante la obra, el responsable debe ajustarse a la guía de intervenciones sobre el espacio público del Municipio. Algunos de estos requerimientos  exigen ubicar señalización peatonal y vehicular, habilitar pasos peatonales seguros y continuos, hacer uso de conos, cintas y vallas de seguridad, agrupar los escombros en lugares donde no afecten la circulación, proteger los materiales con lonas para evitar la contaminación, trabajar en ciertos horarios según la zona para evitar ruido y no molestar a la comunidad aledaña, entre otros.

Plazos
Estas empresas deben entregar la obra concluida entre 24 horas mínimo y 2 a 3 meses máximo, según su complejidad. Las calles afectadas deben estar pavimentadas máximo 3 días después de finalizada la obra, dependiendo de la consecución y características del asfalto, hecho externo que en algunas ocasiones afecta la celeridad del proceso.

Durante 2007 Telmex intervendrá la Avenida El Poblado e instalará algunas redes en otros sectores de acuerdo con la demanda.
Por su parte, Une asegura que desde 2006 está haciendo reacomodación de las redes en las obras viales como la Avenida El Poblado y así lo hará con La 10 y la doble calzada de Los Balsos durante 2007. Pero aclara que ya tiene una amplia cobertura en El Poblado y no tiene planeado hacer rompimientos especiales hasta 2008, salvo la instalación de algunas torres repetidoras para el servicio de internet y telefonía inalámbrica en ciertas zonas que por su uso comercial lo requieran.

Gas
En el caso de redes de gas, Epm afirma que tiene cubierta el área metropolitana con una red de polietileno para suministro de gas domiciliario e industrial. Esta red está instalada en forma de anillos en las manzanas.

En El Poblado hay una cobertura del 60%, desde la Avenida Industriales hasta la Transversal Superior y desde la Loma de San Julián hasta Las Palmas, con una red construida de 200 kilómetros, excepto en un sector de la zona alta de El Poblado y en algunos lugares donde las manzanas no tienen completo el anillo porque son calles ciegas o han cambiado su uso urbanístico. La construcción de redes en estas zonas depende de la demanda puntual.
Cada 5 años Epm realiza una revisión a las redes instaladas, pero recomienda a los usuarios que cada 6 meses hagan lo propio con sus gasodomésticos.

Redes de gas en urbanizaciones
Las urbanizaciones que no tienen gas y buscan su instalación deben solicitarlo a Epm. La entidad evalúa si hay zona interior después de la portería para instalar las redes. Cuando hay que hacer estos trabajos para conectar los bloques de edificios o casas, hay dos caminos: que la copropiedad asuma el costo de infraestructura de la portería hacia adentro o, si no están dispuestos a costear estos trabajos, cedan voluntariamente una franja de terreno, de un metro de ancho, como servidumbre para intervenir y hacer mantenimiento a esta red. Además, la copropiedad debe decidir las condiciones para distribuir la red que va a las residencias (expuesta u oculta).

Este chip es uno de los componentes que hace parte del sistema mecánico de gas, sin embargo, como tres años atrás no fue obligatoria su implementación, muchos vehículos convertidos a gas no lo incorporaron. Pero ahora se exige para mejorar la seguridad y control de este sistema.

Solo en talleres autorizados
En Medellín hay 23 talleres certificados donde hacen la conversión a gas vehicular. Los talleres que no están certificados no pueden dar el microchip porque solo el Icontec está autorizado para hacerlo. “Antes las estaciones de servicio debían exigir el chip para tanquear y lo hacían solo con ver la identificación del sistema, pero ahora con la resolución del Ministerio es obligatorio el chip para abastecerse de gas”, explica Daniel Espinoza, Inspector Vehicular del Icontec.

Lo que debe saber sobre el chip
El chip se desactiva cada año, para que los usuarios hagan una revisión y mantenimiento preventivo. Esta revisión permite controlar además el tráfico de piezas del mercado negro y robadas.
Así que la gente que instaló su sistema de gas en sitios no autorizados debe ir a los talleres certificados por el Icontec para que se le haga una revisión del sistema y la homologación del montaje. Cuando el representante del Icontec verifique que el sistema es legal, que técnicamente está en orden y que el taller se hace responsable de la instalación del sistema, programa el chip con la información del vehículo.
El chip es único e intransferible. Así que no se recomienda comprar chips robados o en el mercado de autopartes porque al momento de tanquear los operarios verifican que la información del chip coincida con la placa del carro.
Los chips son importados de China, y en Colombia la empresa Enable es la encargada del servidor donde se consignan los datos de los vehículos convertidos a gas.

En caso de daños, quién responde
En caso de daños, averías o accidentes generados por el sistema de gas, el usuario debe llevarlo al taller certificado. Allí el Icontec verifica si fue un error de fabricación del equipo o si fue un error de instalación. Si fue una falla de fabricación, la garantía responde por los equipos, pero si fue un problema de instalación la responsabilidad corre por cuenta del Icontec y del taller.

Otras normas para tener en cuenta
A esta norma de la obligatoriedad del microchip se suma la de verificar al momento de tanquear que la presión máxima de llenado sea de 3.000 psi (unidad de presión); conservar las condiciones originales del cilindro y que su mantenimiento se haga exclusivamente en talleres certificados. Con estas medidas se busca garantizar la seguridad y efectiva operación de los vehículos convertidos a gas.

“En casi todos los casos, los ladrones, que están bien vestidos, abordan a las personas desprevenidas por la espalda, las toman del cuello y las someten con objetos corto punzantes”, afirma Juan (se omite el apellido por razones de seguridad), uno de los jóvenes atracados. Por lo regular los atracadores han robado billeteras, celulares, bolsos y demás pertenencias personales.

Los residentes de Santa María de los Ángeles resaltan que hace unos años, cuando el sector que linda con La Aguacatala era más oscuro y tenía más matorrales no había tanto robo. Por eso no entienden por qué ahora que hay más iluminación, nuevas urbanizaciones y un mayor tráfico vehicular con el intercambio vial el problema va en aumento.

Pero lo que más alarma a los residentes es una nueva modalidad de robo. Según un par de versiones obtenidas por Vivir en El Poblado los delincuentes se acercan a quienes caminan en el espacio público, dicen pertenecer a una organización que se encarga de la vigilancia del barrio, intimidan mostrando un arma y le quitan a la gente el dinero y posesiones, como pago a sus servicios. “Como si fuera poco, para evitar que se alerte a la policía o gente del sector, el atracador lo obliga a uno a que lo acompañe a coger el bus”, comenta Miguel (se omite el apellido por razones de seguridad), uno de las víctimas de esta modalidad de robo.

La Policía responde
Al respecto el mayor Luis Fernando Peralta Lizcano, Comandante de Policía de El Poblado, afirma que ubicará algunos auxiliares para que hagan rondas en el sector, fortalecerá la comunicación con los porteros de las urbanizaciones para que denuncien cualquier movimiento sospechoso y ya dispuso una patrulla en Santa María de los Ángeles y La Aguacatala, con recorridos de día y de noche. Agregó que solicitará a Epm que mejore la iluminación en ciertos sectores.

El Mayor resaltó no tener conocimiento de estos recientes casos de grupos de vigilancia ilegales pero se comprometió a establecer una labor de inteligencia en el sector para acabar con este problema. Reclamó más colaboración de la comunidad, para que llame a la Estación de Policía, denuncie estos hechos, e informe sobre problemas con las mismas autoridades para responder a estos casos.

Por eso en la Colegiatura Colombiana de Diseño se tomaron la cosa en serio y de una vez pusieron en marcha un plan que les permita vivir de la mejor manera posible con la incomodidad de las obras.
En este mapa está la ruta que sigue la buseta de la Universidad, con viajes todo el día (de 5:30 a.m. a 8:00 p.m.) entre San Diego y la institución.

Para los que usan el carro particular, hay un carril abierto permanentemente para la circulación entre la Cola del Zorro y la Colegiatura. La velocidad máxima permitida en esta zona es de 30 km/h.

Los carros deben tener la calcomanía de la Colegiatura en un lugar visible y las personas el carné o una carta de identificación provisional que entregan en Talento Humano a los empleados y en la Secretaría Académica a los estudiantes y profesores.

Informes en el 266 0678.

La autorización para que el propietario del lote, la empresa Conintel S.A,  no tenga problemas para la construcción en estas zonas verdes tienen origen en 1997, cuando el propietario en ese entonces, el señor Gabriel Abisaad Janna, llevó a cabo un convenio con la Alcaldía de ese tiempo, en el que él le permitía al Municipio sembrar y mantener árboles en su terreno, con la condición de que esto no impidiera la ejecución de un proyecto en cualquier momento, y que de llegar a presentarse dicha posibilidad, el Municipio sería el encargado de la reubicación de los árboles, una vez el propietario obtuviera el permiso de Planeación Metropolitana.

Según la inspectora Ahída Ladino, Conintel S.A ya ha comenzado los trámites con la Curaduría Cuarta, para la instalación y construcción de los negocios en el terreno, y con el Área Metropolitana para la reubicación de los árboles. En cuanto a la inquietud de los vecinos sobre los posibles problemas de parqueo que provocaría la apertura de  las oficinas y locales comerciales allí, el Gerente de Conintel S.A, Julio César Vélez, responde que la construcción contará con sótanos destinados al estacionamiento de vehículos.

Como dato adicional, cierta cantidad de árboles normalmente no sobrevive a la reubicación en otros terrenos, debido a una gran variedad de factores que inciden en su supervivencia, como la edad, la especie, los cuidados en el traslado y el lugar donde los han transplantado.

Mientras Epm realizaba los arreglos, las directivas decidieron continuar normalmente el regreso a clases. Se optó por poner una reja que separara la planta física del talud (convertido en un profundo abismo). Pero los padres de familia, temerosos por la seguridad de sus hijos se reunieron, el lunes 22 de enero, con concejales, ediles y líderes comunitarios para exigir otra solución urgente.

Una solución transitoria
La Secretaría de Educación decidió entonces trasladar a los niños de esta sede a la institución Jesús Restrepo Villa, de la parroquia de San Lucas, la cual tiene un convenio con la Secretaría de Educación.
“El traslado será durante todo 2007, en la jornada de la tarde, mientras se desarrolla la construcción de la nueva planta física y mejoramiento de la actual sede de Santa Catalina (donde quedará la planta administrativa), que comienza en abril con recursos del Presupuesto Participativo, de Epm y es desarrollada por la Edu”, afirmó Teresita Aguilar García, Subsecretaria Administrativa de la Secretaría de Educación.
La otra solución que planteó la Secretaría de Educación fue el transporte de los 176 niños de la institución. En las primeras 3 semanas de clases buscaría gestionar el transporte gratuito con Autobuses El Poblado mientras queda en firme el proceso contractual para el transporte contratado.

Un nuevo problema
Sin embargo, el lunes 29 de enero, los padres de familia decidieron trasladar a sus hijos a la sede social de El Garabato de manera indefinida. “Ellos manifestaron que el costo del transporte era muy alto para llevar diariamente a los 176 niños hasta San Lucas, mientras se gestionaba el transporte por parte de la Secretaría de Educación (20 días aproximadamente) y no se logró otra solución de transporte”, explicó Amparo Gaviria, Presidenta de la Jal.
Por el momento, la sede social de El Garabato se habilitó de manera provisional para las clases, con la ayuda de recursos logísticos y humanos del Inem. Pero los padres de familia insisten en que se arregle el talud caído con un muro de contención, que se resuelva el problema de represamiento de la quebrada La Escopetería, que se agilicen los trabajos de reubicación de las redes de aguas y que se garantice la estabilidad y seguridad del terreno para que los niños puedan regresar a su institución Santa Catalina de Siena.
Por esta razón, el lunes 5 de febrero habrá una reunión en una Comisión Accidental del Concejo, para que entre los padres de familia, representantes de la comunidad, los funcionarios de Epm y la Secretaría de Educación, establezcan responsables y soluciones urgentes a este problema.

“Nosotros, me refiero a quienes adquirimos nuestras viviendas hace unos 20 años o más, llegamos aquí pensando en el futuro, porque sabíamos que era un lugar estratégico en la ciudad con posibilidades de desarrollo; aunque nunca nos imaginamos que nuestra privacidad y las zonas verdes que nos rodeaban iban a verse tan afectadas por ello”, manifiesta Guillermo León Viera, miembro y el coordinador logístico de todas las acciones de mantenimiento y seguridad del Comité Cívico de La Aguacatala N°2.

El Comité Cívico
Según Guillermo Viera, pese a que el Comité venía funcionando informalmente desde hace aproximadamente unos 35 años, solo hasta principios de los 90, a  raíz de un conflicto con el Municipio estuvo obligado adquirir la personería jurídica. “Una persona importante de la ciudad envió un documento a Planeación denunciando que la caseta de vigilancia del barrio estaba en propiedad del Municipio, hecho que hizo que las autoridades nos la expropiaran. Un tiempo después decidieron demoler la caseta, por lo que tuvimos que constituirnos en  personería jurídica para detener esa demolición. Finalmente, cedimos esa construcción y realizamos un comodato cada cinco años con el Municipio para mantenerla, aunque siempre que se han vencido los términos nos ha tocado pasar por el incómodo proceso de tener que volver a convencer a las autoridades de mantenerla en pie”. La Aguacatala N°2 es un barrio en el que tranquilidad y el respeto por el vecino siempre han sido asuntos de suma importancia. Es por eso que el Comité ha encaminado sus esfuerzos a evitar el establecimiento de lugares o la celebración de actividades que alteren la paz de sus habitantes. Gracias a su labor han podido solucionar varios problemas de ese tipo y conservar parte de la buena calidad de vida que siempre han caracterizado al barrio.

Habitantes y empresarios
A mediados de los 90, con la llegada de los empresarios y sus oficinas, La Aguacatala N°2, empezó a sufrir ciertos cambios; entre los más relevantes, la desaparición de gran parte de sus zonas verdes. Como consecuencia de ello, surgieron roces entre los vecinos y los comerciantes, los primeros luchando por su derecho a la tranquilidad y a sus espacios de esparcimiento y los segundos por sacar adelante sus negocios. Actualmente, gracias a la gestión del Comité Cívico, al acompañamiento de la Inspección 14B y al buen comportamiento de muchos de los negociantes establecidos en La Aguacatala N°2, la relación entre las dos partes ha mejorado hasta al punto de que ya los comerciantes tiene representantes en el Comité. Aunque las diferencias no han desaparecido por completo, por lo menos ahora existe un espacio para la conciliación y discusión de esos problemas.

La vida cotidiana
Actualmente, el barrio cuenta con 56 casas y la presencia de varios negocios que van desde un centro automotriz hasta academias culturales como Yuruparí. De acuerdo con Guillermo Vieira, la mayor ventaja que tiene el barrio es su ubicación y su fácil movilización. “El barrio queda cerca de todo: hospitales, iglesias, supermercados, centros comerciales… además cuenta con un fácil acceso a buen número de rutas de diferentes medios de transporte”. De igual manera, la presencia constante de las autoridades y la colaboración de los vecinos ha permitido que otras de las bondades del barrio sean la buena vigilancia y la seguridad.

Además, menciona que este problema con los visitantes de Eafit es un fenómeno que continúa repitiéndose diariamente desde las 6:00 a.m. hasta aproximadamente las 9:00 p.m., por lo que espera que el Municipio decida algún día tomar cartas en esta incómoda situación. Por otro lado, aclara que el problema del estacionamiento excesivo de vehículos en La Aguacatala N°2 no es causado solamente por Eafit, pues algunos empresarios parquean hasta 10 vehículos en las calles cercanas a sus propiedades.

Eafit manifiesta que el uso de los parqueaderos lo tiene permitido al haber realizado un arriendo financiero con Leasing Bancolombia y que por el momento un equipo de arquitectos está estudiando los posibles usos de ese espacio. También es importante mencionar que por ahora ese parqueadero está disponible para los vehículos que tengan el pico y placa establecido por la institución, situación que beneficia, aunque temporalmente, a los habitantes de La Aguacatala N°2.

El balance
Durante el recorrido identificaron 9 puntos críticos, en diferentes quebradas.

1. Sobre la quebrada La Volcana 1, al lado del puente que cruza la quebrada, en la vía El Tesoro – Los Balsos conocido como La Ye, “se encontró una descarga de aguas residuales, al parecer provenientes de la urbanización Reservas del Tesoro”.
2. En la quebrada La Zúñiga (jurisdicción de Corantioquia, autoridad ambiental en la zona rural), ubicada en la parte alta de El Poblado, observaron conexiones erradas con fugas de la red de acueducto sobre la carrera 10. “Debido al mal estado de las obras de toma y las conducciones, en épocas de invierno la comunidad sufre de reiterados cortes en el suministro de aguas”, afirma la entidad.
3. También en el sector de la carrera 10, en la quebrada Chacaltaya 1, jurisdicción de Corantioquia, los funcionarios evidenciaron un mal manejo de las aguas de la escorrentía. Estas aguas drenan por la cuenca, son interceptadas por los predios de las urbanizaciones Cedro Verde y Chacaltaya y salen a la vía en un flujo desordenado sin ningún control.
4. En la quebrada Chacaltaya 2, también jurisdicción de Corantioquia, encontraron una obra construida por la Secretaría de Obras Públicas “que no se considera técnicamente la más apropiada, ni siquiera como obra temporal”, ya que está desviando el flujo de la corriente hacia la quebrada La Cristalina. Además no hay una obra que permita el desalojo de las crecientes, lo que genera continuos problemas de inundación de los lotes vecinos, asegura el Área Metropolitana.
5. En el sector de Orbitel, el descargue de aguas lluvias sobre la quebrada La Cristalina se hace de manera desordenada, ya que no existe una estructura de disipación y se presentan estancamientos producidos por obstrucciones naturales.
6. Cerca de la Urbanización Atardeceres, la quebrada El Barnizo presenta un grave problema porque el colector de aguas residuales no tiene la suficiente capacidad y se desborda. “Al momento de la visita, se encontró rebosando residuos orgánicos que cruzaban la vía El Tesoro – Los Balsos”, comenta el Área, y explica que este rebose está asociado a posibles redes combinadas de las aguas lluvias y aguas residuales domésticas del sector.
7. En la calle 1 N° 29-270, sobre la Loma de Los Parra y aguas abajo del Centro Comercial El Tesoro, la quebrada La Escopetería viene representando reiterados problemas de malos olores y contaminación, denunciados por la comunidad, causados por colectores de aguas residuales. “Específicamente hay quejas por los malos manejos constructivos cercanos y presencia de escombros. Además la comunidad se queja sobre 3 tubos de conducción de aguas residuales, ubicados a lado de la Escuela Santa Catalina de Siena, que fallaron luego de un período de aguaceros, donde se comprobó una descarga directa de aguas combinadas provenientes de un alcantarillado de Epm, que genera un incremento notable en el caudal de La Escopetería.
8. En El Hoyo, la quebrada La Escopetería presenta fuertes olores y aumento del caudal producido por fallas en los colectores de la red de aguas residuales. “Este punto es crítico y merece atención oportuna por parte de las entidades responsables”, resalta el Área Metropolitana. Y es evidente la contaminación en el puente que cruza la Transversal Inferior, contiguo a la urbanización Riachuelos (carrera 30 N° 2-70).
9. Y finalmente, en el puente de la carrera 34, identificaron dos estructuras hidráulicas de descarga de aguas residuales que vierten directamente sobre la quebrada La Escopetería.

Qué está haciendo
el Área Metropolitana
Tras levantar este diagnóstico durante 2006, María del Pilar Restrepo, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana afirmó que desde diciembre le hizo el requerimiento a Epm para que hiciera los arreglos en los sistemas hidráulicos y descargas de aguas residuales a las quebradas. “Ante todo buscamos quebrar el círculo vicioso de traslado de solicitudes de entidad en entidad sin soluciones concretas y agilizar los procesos pendientes”, aseguró la funcionaria.
Por lo pronto, en la primera quincena de enero, Epm acometió trabajos de reparación del talud afectado por las redes en el Colegio Santa Catalina de Siena (Loma de Los Parra) sobre la quebrada La Escopetería, ya que era una labor urgente, y reubicará la tubería hacia la vía.

En la zona alta de El Poblado, (que en realidad corresponde al corregimiento de Santa Elena) el Área Metropolitana, las Obras Públicas, Planeación, Epm y Corantioquia desde 2006 requirieron a los constructores que han desviado las quebradas para que hagan las correcciones necesarias como condición para recibir la obra.
Y finalmente, el Área ha ordenado a los particulares que han contaminado la quebrada con vertimientos ilícitos -como centros comerciales, construcciones, lavaderos y estaciones de servicio vehicular-, para que se conecten a las redes y hagan un manejo adecuado de sus residuos.

Los vehículos modelo 94 o anteriores cuya placa termine en cero, tienen plazo hasta junio para hacer la revisión. Conozca todo el calendario de plazos en www.vivirenelpoblado.com

Clasificación de defectos
De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno, los defectos en los vehículos serán clasificados en tipo A o B, de acuerdo con su gravedad. “Los errores o defectos tipo A son aquellos que son considerados un riesgo inminente para la seguridad del conductor y sus pasajeros. Mientras que un defecto tipo B es una falla que al no presentar peligro para las personas no exige ser inmediatamente arreglada”, afirma Múnera. Un vehículo no pasa la revisión cuando acumula 10 defectos tipo B si es particular, 5 si es de servicio público ó 7 si es una motocicleta. De la misma manera, un solo defecto tipo A obliga a la reparación de las fallas y a repetir el proceso, ya que el Ministerio prohibió a los centros de diagnóstico realizar en sus instalaciones ajustes o arreglos. Entre los defectos tipo A están el no funcionamiento de las luces, la bocina o los frenos. Así mismo, entre los considerados tipo B, están los agujeros pequeños en la cojinería del vehículo o un problema menor con alguna de las direccionales. La pintura y la imagen externa del vehículo no son tenidas en cuenta en la revisión, siempre y cuando no exista algo en ellas que presente peligro para el conductor o aquellos que lo rodean. Por el contrario, aunque no es considerado un defecto, el carro cuya suciedad obstaculice el proceso, será obligado a repetir la prueba, previo lavado.

Nuevos precios
En Medellín, de acuerdo con sus costos de operación, los dos centros de diagnóstico automotor disponibles por el momento, C.D.A Hangares y Servi Súper han establecido tarifas prácticamente idénticas y un poco mayores de lo que se esperaba, aunque muy similares a las que vienen ofreciendo la gran mayoría de este tipo de sitios alrededor del país. Para los particulares no serán los 90.000 pesos que según el Ministerio costaría la revisión técnico-mecánica y de gases, sino aproximadamente 100 mil pesos. Los vehículos de servicio público livianos tendrán que pagar alrededor de 83 mil pesos y los buses unos 134 mil. Estas tarifas no son fijadas por el Ministerio, solo vigiladas.             

Las quejas
De acuerdo con Eder Paniagua, a quien varias empresas de transporte público han encargado para trasladar y realizar los trámites de la revisión técnico-mecánica y de gases de muchos de sus vehículos, el problema es que la mayoría de los talleres no cuenta con ciertos equipos necesarios para poder hacer algunos de los correctivos señalados por los Centros de Diagnóstico. “La alineación de luces, es un defecto muy difícil de solucionar, ya que los centros de diagnóstico tienen una máquina especial para ello, que pocos talleres en la ciudad poseen”, comenta.
Finalmente, antes de llevar el carro a la revisión es recomendable lavarlo y realizarle un chequeo general en el taller de confianza, y así evitarse el engorroso trámite de tener que ajustar los defectos para repetir nuevamente el proceso.