“Reivindicar la institucionalidad de la Jal”
En todas las resoluciones, la Jal asegura que tienen atribuciones constitucionales y legales enumeradas en el artículo 318 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 131 de la Ley 136 de 1994. Según Santiago Quintero, presidente de la Jal de El Poblado, “La Jal en el Estado colombiano se encuentra en la rama ejecutiva. Somos servidores públicos a los que no nos pagan, pero que cumplimos funciones administrativas y como tenemos facultades para expedir resoluciones, eso se manifiesta mediante un acto administrativo. Queremos reivindicar la institucionalidad de la Jal, rescatar la posición que en el ordenamiento jurídico se le da”, dijo Quintero, que además es abogado.
También agregó que no son una simple organización comunitaria sino un ente participativo que se forma por elección popular. “Esto no se había hecho en El Poblado o a mí no me había tocado. Siempre las opiniones de la Jal quedaban ahí como en el limbo, es un problema cuando la Jal se debe a la costumbre política y no por la norma jurídica, así no puede ser”, indicó Santiago Quintero.

Sí lo pueden hacer
Las juntas administradoras locales son un mecanismo de participación ciudadana, un puente entre la comunidad y la Administración Municipal, y juegan un papel de concertación, colaboración y participación.
Para Hermis Vargas, Profesional de Apoyo a las Jal de la Secretaría de Desarrollo Social, “si los actos administrativos de la Jal, es decir las resoluciones, cumplen con especificaciones basadas en la ley que tengan estudio técnico y validez dentro de sus competencias, tendrán efecto legal. En Medellín, en otras comunas sacan resoluciones, sobre todo en temas de Presupuesto Participativo. Dado el acompañamiento de esta Administración particularmente, las Jal han podido realizar foros y cabildos convocados por ellos como lo dice la ley”, dijo Vargas.
Sobre la citación a funcionarios públicos, Hermis Vargas afirma que el Acuerdo 25 de 1991 del Concejo de Medellín les da esa facultad y si estos no pueden asistir, deben delegar a alguien de nivel directivo. “La gente no conoce el poder que tienen las Jal. Sería un órgano de transformación social tremendo”, concluyó Vargas.
Finalmente, el abogado y profesor de derecho público de la Universidad Eafit, David Suárez, opinó que “es muy bonito saber que hay ciudadanos que en lugar de acudir a la violencia física o a la amenaza, siguen insistiendo en mecanismos civilizados, pacíficos e institucionales, como lo es atreverse a expedir resoluciones como en el caso de la Jal de El Poblado. Una Administración, así como recibe a empresarios y comerciantes, también debe darle prioridad a los ciudadanos y comunidades, sobre todo cuando están organizadas y representadas en canales y mecanismos institucionales de rango constitucional y legal como las juntas administradoras locales”, dijo el abogado Suárez.

Se requiere más que la mitigación
No obstante, el contrato no contempla la construcción de un muro de contención de cerca de 60 metros de longitud que, en opinión de algunos, se requiere para evitar que esta quebrada siga dando de frente contra el área de varios edificios, entre ellos Monticelo. Precisamente, el asesor de la Veeduría para la quebrada La Poblada, ingeniero Guillermo León Viera, expresa su desacuerdo con el Municipio por cuanto “en el litigio que tiene con el edificio no quiere aceptar su responsabilidad” y, por el momento, no tiene intenciones de construir dicha barrera.
La funcionaria Gloria Giraldo explica que “los interesados deben hacer la solicitud concreta del muro de contención, una acción de derecho -pues hasta ahora lo han hecho en forma desordenada- para que el Municipio analice la situación, la priorice, se haga un diseño, se lleve al Área Metropolitana para su aprobación y se autorice la obra para una vigencia futura”.
Para Dora Alzate, administradora del edificio Monticelo, esta emergencia estaba anunciada desde 2008 a través de un sinnúmero de derechos de petición enviados a la Secretaría del Medio Ambiente y el Área Metropolitana para que solucionaran los problemas de La Poblada, canalizaran y cortaran los sembrados de guaduas que, para ella, creaban inestabilidad en el terreno. Sin embargo, asegura que no fueron tenidos en cuenta.
Así mismo, una investigación realizada por un ingeniero de la Escuela de Minas para la Veeduría de la quebrada La Poblada y enviada a manera de derecho de petición a la Alcaldía, concluye que este afluente requiere una canalización de todo su cauce para evitar emergencias como las recientes y aún mayores. El estudio evidencia los problemas de socavación, erosión y sostenimiento que afectan La Poblada desde la Carrera 34 hasta la Carrera 43B y recomienda que el Municipio se encargue de su canalización con el fin, entre otras cosas, de evitar la construcción de muros de contención por parte de particulares con intereses determinados, lo que constituiría un riesgo potencial. Aunque la investigación fue enviada a diferentes instancias de la Administración Municipal, no ha habido una respuesta concreta para abordar el problema y evitar eventuales emergencias y hechos trágicos, manifiesta la Veeduría.

¿Y de la ciudadanía qué?
Para el mayor Yefri Triana, comandante de la Estación Poblado, estos son apenas algunos de los resultados que está arrojando el interés de la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Gobierno y la Policía para devolver a El Poblado, zona habitacional, turística, comercial y financiera por excelencia, la tranquilidad perdida en los últimos meses de cuenta de atracadores, fleteros y expendedores de sustancias ilegales. Sin embargo, insistió en que se necesita más la colaboración de la ciudadanía para lograr consolidar la seguridad a largo plazo.
Y a propósito de la ciudadanía, al cierre de esta edición aún no se había reunido la mesa de trabajo conformada a finales de septiembre para analizar propuestas de seguridad para la Comuna 14. Tal y como lo informó Vivir en el Poblado en su edición 423, esta mesa de trabajo se creó al término de una reunión realizada en Torres de Alcalá entre autoridades civiles, de policía, comerciantes, representantes de hoteles, de empresas de seguridad y de unidades residenciales, para identificar la problemática delincuencial de la Comuna 14 y encontrar soluciones rápidas y efectivas. Allí se hicieron varias propuestas, entre ellas una gerencia de seguridad para El Poblado, con el fin de terminar este 2010 con cero delincuencia en la zona. El compromiso adquirido por la mesa de trabajo fue analizar las diferentes iniciativas presentadas y socializar las conclusiones a principios de octubre a fin de implementarlas lo más rápido posible.

Aprovechar los espacios
Teatros, universidades, centros comerciales, parques y demás espacios públicos, estarían disponibles para que a través de la red se realicen tomas culturales que incluyan teatro, artes plásticas, música y exposiciones. Dice Yolanda Cárdenas que “por ejemplo en el Centro Comercial Santafé nos han dicho que tenemos el espacio disponible para realizar alguna actividad artística. La idea es irnos presentando en la comuna, que sepan las ofertas culturales que hay acá porque algunos no saben que tenemos las mejores academias de baile o galerías por decir algo”.
A su vez, la red espera que los eventos que realicen eduquen a la ciudadanía, que los jóvenes no sólo crean que El Poblado es el sitio para rumbear y que los turistas tengan opciones para escoger.
La Red Cultural y Social de El Poblado cuenta con la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Social, y la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob mediante una licitación, le hará acompañamiento y aportará financieramente para los montajes y eventos que la red realice.

De calle y mafia
La exposición se divide en cinco momentos y escalas diferentes de la venta y consumo de estupefacientes. Figuritas en el suelo, es el título que el autor le dio a una exhibición de bolsas plásticas negras, en las cuales niños indigentes inhalan el pegante y cuando terminan son arrojadas al suelo. Estas dejan figuras extrañas, formas que evidencian el daño que esta sustancia hace en un niño y que al artista recogió y fotografió.
“Una pipa para fumar bazuco es quizá el objeto más infame dentro del gran escaparate que conforman las ciudades. Un trasto roído, hecho con basura, destinado al más innoble de los vicios, empuñado por las manos más amenazantes. Un ingenio insignificante para ser el mito de tantas pesadillas”, escribió Pascual Gaviria sobre esta muestra y el consumo de bazuco en la ciudad.
Durante un año, el autor de esta exposición recolectó 140 pipas producto de una realidad cotidiana en algunos sectores del Centro de Medellín. Nuevamente usó la fotografía sin necesidad de mostrar las personas, sino en forma de catálogo de pipas como si estuvieran a la venta. La recursividad y el deterioro a la vez con lapiceros, repuestos, jeringas y demás objetos que componen las pipas, dan fe de dicha problemática.
Con las secciones Great for cooking y Blanca sobre blanco, Restrepo lleva su tema de exposición al campo de la cocaína, desde su misma elaboración en los laboratorios, hasta su decomiso produciendo capturas y minimalistas formas en que la policía exhibe los paquetes de la famosa sustancia.
Esta muestra se puede visitar durante la primera quincena de octubre en la Galería de la Oficina.
Informes: 266 2707.

Un caso doloroso
El 11 de agosto, Ovidio Arias de 74 años, se encontraba caminando por los pasillos del Centro Comercial Monterrey, cuando un aparador de un módulo al que le estaban haciendo limpieza, le cayó sobre la cabeza llevándolo al suelo y provocándole fractura de cadera. Aunque contó con rápida atención y traslado, le debieron realizar cirugía ortopédica lo que lo ha dejado con muchas limitaciones para moverse.
“Pasó un mes en el que el único contacto que tuvimos con el centro comercial fue una caja con dulces y una carta de buenos deseos. Incluso, con la gerente no ha sido posible hablar directamente, todo fue con la secretaria que me dice que no es responsabilidad de ellos porque se trata de una burbuja, un modulo aparte”, explicó el hijo de don Ovidio, Lucas Arias.
Además dejó una reflexión. “Es triste que toque llevar esto a las instancias legales, yo no peleo por tres pesos, lo que quiero es que la gente se eduque, hubiera querido un mejor trato con lo que le sucedió a mi padre, no con esa displicencia. ¿Cuál es la responsabilidad social de los centros comerciales? ¿Por qué cuando esto pasa siempre se esconden?”, dijo Lucas Arias.
Después de un período de hospitalización, don Ovidio se encuentra en su casa no sólo con las secuelas físicas de esta lesión, y más a su edad, sino que el suceso ha afectado su estado de ánimo. La EPS y su familia han asumido todos los gastos hasta el momento.
Dolly Orozco, gerente del centro comercial, respondió algunas preguntas vía electrónica:

¿Qué responsabilidad tiene el centro comercial sobre este hecho?
El Centro Comercial no tiene ninguna responsabilidad.

¿Qué seguridad tienen los visitantes?
El Centro Comercial cuenta con pólizas con coberturas diseñadas para el cubrimiento a los visitantes.

Después del accidente, ¿Por qué removieron ese módulo?
En la reglamentación que el centro comercial tiene sobre las zonas comunes, está estipulado la rotación de los stand en las diferentes zonas. Esto por motivo de las diferentes actividades o eventos que se realizan mes por mes.

¿Tienen algún plan de contingencia para afrontar estos accidentes?
Sí, existen planes de contingencia para todos los visitantes y terceros, como se pudo evidenciar en la atención que se le prestó al señor Ovidio Arias.

¿Cómo han tratado el caso y al afectado?
Con todo lo requerido para la atención respectiva.

Tecnología y denuncia ciudadana
Para este experto en orden público, aunque los problemas de inseguridad en El Poblado son muy distintos al resto de la ciudad, sí son un reflejo de lo que sucede. “En la última encuesta Medellín Cómo Vamos llama la atención que los habitantes de El Poblado no utilizan la línea 123, aunque las personas de aquí son las que más denuncian. Las modalidades aquí son el raponeo, el atraco callejero y el fleteo por falta de vigilancia en los bancos”, expresó.
También habló de sensibilizar a las juntas de las urbanizaciones, para que estén pendientes de movimientos extraños en las unidades residenciales porque algunos delincuentes se camuflan allí.
Para Jorge Mejía, parte de la solución para El Poblado estaría en “tener comités de seguridad de la comunidad, alrededor de áreas definidas con la ayuda tecnológica. Aquí faltan cámaras de vigilancia y alarmas que los celadores puedan accionar en sus casetas. Aparte de aumentar el pie de fuerza en los barrios de la comuna, la comunidad también debe comprometerse”, dijo.

“Hay estructuras mafiosas organizadas”
Mejía, quien fue Secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Aníbal Gaviria, afirma que “el Alcalde Salazar arrancó su administración hablando duro y llamando la atención sobre el porte de armas en la ciudad, la corrupción que hay alrededor de este asunto cuando al ser decomisadas vuelven a manos de los criminales, también que había miembros de las autodefensas que continuaban delinquiendo y sobre la judicialización a menores. Él llegó con una posición fuerte la cual mermó con los ataques que le hicieron para ensuciar su labor, pero cuando la Fiscalía lo exoneró volvió a ser el Alonso del comienzo”.
Según este dirigente del Partido Liberal, el problema de la inseguridad en Medellín ha aumentado porque hay debilidades en el diagnóstico sobre lo que realmente pasa. Esto explica la precariedad de las acciones, dice, porque el conflicto va más allá de las bandas y “combos” que se enfrentan por el tráfico de estupefacientes y territorios. “Negociar con ellos me parece equivocado, no sé por qué no reconocen que lo que tenemos en Medellín es una confrontación de mafias con estructuras jerarquizadas y organizadas, que controlan la criminalidad en buena parte del país. La otra particularidad es que combinan actividades legales e ilegales. Legales como el transporte, el chance, los casinos, la construcción y algunos sectores del comercio. Esa es una clara característica de una organización mafiosa”, opinó Mejía.
Teniendo en cuenta su hipótesis, asegura que el Estado debe perseguir el origen de los recursos de dichas organizaciones en el sistema financiero, y que alguna ley debería permitir expropiar sus bienes para reducir la violencia que hoy padecen las ciudades colombianas.

El efecto jabón
En la reunión de Torres de Alcalá hubo acuerdo en que hoy el mayor porcentaje de atracos en la Comuna 14 se están cometiendo en motocicletas ocupadas por dos personas, las cuales se desplazan en grupos de dos y tres, y neutralizarlas es uno de los principales objetivos. “Es el efecto jabón”, dijo el mayor Yefri Triana, al explicar que los hechos de inseguridad en el Poblado son cometidos por delincuentes afectados por la presión de las autoridades en otras comunas de Medellín. Explicó que para contrarrestarlos se adoptaron varias medidas, entra ellas la presencia de patrullas en determinadas horas y sitios vulnerables, la inmovilización de motocicletas con el apoyo de la Secretaría de Tránsito; un plan especial de cuidados de centros comerciales y malls con policías bachilleres; y la intervención de puntos críticos como las transversales, los parques Lleras, El Poblado, La Bailarina y La Presidenta; el Inem, la canalización de Patio Bonito, la gruta de la Rosa Mística, Provenza y la Calle 14 con la Carrera 48.
Sin embargo, el comandante de la Estación Poblado pidió colaboración permanente a la ciudadanía pues advirtió que todo este despliegue de seguridad que hay por estos días en El Poblado será insostenible a largo plazo.

El nuevo comandante

Precios a la vista
De acuerdo con el Inspector de Protección al Consumidor, Guillermo Mejía, uno de los derechos de los consumidores es ver los precios y no tener que preguntar por ellos. Es decir, todos los precios deben estar exhibidos bien sea en tableros, en la carta, en una lista o el código de barras, como lo indica el artículo 18 del decreto 3466 del 82. Cumplir con esta norma implica otra obligación para el proveedor y un derecho para el consumidor y es que “no tenemos por qué pagar un sobrecosto al precio que vemos exhibido”.
Pone como ejemplo el inspector Mejía lo que a menudo sucede en los almacenes y que es objeto frecuente de denuncias. “En un caso hipotético, uno ve una chaqueta de cuero, pregunta el precio y le dicen que cuesta un millón de pesos. Cuando uno dice que la va a comprar con tarjeta de crédito le contestan que entonces vale un millón cien mil pesos, o sea que le están trasladando a uno como cliente la comisión que le cobra el banco al almacén. Esto no se puede hacer porque cuando los precios están exhibidos el proveedor se amarra a esa cifra, la puede bajar pero no la puede subir y uno como consumidor tiene derecho a pagar el menor precio”.
Otro caso frecuente es el de los artículos que al momento de pagarlos resulta que cuestan más de lo que anunciaba. “Si por ejemplo veo que un LCD tiene un precio de 200 mil pesos yo me animo a comprarlo, pero cuando voy a pagarlo me dicen que vale mucho más. Yo tengo derecho a pagar el menor precio”. En estos casos lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo con el local, pues cometió el error de marcar mal un producto. Si el almacén no reconoce y no sostiene el precio más bajo, el inspector Mejía recomienda comprar el artículo pero recopilar pruebas como video, fotografías o testigos, con el fin de que al hacer la denuncia ante un operador jurídico éste le dé la razón, sancione al almacén y lo obligue a devolverle su plata”.

Muchos sancionados
Al consultar a la Secretaría de Transportes y Tránsito, esta respondió por medio del Subsecretario de Control, Rafael Andrés Nanclares Ospina, que “los Agentes de Tránsito de Medellín realizan controles diarios en esta zona, con el fin de que los conductores de taxi que se acopian en dicho lugar cumplan con las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional”.
Para demostrar esta información, la Secretaría anexó un cronograma de enero a septiembre de este año en el que explican las visitas realizadas en la zona, en ocasiones encontrando la bahía despejada y en muchas más ubicación de taxis irregular, por lo que han procedido a la sanción.
Según el informe del Tránsito este sector es visitado varias veces al día, “y para lograr el respeto por el espacio público y las normas de tránsito, continuaremos con los controles permanentes en el lugar”, concluyó el funcionario Nanclares.

Por el bien común
Según afirma Andrea Jiménez; profesional de la Subsecretaría Técnica del Tránsito de Medellín, en inmediaciones de Provenza se establecieron a partir de septiembre de 2009 distintos tipos de regulaciones, de acuerdo con las características de cada zona y previa concertación con la comunidad con el ánimo de buscar el bien común. La explicación a la mixtura de regulaciones hoy vigentes en esta área de El Poblado está en que “en Provenza se estacionaba todo el mundo -así no fueran del sector- por huir de los parquímetros y obstaculizaban a las personas del barrio”. Las medidas de control se han ido implementando en el transcurso de los últimos meses y han sido objeto de evaluación por parte de la comunidad y el Municipio.
Como se recordará, una de las primeras regulaciones se hizo en la Vía Primavera, con cobros fraccionados cada media hora.
Recientemente en la Carrera 34, entre las calles 7 y 8, la cual se había dejado libre, se demarcaron tres celdas con parquímetros cada media hora pues, como lo afirma la funcionaria de la Secretaría de Tránsito, “estaban privatizando y alquilando el espacio público”. En esta vía, a partir de las 7 de la noche se cobra cada hora.

Otras vías
La Carrera 36, entre las calles 7 y 10, opera de 7 de la mañana a 8 de la noche como zona blanca, con la primera hora gratis y luego cobros por fracciones de 30 minutos. Entre las 8 de la noche y la 1 de la madrugada funciona mediante parquímetros, con un tiempo mínimo de una hora, con pago anticipado.
La Carrera 35, entre las calles 10 y 7, ofrece la primera hora gratis entre las 7 de la mañana y las 12 del día. Desde las 12 hasta las 6 de la tarde es cobro fraccionado cada 30 minutos y después de las 6 de la tarde se cobra cada hora.
La Carrera 33, entre las calles 7 y 10 A, opera igual que la 35, es decir, en la mañana la primera hora es gratis, en la tarde los cobros son cada 30 minutos y en la noche cada hora.