Opinión de Juan Carlos Vélez Uribe
A principio de esta semana hemos recibido nefastas noticias al saber que en solo dos operaciones, en Tumaco y Arauca, la guerrilla había asesinado más de una veintena de soldados, había dejado un sinnúmero de heridos y algunos desaparecidos. Esto se suma a una serie de acciones que en su conjunto, nos dejan la preocupación en el sentido de que la guerra contra los terroristas se está volviendo a agravar.
Hace rato no escuchamos de acciones ofensivas por parte de nuestra fuerza pública contra las fuerzas insurgentes, diferentes a las de los operativos de bombardeo aéreo que han dado de baja, no lo podemos negar, a importantes jefes guerrilleros y de las Bacrim. Pero que en un operativo militar fuera emboscada una cuadrilla de guerrilleros, ya no lo volvimos a escuchar.
Pienso que ese retroceso en la ofensiva militar que se ha venido adelantando en los últimos años, producto de la política de seguridad democrática, obedece a la desmoralización generalizada que hay en nuestra fuerza pública, al sentir esta que por la inseguridad jurídica que reina en el accionar de nuestras fuerzas armadas, ellas han preferido quedarse en los cuarteles y los comandos de brazos cruzados, ya que de ninguna manera les interesa someterse al escrutinio de su accionar por parte de la justicia ordinaria de nuestro país.
Cada vez que se da de baja a criminales o a terroristas, se da la presunción de que lo que se presenta es un caso de “falsos positivos” y por ende es la Fiscalía General de la Nación la que de inmediato inicia un proceso penal contra los soldados, suboficiales y oficiales que tuvieron que ver con la operación militar. Es cuando entonces, el militar se verá sometido a tener que pagar un abogado y someterse a los rigores y molestias que genera el verse uno incurso en un proceso penal.
Es necesario defender a nuestros soldados y policías. De ahí que he venido impulsando una iniciativa en el seno de la Reforma a la Justicia que se discute actualmente en el Congreso de la República, en el sentido de que sea la justicia penal militar la que conozca en un principio de los hechos que se presentan cuando ocurre una acción militar y no la justicia ordinaria, como hoy sucede.
Lamentablemente, el respaldo esperado a esa iniciativa por parte de mis colegas sigue incierto y más triste aun es la posición que el Gobierno Nacional ha asumido, por intermedio del Ministro del Interior, German Vargas Lleras, al solicitar el retiro de la adición al artículo 221 de nuestra Carta Magna, que el propio ministro de justicia había radicado dos días antes. Esta iniciativa pretende darle prioridad a la justicia penal militar en el ejercicio de la acción penal, cuando se presentan operaciones militares o acciones de combate.
Seguiré insistiendo en lo necesario que es apoyar a nuestra Fuerza Pública, garantizándole su fuero militar. Claro que ello no podrá ser utilizado para encubrir los delitos comunes o de lesa humanidad en que incurran los soldados y policías colombianos.
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