Las empresas se suelen plantear metas grandes y ambiciosas, megas. Por supuesto su formulación debe partir de un claro entendimiento del rol que desempeña cada entidad. El objetivo de una empresa pública es generar calidad de vida. EPM existe para satisfacer necesidades de la comunidad en materia de los servicios públicos nucleares de su objeto social.

Ese norte se extravió en EPM durante la pasada administración. Es menester retomar el rumbo. La política de gestionarla con la óptica de maximización de utilidades puede convertir a EPM en un instrumento recaudador de impuestos, vía tarifas, para los gobernantes de turno. Con riesgos tan graves como utilizar sus recursos para programas como EPM sin fronteras, que involucró a la entidad en inversiones de muy dudosos resultados en Chile y otros países, cuando en su patio trasero había ciudadanos sin la cobertura de los servicios de la entidad de la cual son dueños. O proyectos de tan poca prioridad como Parques del Río, más importantes para la imagen del mandatario que para la comunidad. Megainversiones innecesarias, para decirlo en la forma más benévola posible.

O como el megadisparate cometido con UNE. Se entregó a Millicom la mitad de la empresa a cambio de 150 millones de dólares de prima de control. Hoy EPM es dueña del 50% más una acción de una empresa que otro gestiona, controla y maneja a su amaño. Según declaraciones del máximo directivo de Millicom, la multinacional estaría dispuesta a estudiar la posible compra de la ETB. Un negocio de esa magnitud probablemente requeriría capitalización y EPM como socia estaría obligada a concurrir a esa capitalización, so pena de diluir su participación accionaria.

Otra meta de la pasada administración era convertir a EPM en una empresa multilatina muy importante, con un discurso que hablaba de lo social como lavatorio de conciencia pero que en realidad privilegiaba la óptica rentística. Los que no reciben o no pueden pagar los servicios deben estar felices por ser dueños de una empresa que no los atiende, pero que es muy importante.

Esa combinación de negocios faraónicos y un norte empresarial extraviado, condujeron a una mega más preocupante: la deuda de EPM, que creció de manera preocupante durante la pasada administración. La prudencia, pero también el endeudamiento a tope obligan a reformular la política de inversiones de tal manera que consulte prioritariamente las necesidades de la comunidad.

Una ciudad para mostrar y no para vivir parece haber sido el lema de ese desorden genético introducido a la fuerza en EPM, a través de una megaestructura organizacional disfuncional, con demasiados niveles jerárquicos y mucha distancia entre la alta dirección y el personal administrativo y operativo. Solo la calidad del recurso humano ha evitado que la empresa colapse ante semejante entramado organizacional. Una estructura más sencilla facilitaría la gestión de EPM y tendría repercusión inmediata y directa en la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios que espera la ciudadanía.

Por último, el estatuto contractual de EPM adoptado por la pasada administración parece concebido para ofrecer discrecionalidad en asuntos diferentes a los propios del objeto social y facilitar la excepcionalidad para realizar negocios ajenos al interés misional de la entidad. Permite al Gerente General delegar la facultad de recurrir a la modalidad de solicitud única de oferta en casos en que la competencia, circunstancias especiales de oportunidad de mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocios la hagan necesaria. Para decirlo en términos coloquiales, por semejante atajo se podría contratar a dedo, a través de terceros en que EPM participa pero no controla, absolutamente cualquier extravagancia. Proyectos inmobiliarios desde una empresa con sede en Panamá por ejemplo.

Si se combina esta posibilidad con un proyecto de ley que cursa en el Congreso cuyo propósito es ampliar el objeto social de las empresas del estado para que puedan incursionar en cualquier negocio lícito, las consecuencias podrían ser fatales para EPM. Mientras sea su cultura la que impere en la organización, se puede confiar en el buen uso que se hará de las facultades que concede el estatuto. No obstante, se corre el riesgo que por ese portillo se cuelen intereses extraempresariales. Hay que precaver el riesgo de debilitar a EPM involucrándola en objetivos que desborden su labor misional, comprometan su futuro o hagan necesaria la búsqueda de socios para poder responder a negocios en lo que no tendría que haber participado.

En buena hora la actual administración municipal ha expresado la necesidad de formular sendas megas social y ambiental, con el mismo peso y énfasis que la financiera, así como replantear la política de inversiones, mejorar el contacto con la comunidad, el cubrimiento del servicio de acueducto y alcantarillado y la relación con el resto del departamento.

La llamada “bomba pensional” es la consecuencia inevitable de la combinación de tres factores: la corrupción de políticos expertos en depredar instituciones públicas, la criminal irresponsabilidad de empresarios que evadieron los pagos de las cotizaciones que ordenaba la ley o, habiéndolas practicado, se apropiaron de ellas para su propio beneficio, y la ineptitud de gobiernos y legisladores, incapaces de prever las consecuencias de las normas y leyes que aprobaban respecto al tema pensional. Unos y otros, por acción o por omisión, originaron una crisis cuya génesis escapa por completo a la responsabilidad de los trabajadores, limitados a aceptar normas que no redactaban y aceptar retenciones que otros practicaban. No hay que buscar abducciones en Google para darse cuenta de que son otros los que deben responder.

Para que el colectivo cubra los costos de la imprevisión de sus dirigentes y aporte los recursos que los de arriba esquilman, eluden o evaden, reiterados discursos de funcionarios, gremios y elites políticas y empresariales convierten a los jubilados en “trompo pagador” de un problema que no causaron, para justificar una reforma tributaria que asegure a la voracidad financiera y a los negociantes de la guerra el pago de sus insumos y acreencias, y a la corrupción pública y privada una fuente “cómoda” de ingresos.

Para nada se mencionan los salvamentos de bancos, las exenciones tributarias, las subastas de un solo proponente, las fusiones empresariales amañadas, las conciliaciones fraudulentas, la privatización de empresas estatales ejemplares, el nulo control con los evasores de impuestos, los negocios de armas, los contratos de estabilidad jurídica, la complicidad con la corrupción, la ausencia de tributación catastral a terratenientes, la facilidad para girar ganancias al exterior y otros, esos sí, extravagantes privilegios.

Da grima escuchar necedades tales como que los pensionados no cotizaron lo suficiente o que el régimen de prima media es un sistema inequitativo que les quita a los pobres para favorecer a los ricos. Como si los pensionados hubieran decidido las cifras a cotizar o redactado las leyes que fijaban el monto de sus mesadas o como si las normas tuvieran efectos retroactivos.

Pensionados expuestos al escarnio público, para expiar en ellos vergonzosos casos de abusos de unos pocos, que por supuesto se tienen que corregir. Ese acento puesto en los casos excepcionales, de paso originados por los mismos partidos políticos para conseguir votos para sus clientelas, se lleva por delante la dignidad de trabajadores que lograron tal condición con su esfuerzo de años al servicio del país, esfuerzo que solo parece reconocer el gobierno a sus fuerzas de seguridad.

Como si no fuera suficiente el calvario que tienen que soportar durante el trámite de su pensión o el laberinto jurídico de interpretaciones legales que por norma general lesionan el monto de sus pensiones, el discurso oficial no hace otra cosa que generar unos privilegiados de papel, para tratar de canalizar hacia otros el repudio colectivo que por supuesto generan la desigualdad y la inequidad, de las cuales los pensionados son víctimas y no causantes. Porque el verdadero desangre del país lo constituyen los ingentes recursos que se dedican a la guerra, al pago de la deuda externa, los que se evaden, eluden o esconden en paraísos fiscales y los que se escurren por las alcantarillas de la corrupción pública y privada.

Nadie debe llamarse a engaño. Los pasivos pensionales que ahora se pretenden cubrir con el esfuerzo colectivo de los colombianos solo van a empeorar, por más sacrificios que nos impongan los que si pudieran hacerlos. Los tratados de libre comercio, con la carga de desempleo y de destrucción del campo que conllevan, lo van a empeorar; como ya lo hacen la supuesta flexibilización laboral y las cada vez peores condiciones laborales de los trabajadores. De manera que así como los pensionados de hoy, en vez de respeto y consideración por sus ejecutorias, deben cargar con el estigma de ser calificados como una pesada carga, los de mañana deben prepararse para servir de excusa cuando la aplicación de políticas impuestas desde la ceguera les exija otra su vez su aporte para llenar el barril sin fondo de la avaricia financiera nacional e internacional.

Francisco Luis Valderrama A.
P.S.: La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han interpretado la ley que establece el monto de la mesada pensional de una manera tan sui generis que merecería hacer parte de la mejor antología de los barbarismos legales. Habrá que reescribir lo que los libros de texto escolares enseñan al respecto.