Seguramente si usted se pregunta mientras lee este artículo dónde estaba pasadas las 8 de la noche de ese sábado 12 de octubre de 2013, se le podrá venir a la mente el momento en el que le avisaron, quizá con una llamada o un mensaje de texto, que el edificio Space ubicado en la transversal Superior cerca a Las Palmas se había ido al piso. Si vivía cerca, seguramente escuchó el estruendo seguido de los gritos y las sirenas de las emergencias.

Serán tres años de esta tragedia que cobró la vida de 12 personas entre obreros, ingenieros, vigilante y un joven estudiante de comunicación. Ángela Cantor, hermana del joven, dice que entre los aprendizajes que les ha dejado el dolor de la ausencia de su hermano es “recordarle cada noche a la familia que vos los amás, y que si les cae de la noche a la mañana un edificio encima, uno puede quedar tranquilo”.

Para Carlos Ruiz, propietario de un apartamento en Space, recuerda como un trago amargo lo que han significado para él tres años a partir de esa trágica noche. “Para mí representó un divorcio, una afectación sicológica, un descuadre financiero, un desasosiego que raya con la depresión, pero la vida tiene que continuar, aunque el trabajo de 15 años se haya esfumado”.

La Fiscalía les había imputado a los excuradores Alberto Ruiz Arango y Eliney Esther Francis Llanos, delitos como prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, pues de acuerdo con el ente investigador en la “expedición de licencias para la construcción del edificio se violaron no menos de 79 normas de sismorresistencia expedidas en los años 1997 y 2010. Con tales acciones Ruiz Arango habría cometido 9 delitos de prevaricato y Francis Llanos cuatro punibles similares”. Sin embargo, en la lectura del sentido del fallo el pasado 20 de septiembre, el juez anticipó que exoneraría a Ruiz y a Llanos en primera instancia porque las pruebas adjuntadas por la Fiscalía “no lo llevaron a un convencimiento más allá de la duda razonable”.

Carlos Ruiz hace un llamado para que con la lectura del fallo a los curadores Ruiz y Llanos se conozca toda la verdad y “obvio hubo errores y no sabemos si ese señor tuvo la valentía o la inocencia de vivir con nosotros, por eso pedimos que si es cierto que está mal de salud, que aproveche para decir la verdad y no cargue con mentiras y culpas”, señala.

Por otra parte, el 11 de noviembre, sería el juicio contra Pablo Villegas, representante legal de Lérida CDO; María Cecilia Posada Grisales, directora de obras de esa compañía, y del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, pues anteriormente los imputados alcanzaron un acuerdo con los familiares de las otras 11 víctimas para su indemnización.

Para Ángela Cantor, las decisiones judiciales han sido más injustas que el mismo hecho. “Uno como víctima espera que le respondan con verdad, justicia y reparación, pero se cumplen 3 años de haber caído Space sin que una persona pueda sentarse en un estrado a dar testimonio de que allá pasó algo. La primera audiencia sería este 11 de noviembre, ha pasado demasiado tiempo y lo único que pasa es que uno como víctima se da cuenta de que fallan muchas cosas y a nadie le importa. Me parece increíble que no pase nada”.

La familia Cantor se siente revictimizada por la justicia, “es como una cachetada doble”, dicen pues en su consideración ninguno de los responsables ha recibido un castigo proporcional a la gravedad de lo que pasó, que “no es más que un desastre causado por la negligencia humana”, señala Ángela.

En el caso de la decisión que favorece a los curadores la familia Cantor ya anunció que apelará el fallo, pues cree que sí se cometió un delito grave. “Los curadores permitieron que se levantara un edificio que se iba a caer y que podía matar personas”, anota, no sin antes agregar que el recuerdo de su hermano se sobrepone al sentimiento de frustración de quienes solo les importa la plata y el patrimonio, por encima de la reparación o de resarcir el daño ocasionado a las víctimas.

Carlos Ruiz va más allá y dice que han sido tres largos años llenos de decepciones, de instituciones y personas que les han dado la espalda. “A los curadores no les ha pasado nada, a los constructores nada, la Superintendencia nos abandonó porque le encanta darse pantalla por las multas con los carteles empresariales pero ¿qué multas han impuesto a CDO? Y si han impuesto ¿han pagado? Y si han pagado ¿dónde se ha ido ese dinero?”, se pregunta Ruiz.

En cuanto a la Alcaldía de Medellín, Ruiz asegura que en principio contaron con un apoyo decidido desde la gerencia de Vivienda Segura y otras instancia que los apoyaron con medidas como el acuerdo que permitió la exoneración del pago del impuesto predial, sin embargo, señala que les tocó ponerse al día después de dos años “de unos bienes que no existen para poder acceder a los beneficios. He ido a Catastro y me tratan como si estuviera delinquiendo, como si el problema hubiera sido de nosotros”.

Aunque la reparación de buena parte de las víctimas de Space depende de la venta del lote, uno de los principales activos de la constructora, aún no se ha podido conseguir una persona interesada. “Ya están diciendo que no son capaces de venderlo y yo cada vez soy más escéptico de que nos reparen”, dice Ruiz con desilusión. De acuerdo con una de las víctimas, el cansancio de la gente ha terminado en dispersar la presión para recibir verdad, justicia y reparación. Sin embargo un 90 por ciento del total de las familias residentes en Space ya alcanzaron un acuerdo de reparación con la constructora.

“Aquí nunca ha habido un arrepentimiento o reparación real. Desde que no se den esos pasos es muy difícil perdonar. Uno mira para adelante, pero ese capítulo ahí queda, es como un brazo partido medio chueco que sigue doliendo”, asegura Ruiz, quien se pregunta por explicaciones para que las cosas funcionen así. “¿Influencia?¿falta de interés? Uno no sabe”, concluye.

Aunque el dolor permanece por los recuerdos de tantos momentos al interior de ese apartamento que, más que una vivienda, significaba tantos sueños e ilusiones derrumbados, los afectados por CDO planean encontrarse este 12 de octubre para conmemorar una fecha trágica para la ciudad y pedir reparaciones. Algunos de ellos, como Carlos, ya también tienen algunas promesas.

“Si me logran pagar mi apartamento, la mitad de lo que reciba de ese pago será para darles vivienda a personas damnificadas. Solo hasta ese día empiezo a sanar y a olvidar, porque a nosotros nadie nos pidió perdón, nadie nos dijo lo lamentamos…”, dice Carlos.