El parque  y su zona rosa no tienen que ser un referente mundial del turismo y del entretenimiento. Basta con que se les garanticen legalidad, seguridad, equidad y oportunidades.

Pasaron 30 meses desde la publicación de un reportaje en Vivir en El Poblado sobre la situación de prostitución y de microtráfico de drogas que azotaba el parque Lleras, reportaje que por esos días llevamos al debate público no desde un enfoque moralista o de conservación del barrio original, construido en los años 50, sino desde una preocupación por la seguridad, la economía, el turismo y los derechos humanos, la arista relegada en este fenómeno.

Por esos días de marzo de 2016 todos lo sabían, todos lo veían: jíbaros, drogas y clientes, yendo y viniendo por el entorno del Lleras, la calle 10 y Provenza; y mujeres y hombres, incluidos menores de edad, víctimas de explotación, y sus pagadores de servicios sexuales, crecían en número y consolidaban su tráfico, mientras poco y nada se lograba con el control de las autoridades.

Nuevos negocios se instalaron y sus dueños incluso pescan beneficios en el caos, mientras el turismo de las adicciones y el abuso de menores de edad, tiene poder económico.

Ante las denuncias, las autoridades se movieron. La Alcaldía se comprometió con “poner el parque Lleras a la altura de los mejores sitios del mundo” y la Policía anunció “operativos más contundentes”. Y hubo golpes como el de mayo de 2016, cuando cayó alias Carnero, presentado como cabecilla de “convivires” del Centro y con tentáculos en El Poblado (aunque no deja de ser una contradicción que la Policía hubiera sostenido en marzo del mismo año que en el Lleras no había operación de estructuras delictivas).

Pero 30 meses después ¿qué hay de diferente? Escuchar a la comunidad, uno de los principios periodísticos de Vivir en El Poblado, es encontrarse con el mismo panorama, a pesar de las promesas de “intervención a largo plazo”.

El comercio sigue reportando los mismos problemas, con dos agravantes: nuevos negocios se instalaron en este tiempo y sus dueños presentan conductas distantes del sentido de pertenencia, incluso pescan beneficios en el caos; y un sector del turismo, que considera la diversión como una expresión de adicciones o de abusar de menores de edad, tiene poder económico.

¿Quién pone orden en el Lleras? Orden desde la legalidad, con cuidado por la población vulnerable, con garantías para el comercio formal y la generación de riqueza y calidad para clientes y turistas, sin necesidad de “mejores del mundo” sino a escala nuestra. Seguiremos preguntando.