Andrés Acosta
“Hemos tratado de optimizar estos espacios para evitar el ruido, demarcando muy bien las áreas. La idea es que durante el día los perros circulen libres por el establecimiento como si estuvieran en una finca, pues está comprobado que una animal encerrado puede generar mucho ruido” sostiene Andrés Acosta, propietario del spa. De esa manera, explica, el cerramiento del negocio está acompañado por una hilera de bambúes. Esta adecuación se desarrolló para restarles visibilidad a los perros que inevitablemente ladran a los peatones que transitan cerca del spa.

Zambia tiene una zona de adiestramiento, delineada con un cerco y acondicionada con una especie de tapete verde. Además posee un cuarto de atención veterinaria, piscina de relajación y una tienda donde se comercializan artículos para el cuidado canino. Ahora bien, los bajos del negocio, están acondicionados para alojar a las mascotas en el horario nocturno. “Los perros entran en estos espacios a las 7:00 p.m. Para acceder a los dormitorios es necesario cruzar dos puertas insonorizadas, compuestas por icopor, concreto y madera. Con estas disposiciones es imposible que el ruido salga al exterior”, asevera el propietario, mientras señala dos ventiladores que en su opinión cumplen la función expresa de mitigar los ladridos de los perros. Además, dice, existe una distancia considerable entre el Edificio Jamaica y el establecimiento y por eso, afirma, es imposible que los residentes estén mortificados.

Conceptos del Ministerio de Medio Ambiente
La abogada Soledad Mojica, de la Dirección de Licencias del Ministerio de Medio Ambiente, sostiene que aunque el establecimiento cumpla con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, ante las inquietudes de la comunidad, la Inspeccióndebe realizar una visita ocular en la que debe invitar al Área Metropolitana para efectuar las mediciones de ruido.

Por su parte la Inspectora 14A, Ahida Ladino, dice que ya hizo las visitas y por medio de múltiples oficios les ha solicitado al Área Metropolitana y a la Secretaría de Salud, que hagan los estudios sobre el nivel del ruido. Ante sus negativas, envió una petición a la Secretaria de Gobierno, para dirimir esas competencias ante el Ministerio de Protección Social.

Click para descargar el acuerdo municipal con las normas vigentes de obligatorio cumplimiento sobre preparación para la atención de emergencias en edificios residenciales.

Imre Kocsis vive en un edificio de El Poblado que se vio afectado por un incendio hace poco. “Falta preparación, no se sabe qué hacer”, es su conclusión después de un incendio, que a pesar de no ser en su apartamento afectó la losa del suyo considerablemente por la cantidad de agua usada por los bomberos y la elevada temperatura producida por el fuego.

Imre Kocsis dice que los habitantes no saben cómo actuar, tuvieron dificultades con el extintor, y tampoco los empleados del edificio sabían qué hacer para atender la emergencia, ni se tenía bien identificado como cerrar los nichos de gas.

Comités para El Poblado
Solicitar al Simpad la conformación del comité barrial de emergencias es una de las vías para organizarse; la otra alternativa es que el asesor de campo motive a la comunidad. En ambos casos el profesional social realiza el acompañamiento prácticamente todo un año, además de trabajar e informar a la comunidad en estos aspectos: convocatoria, capacitación, conformación y consolidación del comité.

“El Poblado ha sido una de las comunas más difíciles de trabajar en el tema de los comités barriales de emergencia”, dice Felipe Cardeño, Asesor de Campo del Simpad, que agrega, “la dinámica es más bien complicada, compleja, se crearon espacios de motivación en algunas unidades residenciales para que conformaran el grupo con la asesoría y capacitación correspondiente, pero no funcionó”.

Algunos pasos
El año pasado se llevó a cabo un seminario con una de las empresas de gerencia inmobiliaria que administra unidades residenciales de El Poblado para que capacitaran a su personal. “Allí se habló de legislación, de primeros auxilios, pero llegamos hasta ahí, porque primero no es nuestro ámbito de trabajo, y segundo porque las copropiedades deben, por medio de sus administradores, capacitar a su comunidad para tal fin”, comenta Felipe Cardeño.

La Zona Rosa, un ejemplo
Copades, Comité de Prevención y Atención de Desastres Especializado, es un plan de la Zona Rosa que trabaja bajo el énfasis de que es mejor prepararse para algo que no sucederá, y no a esperar que suceda algo para lo cual no se estaba preparado.

Este plan busca fomentar en la comunidad en general el espíritu de participación y solidaridad en la prevención de desastres, trae consigo importantes instrucciones de capacitación que ofrece a la comunidad desarrollar habilidades y destrezas que faciliten la respuesta operativa en caso de intervención en una emergencia, además de implementar estrategias de intervención, fortaleciendo la respuesta comunitaria en la atención de emergencias y desastres.

Lo primero que se realizó para el buen funcionamiento de Copades, fue un modulo de generalidades con un estudio geográfico de la zona, y un antecedente histórico de emergencias; después un diagnóstico del riesgo; y por último un plan de acción, con especificaciones a realizar por evento priorizado al que se le crea un antes, un durante y un después, para casos como: atentados terroristas, concentraciones públicas y espectáculos, accidentes de transito, deslizamiento de tierra, inundación e incendio.

La paz empieza por casa, era otro dicho que en su momento buscaba que la cultura de violencia en el país no trascendiera las fronteras y se instalara en los hogares, esta frase aplicada a la atención y prevención de emergencias, recomienda a la comunidad tomar las precauciones respectivas para estar preparados ante un acontecimiento cualquiera.

Normas de seguridad
Las normas municipales para los edificios residenciales de altura ordenan: escaleras de evacuación bien definidas y señalizadas; gabinetes de incendio con vidrio de seguridad, manguera y pitón de una y media, extintor multipropósito de 10 libras y hacha, mínimo uno por cada dos pisos, ubicados en los halls y no en las escaleras; en los pisos donde no hay gabinete debe existir un extintor multipropósito de 10 libras, el edificio debe contar con la red de incendio, con abastecimiento propio, tanques de agua en la parte superior del edificio, la tubería debe ser galvanizada u otro material resistente al fuego, pintada de color rojo y debe tener una bomba para regular la presión de agua en cada piso; el edificio debe contar con un sistema automático de control de incendios, detectores de humo, lámparas de emergencia en cada piso y a la salida de las escaleras; los parqueaderos deben estar bien señalizados y el parqueo se debe realizar en reversa, además deben estar cubiertos con gabinetes y un extintor multipropósito de diez libras por cada 10 vehículos; el personal de mantenimiento debe estar capacitado para manejar todos los implementos de seguridad.

Conceder un plazo adicional de 35 días al contratista tiene su razón en el surgimiento de nuevas tareas durante los trabajos, y que se decidieron hacer por su necesidad y conveniencia, por eso la construcción del acueducto, además de la decisión en el curso de las obras por pavimentar la totalidad del trayecto, y aportar una variable más a la amable cara de este sector, informa Luis Alberto García.

Una milla que brilla

El bienestar de la ciudadanía es el objetivo fundamental del grupo de veedores ciudadanos de este proyecto, que en palabras de Francisco Humberto Tobón, miembro de la Veeduría, corrobora lo expresado por Luis Alberto García, al informar que las obras están muy adelantadas y por ende ya es visible uno de sus logros principales: el embellecimiento de la zona conocida como la Milla de Oro.

Francisco Humberto Tobón está a la espera del funcionamiento de otro de los pilares de estas obras, la óptima circulación vehicular; comenta que el paso a seguir después de la entrega de las obras por parte del Municipio, radica en dos variables de gran importancia para que los objetivos se cumplan, una de ellas es el adecuado uso del espacio público, “que se controle y evite el aumento de venteros ambulantes”, y la de mayor trascendencia, la utilización establecida de las zonas para recoger y dejar pasajeros.

“Construyeron unos paraderos de buses que desde el principio son mal usados, lo que afecta la fluida circulación del tráfico; esto se puede controlar mediante la intervención del Tránsito y una campaña de cultura con los pasajeros y choferes, dice Francisco Humberto Tobón. “Todos debemos poner desde nuestro papel, la persona que vive cerca al lugar de su trabajo, los que salen a almorzar por la zona cerca al trabajo y van en vehículo, los transeúntes para que respeten sus espacios y los de la naturaleza, los conductores para que ayuden a educar al pasajero y viceversa, todos con el fin de hacer de esta zona, una franja de cultura urbana donde se encuentre de manera armónica el uno con el otro y con la ciudad”, agrega.

En un futuro no muy lejano pues ya se ven casos, se esperan carros deteniéndose a esperar que los peatones pasen, autos y motos a velocidades normales, cero pitos, cero peleas, mínimo riesgo de accidentes, transeúntes conscientes de cruzar por donde está indicado, una zona y un recorrido que reflejen un avanzado estado de sentido y conciencia, de que la vida en la ciudad corresponde a todos y cada uno de sus habitantes.

Adoptar, una acertada opción

Los separadores brindarán un importante aporte a la estética de la zona, reciben un tratamiento de siembra de matas rastreras, tango y barquillo, que no requieren un estricto mantenimiento, sin embargo “sí agradecerán que se les de por lo menos el tratamiento básico”, dice Luis Alberto García.

En esta medida, se está trabajando en una propuesta gracias a algunas personas que se han visto interesadas en ayudar a la Alcaldía en esa gestión de consolidar un compromiso, por parte de entidades y empresas asentadas en esta zona, con el fin de adoptar tramos del separador y velar por la belleza de las matas.

El llamado es a que las personas y las empresas se vinculen a esta idea y apadrinen unos metros de tierra. Así mismo, Luis Alberto García hace un llamado a la ciudadanía en general, particularmente a los peatones de la zona, para que se abstengan de hacer cruces por donde es indebido, por eso se ha dispuesto de un mayor número de cruces, entre ellos los que la gente ha marcado de manera informal como cruces cotidianos.

Es deber, no solo desde la responsabilidad o la ley, sino desde la convicción y la razón, cuidar de lo que pertenece al ciudadano, una idea que la Administración Municipal y los líderes cívicos quieren inculcar para que el Paseo Urbano de la Avenida El Poblado se convierta en un trayecto digno de recorrer y funcione como referencia al convertirse en un foco de cultura ciudadana. Los interesados en aportar ideas para la inauguración de estas obras pueden escribir

“El Alcalde leyó la carta, pero se la remitió a la Secretaría de Planeación y al Área Metropolitana, para de esa manera escribir una respuesta conjunta que será enviada en el curso de la semana”, expone María Janet Madrigal, comunicadora de Obras Públicas y Medio Ambiente. En ese sentido, Jaime Pizarro, Director de la Unidad de Vías y Transporte, se encuentra elaborando la respuesta, pero por el momento se abstuvo de comentar su contenido. Esta carta será firmada por Federico Restrepo, Secretario de Planeación, el Área Metropolitana y el propio Alcalde de Medellín.

Bosques de la Aguacatala

Luis Alonso Yepes comenta que decidieron escribirle directamente al Alcalde, pues desde enero 31 suscribieron un pacto con el Área Metropolitana. En esa fecha, la entidad ambiental se comprometió a aportarle a los residentes, los resultados de los estudios de impacto ambiental, contratados con la Universidad Pontificia Bolivariana y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en los que se analizaba la medición del ruido y los efectos de la contaminación de gases y material particulado. Afirma que “tuvimos que recurrir al Alcalde porque el Área está dilatando las cosas y no ha querido responder a un derecho de petición para obtener esa información”. Existe oposición al inicio de las obras, dice, porque el estudio ambiental que presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente para obtener la licencia está mal ejecutado, pues no contempla de manera detallada, los impactos ambientales de la iniciativa. Por todo lo anterior, escribieron la carta al burgomaestre, radicada el 26 de abril, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

Pero no se conformaron con ese mensaje y escribieron otra carta el 9 de mayo, a la Dirección de Licencias Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de adelantar una audiencia pública. En esa hipotética reunión con la comunidad, solicitan que el Área como entidad ejecutora de la obra y el ministerio como autoridad que otorgó la licencia, expliquen en conjunto el impacto ambiental del proyecto.

Aires ambientalistas

“En el debate promovido desde el Concejo, el concejal Carlos Chaparro expuso que la licencia ambiental estaba supeditada a una concertación con la comunidad, hasta el momento inexistente”, expresa el ambientalista Julio Jiménez. Para cumplir ese fin, el Grupo Fauna, en colaboración con el urbanista Luis Fernando Arbeláez y el concejal Chaparro, también estudian la posibilidad de solicitar una audiencia pública al Ministerio de Medio Ambiente, en la que sea posible discutir la iniciativa, cara a cara con la comunidad.

Así mismo, Jiménez observa como un verdadero absurdo y un disparate, que el Área afirme que los ambientalistas están sobredimensionando los alcances reales de la obra. “Cuando se trata de los árboles, siempre aportan información inexacta y fragmentada sobre los ejemplares que se van a talar. Ayer estimaron cierta cifra y mañana aparecen con otra”, cuestiona el ambientalista. Además, expresa que en un informe publicado por la propia entidad, en el que analizan los puntos más críticos de la ciudad en materia de contaminación ambiental, figura el sector de la Aguacatala. Entonces, reflexiona, es irónico proponer una obra de ese calibre, en un sitio crítico, para perjudicar a los residentes con mucho más ruido y contaminación.

Nació el ilustre sacerdote, el 11 de marzo de 1920, en la ciudadde Sonsón (Antioquia) y fueron sus padres don Juan Botero Mejía y doña Pastora Restrepo Ramos. Fue el mayor de cuatro hermanos: Juan, Inés, Flavio y Luis, médico este último, quien ejerció su profesión hasta hace poco tiempo.

Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y cursólos estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Medellín, los cuales finalizó a la edad de 21 años, lo que requirió una dispensa para su ordenación sacerdotal, el 10 de abril de 1943. Doctorado en Filosofía Metafísica en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, con una tesis calificada de “Summa cum laude”, en el año 1948, obtiene, más tarde, una licenciatura en Ciencias Sociales,en la Universidad León XIII de la ciudad de Madrid (España).

Fue fundador y primer Director de las Granjas Infantiles de Jesús Obrero. En 1949, preocupado por la suerte de los niños desplazados por la violencia, en colaboración con el Director de la Escuela de Policía, el capitán Villate, adquirió una finca de 100 cuadras,cercana a Copacabana (Antioquia) e invitó, a distinguidas personalidades de la ciudad a conformar su Junta Directiva. Participó activamente en la fundación del Preventorio Infantil de Medellín (1955), de la Escuelavocacional agrícola de Copacabana (1960) y del Centro Audiovisual Cristiano en Medellín (1970).

De su labor pastoral cabe destacar que fue Vicario parroquial de Santa Bárbara, Cocorná y San José, de Medellín. Constructor y párroco del templo de Nuestra Señora Estrella del Mar, en El Rodadero (Santa Marta). Canciller del obispadode Santa Marta, Capellán jefe del Sena de Antioquia, durante 13 años; Juez del Tribunal Eclesiástico deBarranquilla y Medellín por espacio de 30 años. Director del Archivo Arquidiocesano y Vicario Zonal para las parroquias del centro de Medellín. Fue, además, profesor de Filosofía de la Universidad de Antioquia; de Doctrina Supranacional de la Iglesia, en la UPB, y de la Historia Eclesiástica colombiana en el Seminario Mayor de Bogotá. Compuso la letra del himno del municipio de Bello.

Entre las obras de su autoría, cabe mencionar: “Vida del Excmo. Sr. Salazar y Herrera”, “Grandes gobernadores de Antioquia“, premiada en concurso nacional;“Grandes preladosantioqueños”,“El Celam, elementos para su historia”. Escribió, además, numerosos artículos y ensayos para la prensa, algunos de los cuales fueron recogidos en su obra “Ensayos y discursos” (1990).Interesado por los aconteceres médicos del Departamento de Antioquia, publicó sus obras “La Academia de Medicina de Medellín (Fundadores y presidentes)“ (1988) y“médicos y Medicina de Medellín” (1990), en el cual, ademásde plasmar la biografía, en forma sucinta, de más de 300 médicos, dedica algunos capítulos a las entidades médicas de la ciudad, instituciones hospitalarias y facultades de medicina.

Miembro de número de la Academia Nacional de Historia y miembro de la Academia Antioqueñade Historia, de la cual fue su presidente en dos ocasiones y Presidente Honorario Vitalicio. Fundador y Presidente de la Academia de Letras, así como también de la Sociedad Bolivariana y de laSociedad Antioqueña de Historia de la Medicina. Durante sularga vida productiva, recibió numerosas distinciones, entre las cualescabe mencionar: La Estrella de Antioquia,la Medalla Cívica de Medellín (SMP-1962); la Medalla Cívica de Sonsón, el Escudo de Oro del Sena, la Medalla Cívica de Bello.

Su brillante existencia se extinguió el 29 de mayo de 2002 y sus exequias se efectuaron, en la Catedral Metropolitana, el día 31. Quienes conocimos de sus múltiples actividades y aprendimos a admirarle con un gran respeto, siempre estaremos recordándole como digno modelo de una vida útil.

Voces encontradas
“La ruta se inicia en la Terminal de Buses y ahí culmina el recorrido, luego le prestamos un trasbordo gratis a la gente del Garabato hasta la carrera 29A, abajo del Centro Comercial El Tesoro”, argumenta Jaime Sánchez, Gerente de Autobuses El Poblado. En contravía a esto, se encuentra la posición de Mauricio Loaiza, líder comunitario del sector. Loaiza escribió al Tránsito de Medellín acerca del trasbordo, porque tenía dudas sobre su legalidad. Acto seguido, el 21 de noviembre de 2006, Liliana Sierra, líder de programación del organismo le respondió en los siguientes términos: “La empresa en mención no tiene autorizado en la ruta 130, trasbordo alguno”.

No obstante, Autobuses El Poblado detalla que el trasborde se hace de acuerdo con la normatividad y lo considera un servicio social, ideal para resolver el problema de locomoción de los residentes de la parta alta del Garabato, pues prestan el servicio gratis hasta la sede social del barrio.

Cambios en la vía
“El cambio de vías afectó la prestación del servicio en las rutas 130 y 132, cuando la Loma de los González fue habilitada como vía unidireccional”, comenta Jaime Sánchez. Antes de esas medidas, dice, los vehículos de transporte público venían desde el Centro y ascendían por la loma. Luego tomaban la carrera 29 A, y descendían por la calle 1 Sur hasta llegar a la Terminal, cubriendo todo el sector del Garabato.

Por eso, argumenta, debido al cambio de sentido en Los González, en la actualidad los autobuses deben girar por la Loma de los Parra y concluir el recorrido en la Terminal. Entonces la espera de 15 ó 20 minutos que alegan los usuarios, ocurre porque los conductores deben iniciar de nuevo el recorrido que no puede ser emprendido inmediatamente llegan al Garabato.

El caso de la ruta 134
Esta ruta es atendida por 22 vehículos de servicio público. Debido a los trabajos de remodelación en La 10, los vehículos sufren las inclemencias de la congestión vehicular y no dan abasto en la atención de los usuarios, inclusive se desborda su capacidad. En el momento de llegar a la Avenida El Poblado, los autobuses no tienen asientos desocupados. “Los usuarios están llamados a adoptar una cultura que abogue por caminar por los andenes y desplazarse con paciencia hasta los paraderos de buses”, reflexiona el Gerente de Autobuses El Poblado. La empresa contrató, con la Universidad Nacional, un estudio de origen y destino. Los resultados de esas indagaciones comprobaron que existe una gran demanda en los pasajeros y una escasez en los vehículos de la ruta. La Secretaría de Tránsito es la entidad que autoriza a la empresa de buses para que sume más vehículos a esta ruta.

Una vez inicien los trabajos, el Área Metropolitana promete que fijará horarios de trabajo que no perturben a la comunidad en horas de descanso. De igual manera, quedaría restringido el ingreso y la salida de volquetas y maquinarias en horas pico.

Vivir en El Poblado informó en la segunda quincena de marzo sobre una acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos ante el Juzgado 28 Administrativo. Esa acción legal está en curso; no obstante estudian otros recursos jurídicos para frenar la obra. En la otra orilla, Álvaro Restrepo, Subdirector de Proyectos del Área, defiende los alcances del proyecto y explica cómo se va a desarrollar la primera etapa del mismo. A su vez, por ser un asunto donde está en juego lo público, el concejal Carlos Chaparro, citó a un debate el 29 de abril en el que participaron las partes en juego.

Posición del Área Metropolitana
Afirma el Área Metropolitana que la Vía Distribuidora está concebida para solucionar el problema de saturación vehicular de la Avenida Regional que influye de manera negativa en la movilidad de El Poblado. Tiene un costo de 25 mil millones de pesos, cuenta con licencia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y contempla la adecuación de tres carriles aledaños a la Regional, dividida de la nueva vía, por un separador desde Zúñiga hasta Argos. En pocas palabras, es una intervención que se extiende en una zona verde 35 mil metros cuadrados. “Es una obra beneficiosa que permitirá descongestionar una vía con síntomas de inestabilidad, pues en un día laboral se pueden desplazar 63 mil vehículos, lo cual desborda su capacidad”, expone Álvaro Restrepo.

Por su parte, esta primera etapa de 17 mil millones de pesos,va desde la quebrada Zúñiga hasta la calle 14, trazada entre el Centro Comercial Monterrey y el edificio del Seguro Social. Sin embargo, su construcción deberá sortear toda suerte de obstáculos técnicos como el traslado de 19 torres de energía ubicadas en el perímetro de la obra.

Ahora bien, ¿cuál será la empresa encargada de construir esta nueva vía? El 27 de abril fue seleccionado el Consorcio Vial Distribuidora, compuesto por la empresa liderada por Martha Lilia Tabares y la Firma TNM Ltda.

1.855 árboles nuevos
La concertación ha sido un verdadero dolor de cabeza para la entidad, desde el anuncio del proyecto en el 2006. “Los grupos ambientalistas están sobredimensionando los impactos ambientales y comenten errores con las cifras de árboles talados”, explica el Subdirector de Proyectos Metropolitanos. Asevera que en el sector se inventariaron 1.670 árboles, de los cuales 371 serán talados y 417 se reubicarán en espacios cercanos a la nueva vía. De esta manera, por cada árbol suprimido, dice, sembrarán otros 5, para un total de 1.855 árboles nuevos. Al mismo tiempo, para Restrepo, los terrenos nunca estuvieron contemplados como un parque, ni un bosque y corresponden mejor, a una reserva para la adecuación de una futura autopista que fue estudiada desde el plan vial de 1959. “Nadie reconoce nuestro esfuerzo por generar 28 mil metros cuadrados nuevos de zonas verdes, en separadores, entre las calles 10 y 34”, sostiene el funcionario.

Las discrepancias
“La obra se debe ejecutar desde Monterrey. Así evitaríamos la tala de un bosque compuesto por 1.700 árboles que constituyen todo un pulmón verde de la ciudad”, argumenta el ambientalista Julio Jiménez, del Grupo Fauna. En ese sentido, los opositores al proyecto se definen como una asociación pacíficaque aboga por la conservación de un medio ambiente sano. Al cortar esos árboles, dice, se estaría anulando una barrera protectora contra el ruido y la polución de una de las vías más transitadas de Medellín.

En esta misma línea de pensamiento, se encuentran las apreciaciones del abogado Adonaí Jaramillo que considera la propuesta contraria a la Constitución Política del 91, porque está amparada en un plan anterior a la promulgación de la Carta Magna.Para este jurista y otros observadores, la Acción Popular podría dilatarse y sería más oportuno interponer una Acción de Tutela que tendría efectos jurídicos más rápidos. “La tutela es viable porque viola el derecho colectivo a un ambiente sano que está estrechamente relacionado con el derecho fundamental de la vida”, defiende Jaramillo. Además, asegura, se vulnera el principio del paisaje como derecho colectivo, estipulado en el decreto 28 11 del Código de Recursos Naturales.

Debate en el Concejo
El concejal Carlos Chaparro citó el 29 de abril, en las instalaciones del Concejo, a una reunión de concertación que arrojó las siguientes conclusiones:

1) En El Poblado existe un serio problema de movilidad que afecta el desplazamiento vehicular y cuya consecuencia es una alta tasa de accidentalidad. La Avenida Regional al ser un eje estructurante de movilidad, necesita la ayuda de esta vía alterna, contemplada en los planes viales de los años 50.

2) El proceso de concertación del proyecto no ha tenido la suficiente comunicación y concertación por parte del Área Metropolitana, lo cual viene produciendo inconformismo y reparos con la obra.

3) Ante esta ausencia de información, es necesario dar cumplimiento al decreto 330 de 2007 que estipula la realización de una audiencia pública donde se conformará una veeduría que vigile el desarrollo de los trabajos. “Las obras deben estar soportadas en un equilibrio de ideas entre urbanistas y ambientalistas y deben respetar el principio del desarrollo sostenible”, concluye el Concejal.

Concepto de la Inspección de Policía 14A
“Zambia opera de manera legal, porque cuenta con la licencia de la Curaduría Tercera, porque su negocio corresponde a los usos del suelo del lugar, además están acreditados con el certificado de condiciones sanitarias”, afirma Ahída Ladino, Inspectora de Policía 14A. En esos términos, el año pasado, la funcionaria comentó que el spa opera en un corredor de cobertura barrial, es decir, un espacio donde pueden converger diversas actividades comerciales. De igual manera, Zambia -como se conoce desde antes- está habilitado para ejercer comercialización al por menor de peces, aves, perros y gatos. Sin embargo, aunque los papeles estén en regla, los afectados por el ruido preguntan: ¿Dónde quedaron las mediciones de ruido anunciadas desde 2006?

No hay quién mida el ruido
“Se solicitó al Área Metropolitana hacer las mediciones correspondientes, pero aseguraron que no les correspondía realizarlas porque el despacho competente era la Secretaría de Salud”, explica la Inspectora 14A. A su vez, Alejandra Hoyos, Asesora Jurídica del Área Metropolitana, afirma que a esa entidad ambiental no le corresponde ejecutar esas mediciones en el centro de mascotas, ya que solo puede hacerlo en establecimientos abiertos al público y en empresas donde se genera ruido.

Entonces fue necesario indagar en la Secretaría de Salud y la respuesta también fue desalentadora. Raúl Rojo, ingeniero sanitario de ese despacho comentó que ellos no tienen la competencia para medir el ruido. “Nosotros no disponemos de equipos y personal calificado para medir el ruido en establecimientos y carecemos de un soporte jurídico para hacerlo”.

Por otro lado, según la resolución 627 de 2006, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, en la zonas residenciales y educativas, durante el día, el ruido no puede sobrepasar un tope de 65 decibeles. En horario nocturno, la norma establece que los niveles no pueden ascender más allá de los 55 decibeles.

Un decibel es la unidad de referencia para medir la potencia de una señal o la intensidad de un sonido. Por citar algunas proporciones, el sonido de un avión equivale a 130 decibeles, el ruido producido por una motosierra puede generar 100 decibeles y 60 decibeles son generados en una conversación cotidiana entre dos interlocutores.

Hablan los administradores
Nubia Gaviria administra el Edificio Jamaica y asegura que la situación sigue sin cambios positivos. “A los perros los dejan sueltos y ladran a todas horas del día y de la noche”. Inclusive, dice, un residente grabó un video desde el sexto piso donde se advierte la intensidad del ruido. Comenta que los sonidos son más intensos los fines de semana, pues esos días los dueños dejan a sus mascotas al cuidado de Zambia.

Por su parte, Alexandra Monsalve de Abad Faciolince, Administradora de la Urbanización Pie de Monte, otro conjunto residencial perjudicado, expone que “los copropietarios están desesperados porque ancianos y niños no pueden conciliar el sueño los fines de semana y todo se torna insoportable cuando los perros del edificio responden a los ladridos que provienen del negocio”. Adicional a esto, los copropietarios estudian la posibilidad de instaurar acciones de tutela y una Acción Popular.

La posición de Zambia
Andrés Acosta, dueño del local, respondió en la segunda quincena de diciembre que “el negocio cuenta con una zona cubierta para que los perros duerman y entren de 7:00 p.m. a 8:00 a.m. Ningún perro duerme afuera en la terraza (por el frío). Todas las mascotas duermen en un área especial, insonorizada en los bajos del almacén…”. Hasta el cierre de esta edición, Vivir en El Poblado intentó dialogar de nuevo con el propietario o con una persona autorizada para ello, pero fue imposible establecer algún tipo de contacto, pues Andrés Acosta se encuentra fuera del país, según dijeron en su negocio.

¿Quién solucionará esta problemática de convivencia? Por ahora, la respuesta está perdida en el aire.

En otras palabras, esos proyectos urbanísticos llevan a que tanto viviendas como locales, alcancen altos índices de valorización en el metro cuadrado. De esa manera, para algunos propietarios de negocios, esos cambios en la propiedad horizontal llevan a una inevitable alza en los cánones de arrendamiento; no obstante otros piensan lo contrario.

Opinión del Comité Cívico
“La situación es positiva para los propietarios de las bodegas, porque sus propiedades se valorizan; pero es motivo de preocupación para los arrendatarios, porque los cánones de arrendamiento tienen alzas exorbitantes”, comenta Claudia González del Comité Cívico del Barrio Colombia. Inclusive, dice, en una propiedad, las tarifas tuvieron un incremento del 22 % y conoce otros casos en los que se presentaron alzas del 17.5%.

Por otro lado, para Jorge Betancur, Gerente de Formacol, desde sus inicios industriales, el barrio ha sufrido una suerte de indiferencia estatal, pues las fábricas y el propio Comité Cívico se vieron obligados a construir las redes de alcantarillado, sin ningún tipo de ayuda municipal. Con el mismo fin, conformaron convites industriales cuyo objetivo fue pavimentar las vías del vecindario. Cuando empresas grandes como Argos se trasladaron para otros sitios, dice, destinaron esos terrenos para adelantar proyectos urbanísticos. Sumado a esto, los Planes de Ordenamiento Territorial habilitan al sector para realizar en él un desarrollo mixto, donde hay cabida para lo residencial y lo empresarial. “Entonces ese desarrollo hace que la pequeña y mediana empresa también salga del barrio porque es imposible pagar los cánones de arrendamiento, si se tiene en cuenta que el metro cuadrado tiene un costo de 1.300.000 pesos”, opina Betancur. Adicional a esto, ya no es evidente una fuerte vocación industrial, porque la gente genera negocios comerciales con la finalidad de prepararse ante la avalancha de clientes de las futuras unidades residenciales.

Voces opuestas
Willer Agudelo es arrendatario de un local desde hace 8 años, donde presta servicios de mecánica automotriz. “Me traslado para otra parte porque es insostenible pagar 3 millones y medio de pesos mensuales, además para la propietaria es un pésimo negocio mantener este espacio”, se refiere al exponer su situación. Averiguó por una bodega cercana a su negocio, pero le exigían un arrendamiento de 30 millones de pesos mensuales y ahora busca locales en Guayabal, donde los arrendamientos se ajustan mejor a sus ingresos.

Caso contrario ocurre con el taller de mecánica de Alberto Trujillo. En su opinión, el contrato de arrendamiento que se vence en julio, tendrá un alza normal del 10%. “Yo no me pienso mover de aquí porque esta es una buena plaza de trabajo; además solo pago 1.400.000 pesos por arrendamiento y servicios públicos”.

Por su parte, Escenario Producciones, una empresa de eventos, alquila un local desde hace dos meses en Barrio Colombia. Francy Hincapié, Asistente de Gerencia, opina que el arrendamiento es moderado y corresponde a la valorización del sector. “Antes en una bodega de San Diego, pagábamos 3 millones de pesos, aquí pagamos 5, lo cual no me parece descabellado”.

En síntesis, la valorización, es una palabra que gana adeptos en el antiguo barrio industrial, pero también es un vocablo de desaprobación entre algunos arrendatarios, que buscan oportunidades en otros lugares de la ciudad.

Los propietarios de Barlovento aclaran que ellos no hacían parte de la organización del concierto del 13 de abril, y que en su establecimiento se cumplen las normas vigentes. La Secretaría de Gobierno explica que el proceso legal por los hechos de ese viernes trágico sigue abierto.

¿Por qué se ordenó la reapertura?
La Secretaría de Gobierno ordenó el cierre del local y explica su reapertura por motivo de un recurso que se entabló de parte de los propietarios de Barlovento contra la resolución del cierre. Además, “la Alcaldía revocó la decisión que había tomado, entre otros elementos, por un video que se realizó durante el evento”, informó Jesús María Ramírez Cano, Subsecretario del Orden Civil, quien asegura que la filmación demostró que mientras transcurrió el concierto no existió desorden alguno y tampoco hubo consumo de licor ni de drogas.

El proceso continúa
Jesús María Ramírez aclara que, no obstante, el proceso legal sigue su curso: La falta de claridad por el tipo de información que se suministró de parte de los organizadores del concierto, es causa de una multa que debe pagar Barlovento, porque contravino las normas al mal informar sobre el costo de la boletería, comunicar que el evento era con un DJ, lo que además de ser falso, obviaba el tipo de público que asistiría al evento. Agrega el funcionario que esto ya se le hizo saber a los propietarios.

Acatar la Ley
En la Ley 232 de 1995 se explica que cuando el evento es ajeno a las actividades habituales del establecimiento, el organizador deberá solicitar un permiso especial a la Secretaría de Gobierno, y especificar las características del espectáculo o actividad, notificar el cobro de la boletería, y obtener un certificado por parte de los bomberos, encargados de determinar la cantidad de personas que podrán ingresar al establecimiento.

Vale la pena recordar dos de las recomendaciones que se plantearon en la edición de la segunda quincena de abril de Vivir en El Poblado: “Es de gran importancia que el sitio seleccionado tenga la infraestructura necesaria para acoger el público objetivo del evento. Al solicitar el permiso al Municipio escriba datos veraces y correspondientes a la verdadera naturaleza del evento, así podrá evitarse sanciones”.

Los requisitos
De acuerdo, con la Inspectora 14B, Ana María Arredondo, el primer requerimiento que debe tener en cuenta una discoteca o recinto que pretende realizar un evento es acatar la Ley 232 de 1995, que señala que todo establecimiento comercial está obligado a cumplir con las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación, destinación de las ganancias, y en el caso de ejecutar públicamente obras musicales, a realizar un pago a Sayco-Acinpro por derechos de autor.

Cuando el evento es ajeno a las actividades habituales del establecimiento y la cantidad de asistentes iguala o supera las 400 personas, el organizador deberá solicitar un permiso especial a la Secretaría de Gobierno en el que tendrá que especificar las características del espectáculo o actividad, notificar el cobro de las boletas a la Secretaría de Hacienda y obtener un certificado por parte de los bomberos, quienes son los encargados de determinar, entre otras cosas, el aforo del recinto. “En nuestras visitas, realizamos un recorrido por el lugar en el cual revisamos todos los aspectos relacionados con las condiciones y medidas de seguridad… detalles como las rutas de evacuación o la tenencia de extintores”, afirma Omar Laverde, Encargado de Prevención, del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

El papel de la Policía
Una interrogante que queda en el aire tras el penoso hecho sucedido en el Parque de El Poblado, es cuándo y en qué tipo de eventos es pertinente y necesaria la intervención de la Policía. “Nosotros intervenimos cuando se presentan riñas, actos que alteran el orden público o si el organizador o propietario del local lo solicita ante el Comando”, manifiesta el Comandante de la Estación de Policía de El Poblado, mayor Luis Peralta Lizcano, quien aclara que las medidas severas de control, como el uso de las unidades antimotines, solo son utilizadas en casos extremos en los que grandes multitudes reaccionan violentamente frente a la intervención y órdenes de las autoridades.

Controles en El Poblado
Según Ana María Arredondo, en El Poblado las razones más comunes para detener eventos o sancionar a los establecimientos, son la violación de los límites de ruido, del horario permitido, y la presencia de menores de edad en espectáculos para adultos. Por otra parte, el mayor Peralta afirma que los disturbios en El Poblado, por causa de eventos, son casi inexistentes y que generalmente el máximo problema que deben afrontar son pequeñas peleas aisladas sin daños significativos para los negocios o los involucrados.

Recomendaciones para organizadores
• Es de gran importancia que el sitio seleccionado tenga la infraestructura necesaria para acoger el público objetivo del evento.
• En el eventual caso de tener que cambiar de recinto del evento, busque alternativas similares y notifique los cambios a la Secretaría de Gobierno.
• Al solicitar el permiso al Municipio escriba datos veraces y correspondientes a la verdadera naturaleza del evento; de este modo podrá evitarse sanciones. 

El diagnóstico.
“La definición de microcuenca va mucho más allá de la simple quebrada. También estudia los componentes que deterioran los recursos naturales; es un espacio físico definido donde convergen quebradas que desembocan en un afluente principal”, explica Claudia Campuzano, ingeniera civil del CTA.
La Presidenta nace en el corregimiento Santa Elena y desemboca en el Río Medellín. La fuerza de su corriente se deja sentir en los barrios Manila, Astorga, Patio Bonito, Castropol, Lalinde, El Poblado, La Florida, Las Lomas 1 y 2, La Asomadera 2 y 3, El Tesoro, Altos de El Poblado y Los Naranjos. Fue escogida como epicentro de acción, porque es el afluente con las problemáticas ambientales más apremiantes de la Comuna 14 y hace parte de un proyecto de intervención ideado por el Área Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente, para resolver la situación de 8 microcuencas de la ciudad.

Problemáticas ambientales de La Presidenta
Por razones metodológicas, la quebrada fue segmentada en tres tramos: parte baja, desde el río Medellín hasta la Transversal Inferior, de donde parte una zona media hasta la Vía Las Palmas. Por último se detalló una parte alta que toca el filo de la montaña en zona rural de Santa Elena.
“Gracias a esa clasificación, fijamos a las partes intermedia y alta, como los lugares de menos cobertura en el saneamiento, porque son espacios que en algunos casos carecen de alcantarillado” sostiene Campuzano. También se presenta una reducción considerable en los retiros de la quebrada, configurados como zonas de amortiguación frente a posibles inundaciones. Dichas porciones de tierra, desde 1976 se han reducido en un 57%. En ese sentido, inventariaron 102 estructuras puntuales, es decir puentes. Presentan en su mayoría insuficiencia hidráulica, una carencia que podría acarrear inminentes desbordamientos de quebradas en el sector.
Por otro lado, cuando la Presidenta serpentea por El Poblado, recibe 309 vertimientos de aguas residuales, es captada 60 veces para cuestiones de consumo, sobre todo en la zona rural y abastece a 15 lagos y lagunas.
Pero ¿cuáles son los sitios más afectados debido a la acción humana? Sitios como Manila, Las Loma 1, Los Naranjos y Astorga, presentan anomalías en materia de erosión y hundimiento en los muros de canalización. También hay acumulación de sedimentos, basuras, trapos y escombros.
Una vez definidos los problemas, escogen los proyectos que ejecutarán de manera integral, para no incurrir en soluciones puntuales e incompletas. “Normalmente, la comunidad solicita el arreglo de una porción de la quebrada… esto puede traer problemas en la zonas inferiores y superiores del afluente”, dice la ingeniera. En su opinión, un proyecto de este tipo puede tener viabilidad y continuidad, siempre y cuando tenga suficiente acompañamiento por parte de la comunidad de las áreas de influencia.
Se cuenta con la participación a fondo de los líderes barriales, juntas de acción comunal y los grupos culturales de la zona de influencia. A su vez, la continuidad en las próximas administraciones municipales, está supeditada a un plan operativo, acompañado de seguimiento y control a través de cronogramas, donde estén designadas con antelación las fechas para entregar los proyectos.
Para tal efecto, el 18 de marzo pasado crearon una veeduría ciudadana que vigilará el proyecto. Uno de sus integrantes es Carlos Arturo Mesa, coordinador cultural de la Junta de Acción Comunal de Manila. Opina que “los líderes comunitarios están dispuestos a capacitarse en temas ambientales, por eso, el 22 de abril, realizaremos una caminata a lo largo de la quebrada, para así determinar los puntos más críticos en materia ambiental”.
Llevar este plan a feliz término está sujeto al compromiso de la Administración Municipal y de las comunidades beneficiadas.  

La Policía y Une
“Ellos vienen impartiendo charlas de capacitación a nuestros agentes para identificar los tipos de cable y cuales son susceptibles de ser hurtados”, comenta el Mayor Peralta. Por otro lado, cuando los agentes transitan las calles y observan a empleados de Empresas Publicas trabajando en las vías, tienen instrucción de registrarlos y verificar si realmente trabajan para la entidad.

Las cifras del flagelo
Según datos aportados por Une Telecomunicaciones, durante 2007 se han presentado 31 hurtos de cableado telefónico en el barrio El Poblado, correspondiente al 17.5% del total de robos que se presentan en Medellín. A su vez, los sectores más afectados en el sector son las Lomas de Los Balsos y la de Los González, la vía Las Palmas y los barrios San Lucas y Castropol. En aras de comprender la magnitud del problema, es pertinente conocer que en la ciudad, en 2006, se registraron 903 hurtos, en los que 25 toneladas de cobre fueron sustraídas de las redes. Por esas acciones, alrededor de 128 mil instalaciones telefónicas estuvieron aisladas. En lo corrido del año, las cifras son desalentadoras, porque hasta el 11 de abril, se presentaron 167 robos que arroja un saldo preocupante de 44.872 líneas telefónicas aisladas y 179.488 usuarios afectados. Eso se traduce en el hurto de 6 de toneladas de cobre en 4 meses.

Las unidades residenciales no se salvan
En diciembre de 2006, en horas de la madrugada, delincuentes aprovecharon la poca visibilidad de la portería en la Urbanización Torres de Hungría, para robarse el nombre de la unidad, forjado en cobre, letra por letra. Otro caso fue el de la Urbanización Gales. “El 19 de marzo, a las 5:00 a.m., un indigente pasó cerca de la portería y se paró cerca del letrero, entonces a mi compañero le pareció muy sospechoso y llamó a las autoridades que lo capturaron bajando por el Campestre con un costal cargado de letras de cobre, pues ya había hecho robos en otras unidades”, recuerda Juan Pablo Martínez, portero de la unidad residencial. Por otro lado, el Mayor Luis Fernando Peralta explica que algunos indigentes actúan solos y sin tener la complicidad de bandas organizadas. “Este flagelo solo se puede solucionar con la colaboración de los ciudadanos, esa es la única manera de frenarlo”, concluye el oficial. 

Cabe preguntarse ¿Cómo se prepara la Estación de Policía para evitar un ataque enemigo? El Mayor Luis Fernando Peralta responde estas inquietudes.

Medidas de prevención
“Pedimos a nuestros vecinos que tengan paciencia, sean colaboradores y entiendan las medidas de control que estamos tomando”, expresa el Mayor Peralta, al referirse a las restricciones para circular por la carrera 43B y la calle 12, vías adyacentes a la Estación de Policía. De esta manera se restringe el acceso en los alrededor y se ubicaron una barreras de seguridad en forma de zigzag.
Estas restricciones a la movilidad están sujetas a un censo que agentes de La Policía adelantaron en Manila, con el fin de anotar las placas de los vehículos de los residentes. Entonces, si alguien desea transitar por estas vías, un agente debe verificar si las placas figuran en la lista del censo, de lo contrario, el conductor debe tomar vías alternas.
“Nuestros vecinos conocen las consecuencias letales de un ataque terrorista y por eso han estado dispuestos a colaborar con el tema de la movilidad”, dice el oficial.

Vigilancia y red de cooperantes
Los agentes de Policía realizan vigilancia y monitoreo permanente en toda la Comuna 14, en sitios vulnerables como torres de energía, acueductos y viaductos. También disponen de una red de informantes en Manila que posee líneas telefónicas directas con ellos e informan sobre movimientos sospechosos en el sector. “Afortunadamente no hemos recibido amenazas de ningún tipo y continuamos desarrollando nuestro trabajo sin contrariedades”, concluye el Mayor Peralta. 

En la Avenida El Poblado Metroplús tendría la demanda de pasajeros requerida por el sistema, inexistente en la Avenida 34, según los resultados de los estudios preliminares hechos al respecto.

La pretroncal tendrá una extensión de 7 kilómetros aproximadamente, en los cuales estarán distribuidas 12 estaciones; lugares que serán localizados en el separador central de la vía y cuyo número y ubicación podría variar según la respuesta y observaciones que el Metroplús reciba del Conpes, posiblemente en mayo. Los buses comenzarán su recorrido en los límites de Envigado, luego seguirán por la Avenida El Poblado, posteriormente bajarán por la calle 30, para finalmente concluir su trayecto en la estación Industriales del metro, la cual funcionará como sitio de integración de varias rutas del sistema.
Aunque el costo total del proyecto aún no se conoce, lo que sí es seguro es que así como en los otros tramos del Metroplús, el Gobierno Nacional será el encargado de financiar el 70 por ciento de las obras, mientras que el Municipio aportará el 30 restante.

Por la Avenida El Poblado
Así mismo, las directivas del Metroplús explican que la razón por la cual extendieron el trayecto de la pretroncal, de la 12Sur hasta la 30, es la oportunidad de poder movilizar un mayor número de pasajeros y de prestar un servicio más completo.
De otro lado, las intervenciones no afectarán las obras ya realizadas para el Paseo Urbano de la Avenida El Poblado, debido a que la Empresa de Desarrollo Urbano, Edu, desde antes de iniciar el proyecto tuvo en cuenta los espacios que se necesitarían para los trabajos del Metroplús. Así mismo, las obras en esa zona tienen como único objetivo la construcción de las estaciones de la pretroncal, proceso que no requiere de la intervención de las vías. Igualmente, las directivas del Metroplús han determinado que sus buses utilicen las calzadas existentes, desplazándose por un carril preferencial, más no exclusivo, en el que compartirán la vía con el tráfico regular.

No por La 34
Sobre el desarrollo de un tramo paralelo a la Avenida 34, proyecto anunciado por la Alcaldía hace cinco años, voceros del Metroplús aclaran que no ha sido cancelado sino que ahora pertenece a una etapa más avanzada del proyecto. Así mismo, aclaran que la nueva pretroncal no es competencia del metro; al contrario, esta ha sido diseñada de tal forma que el flujo de pasajeros de este último aumente notablemente.
De igual manera, el impacto que tendrán las intervenciones para los comerciantes y para el medio ambiente solo podrá ser determinado después de que el Gobierno Nacional apruebe la financiación del proyecto. También es importante mencionar que una vez el Conpes dé el visto bueno a la obra de la pretroncal, el equipo de gestión social del Metroplús visitará las casas y negocios cercanos a los trabajos. Así mismo, organizará reuniones informativas periódicas con la comunidad sobre los avances de las obras.
Todavía falta para la primera palada.

Inspecciones y visitas
“Con esta norma, las urbanizaciones deberán dotar estos lugares con salvavidas, botiquines y letreros donde se anuncie una profundidad que no exceda 1.50 metros”, asegura Raúl Rojo, ingeniero sanitario de la Secretaría de Salud. Pero el cuento no termina ahí y apenas es la punta del iceberg, porque la idea es controlar hasta el mínimo detalle del uso de las piscinas, por medio de disposiciones que en principio pueden sonar rigurosas.
Por su parte, la formulación de las nuevas normas de seguridad, obedece a inspecciones y visitas a piscinas en todo Medellín, adelantadas por esa dependencia del Municipio, en el segundo semestre del año pasado. Hasta la fecha, ha hecho un registro de 250 piscinas y faltan otras 315 por inspeccionar.

Puntos relevantes del decreto
Ahora bien, una de las primeras exigencias es separar las piscinas para adultos, de aquellas diseñadas con menores proporciones, donde juegan los menores de edad.
No obstante, surge una inquietud ¿Cómo segmentarlas si comparten el mismo sistema de funcionamiento y de motores? La Secretaría de Salud indica que pueden compartir la circulación de agua, pero es una obligación dotarlas de barreras protectoras que impidan el acceso de niños a la zona de adultos. Más aún, cuando por cuestiones de diseño, existen desniveles entre las piscinas, que pueden motivar accidentes inminentes.
Por otro lado, las urbanizaciones están obligadas a regular el acceso a las piscinas, con la construcción de un cerramiento alrededor de estos espacios y a limitar las horas de uso. Por eso, Rojo al explicar la normatividad, asegura “que en aquellos momentos cuando la piscina no está siendo utilizada, operarán sistemas de alarmas sumergibles en el agua”. Estos mecanismos alimentados con energía solar o baterías y habilitados con un sistema de fotoceldas, serán instalados con el fin de detectar la caída de objetos y así prevenir accidentes en horario nocturno.
Por más exagerado que parezca, los baldosines oscuros en el fondo de estas estructuras, deberán ser removidos por las administraciones de cada unidad y disponer de materiales claros, aptos para tener visibilidad de los bañistas.
Sin embargo, este punto del decreto genera controversias en los administradores que ese muestran contrarios a esta medida. Es el caso de Ana María Múnera, administradora de las urbanizaciones Aromas, Bahía Alta y Jardines de la Sierra. En su opinión, “cambiar los baldosines en piscinas nuevas, implica costos muy altos para los copropietarios”.
Así mismo, los controles también están enfocados a la labor realizada por el personal de mantenimiento, pues se crearon requisitos para ejercer este tipo de trabajo. Deberán capacitarse en un curso de operación y mantenimiento, en centros educativos que dispongan de permiso legal, expedido por la Dirección de Salud Seccional de Antioquia. “El personal idóneo para realizar el mantenimiento, deberá certificar ante la Secretaría que recibió 51 horas en charlas teóricas y en actividades de práctica”,  sostiene Rojo sin vacilaciones.
           
Reportes sanitarios.
Según el decreto 398 de 2007, los administradores tienen la obligación de medir los niveles de ph y de cloro. Por otra parte, cada 30 días, también deberán realizar un reporte microbiológico que permita identificar la presencia de microorganismos nocivos, de heces fecales y así estudiar la efectividad de los desinfectantes utilizados en las piscinas. No se puede dejar a un lado un estudio micológico para contrarrestar la acción    de hongos, susceptibles de afectar la piel de los usuarios.

Opinan las administraciones
Dora María Herrera de Abad Faciolince S.A, no está de acuerdo con la minuciosidad de las regulaciones. “Si uno se somete a todos los puntos del decreto, es mejor cerrar las piscinas, por los altísimos costos que implica cumplirlos, además nuestras piscinas tienen muy poca demanda de usuarios”, opina la administradora de las urbanizaciones Los Arrayanes y Jardines de Castilla Real. No obstante, desde 2006 Abad Faciolince ha establecido contactos con entidades especializadas en materia sanitaria, para tener la posibilidad de cumplir con los reportes sanitarios.
Carmenza González de Aceis Ltda, considera una medida extrema la instalación de lavapiés, pero observa con buenos ojos la adecuación de las alarmas que pueden prevenir muchos accidentes.

Administradores a tomar nota de estos detalles, porque estos espacios de relajación, lugares predilectos para el bronceado en épocas de verano, deberán estar adecuados con las nuevas disposiciones, a más tardar, en dos meses. 

Las secretarías de Cultura Ciudadana, Obras Públicas y Tránsito pondrán en marcha Una Buena Parada, campaña que comenzará la próxima semana, y que pretende sembrar respeto y cariño en la ciudadanía por estos puntos de espera.

Un compromiso inexistente
“Más vale tarde que nunca”, es un refrán popular que podría aplicarse a la tardía pero necesaria campaña Una Buena Parada, porque es evidente que la mayoría de los problemas que han y continúan afectando a los paraderos tienen su origen en el poco sentido de pertenencia que generan estos en los conductores de bus y pasajeros.

Los choferes de bus recogen pasajeros en lugares que no son los paraderos, pese a encontrarse cerca alguno de estos sitios. De acuerdo, con Jaime Sánchez, de Autobuses El Poblado S.A, esta situación sucede en gran parte por la considerable distancia que existe entre algunos de ellos y a la falta de los paraderos tipo poste, puntos de espera intermedios que facilitan la recolección de pasajeros.
Según el concejal Federico Gutiérrez, quien ha sido el impulsor de varios debates sobre los paraderos, otro de los inconvenientes es que a “los conductores de buses poco les importa ser sancionados por no parar en los paraderos, porque no les presionan para cancelar las multas acumuladas”. La Secretaría de Tránsito parece coincidir con las apreciaciones del concejal Gutiérrez, ya que el próximo miércoles comenzará una campaña en los paraderos en la que agentes amonestarán públicamente y aplicarán fuertes sanciones a todos los conductores infractores.

Vandalismo y robos
Los robos y los atentados a los paraderos han sido una constante desde su instalación. Según Carlos Arango, Gerente de Cas Mobiliario, aunque el Municipio y la Policía han colaborado efectivamente en su cuidado y protección, la vigilancia de los paraderos es una labor muy complicada.
La Secretaría de Obras Públicas informa que la zona en la cual se ha registrado un mayor índice de vandalismo corresponde a El Poblado, concretamente en la vía Las Palmas, las transversales, la Avenida Las Vegas y la Avenida Los Industriales.

Los particulares y los taxis
Pero no solo los pasajeros y los buseros necesitan de una buena dosis de cultura ciudadana, los conductores particulares y taxistas también son protagonistas en el mal uso que se le está dando a los paraderos, pues utilizan las bahías de estos sitios para estacionarse o recoger personas. De igual manera, Federico Gutiérrez considera que esta situación resulta aun más grave si se tiene en cuenta que existe un gran número de paraderos que necesitan urgentemente ser dotados de bahías para su buen funcionamiento.