No hay acuerdos por la Vía Distribuidora

Una vez inicien los trabajos, el Área Metropolitana promete que fijará horarios de trabajo que no perturben a la comunidad en horas de descanso. De igual manera, quedaría restringido el ingreso y la salida de volquetas y maquinarias en horas pico.

Vivir en El Poblado informó en la segunda quincena de marzo sobre una acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos ante el Juzgado 28 Administrativo. Esa acción legal está en curso; no obstante estudian otros recursos jurídicos para frenar la obra. En la otra orilla, Álvaro Restrepo, Subdirector de Proyectos del Área, defiende los alcances del proyecto y explica cómo se va a desarrollar la primera etapa del mismo. A su vez, por ser un asunto donde está en juego lo público, el concejal Carlos Chaparro, citó a un debate el 29 de abril en el que participaron las partes en juego.

Posición del Área Metropolitana
Afirma el Área Metropolitana que la Vía Distribuidora está concebida para solucionar el problema de saturación vehicular de la Avenida Regional que influye de manera negativa en la movilidad de El Poblado. Tiene un costo de 25 mil millones de pesos, cuenta con licencia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y contempla la adecuación de tres carriles aledaños a la Regional, dividida de la nueva vía, por un separador desde Zúñiga hasta Argos. En pocas palabras, es una intervención que se extiende en una zona verde 35 mil metros cuadrados. “Es una obra beneficiosa que permitirá descongestionar una vía con síntomas de inestabilidad, pues en un día laboral se pueden desplazar 63 mil vehículos, lo cual desborda su capacidad”, expone Álvaro Restrepo.

Por su parte, esta primera etapa de 17 mil millones de pesos,va desde la quebrada Zúñiga hasta la calle 14, trazada entre el Centro Comercial Monterrey y el edificio del Seguro Social. Sin embargo, su construcción deberá sortear toda suerte de obstáculos técnicos como el traslado de 19 torres de energía ubicadas en el perímetro de la obra.

Ahora bien, ¿cuál será la empresa encargada de construir esta nueva vía? El 27 de abril fue seleccionado el Consorcio Vial Distribuidora, compuesto por la empresa liderada por Martha Lilia Tabares y la Firma TNM Ltda.

1.855 árboles nuevos
La concertación ha sido un verdadero dolor de cabeza para la entidad, desde el anuncio del proyecto en el 2006. “Los grupos ambientalistas están sobredimensionando los impactos ambientales y comenten errores con las cifras de árboles talados”, explica el Subdirector de Proyectos Metropolitanos. Asevera que en el sector se inventariaron 1.670 árboles, de los cuales 371 serán talados y 417 se reubicarán en espacios cercanos a la nueva vía. De esta manera, por cada árbol suprimido, dice, sembrarán otros 5, para un total de 1.855 árboles nuevos. Al mismo tiempo, para Restrepo, los terrenos nunca estuvieron contemplados como un parque, ni un bosque y corresponden mejor, a una reserva para la adecuación de una futura autopista que fue estudiada desde el plan vial de 1959. “Nadie reconoce nuestro esfuerzo por generar 28 mil metros cuadrados nuevos de zonas verdes, en separadores, entre las calles 10 y 34”, sostiene el funcionario.

Las discrepancias
“La obra se debe ejecutar desde Monterrey. Así evitaríamos la tala de un bosque compuesto por 1.700 árboles que constituyen todo un pulmón verde de la ciudad”, argumenta el ambientalista Julio Jiménez, del Grupo Fauna. En ese sentido, los opositores al proyecto se definen como una asociación pacíficaque aboga por la conservación de un medio ambiente sano. Al cortar esos árboles, dice, se estaría anulando una barrera protectora contra el ruido y la polución de una de las vías más transitadas de Medellín.

En esta misma línea de pensamiento, se encuentran las apreciaciones del abogado Adonaí Jaramillo que considera la propuesta contraria a la Constitución Política del 91, porque está amparada en un plan anterior a la promulgación de la Carta Magna.Para este jurista y otros observadores, la Acción Popular podría dilatarse y sería más oportuno interponer una Acción de Tutela que tendría efectos jurídicos más rápidos. “La tutela es viable porque viola el derecho colectivo a un ambiente sano que está estrechamente relacionado con el derecho fundamental de la vida”, defiende Jaramillo. Además, asegura, se vulnera el principio del paisaje como derecho colectivo, estipulado en el decreto 28 11 del Código de Recursos Naturales.

Debate en el Concejo
El concejal Carlos Chaparro citó el 29 de abril, en las instalaciones del Concejo, a una reunión de concertación que arrojó las siguientes conclusiones:

1) En El Poblado existe un serio problema de movilidad que afecta el desplazamiento vehicular y cuya consecuencia es una alta tasa de accidentalidad. La Avenida Regional al ser un eje estructurante de movilidad, necesita la ayuda de esta vía alterna, contemplada en los planes viales de los años 50.

2) El proceso de concertación del proyecto no ha tenido la suficiente comunicación y concertación por parte del Área Metropolitana, lo cual viene produciendo inconformismo y reparos con la obra.

3) Ante esta ausencia de información, es necesario dar cumplimiento al decreto 330 de 2007 que estipula la realización de una audiencia pública donde se conformará una veeduría que vigile el desarrollo de los trabajos. “Las obras deben estar soportadas en un equilibrio de ideas entre urbanistas y ambientalistas y deben respetar el principio del desarrollo sostenible”, concluye el Concejal.