Al cierre de esta edición, y mientras una comisión técnica continuaba investigando las posibles causas de la tragedia, no cursaba ninguna demanda contra la constructora CDO, por el desplome del edificio Space. Las 115 familias damnificadas de Space conformaron un comité jurídico para enfrentar la situación. Esto podría llevarlas a conciliar con la constructora o a realizar con ella un contrato de transacción, lo que evitaría un litigio y sus respectivas consecuencias judiciales. No obstante, en caso de que se tome la decisión de demandar, el panorama sería otro. Sobre esto y otros asuntos hablamos con el abogado y profesor de Eafit, Maximiliano Aramburo.

¿Qué podría pasarle a la constructora CDO en caso de que se le encuentre culpable del desplome de Space?
La primera posible consecuencia es la de una eventual indemnización. Eso sería como resultado, o bien de un proceso civil, o bien de una fase final del proceso penal, en caso de que hubiera responsabilidades penales (podría haberla de alguien que haya cometido una culpa, se podría acusar, por ejemplo, a una persona natural, no persona jurídica, del homicidio culposo de las personas que han fallecido, de las lesiones culposas, aunque estos posibles delitos podrían ser muy debatidos).

Si hay una indemnización por un proceso civil habría que distinguir: hay algunos que serían deudores contractuales de la constructora, aquellos con quienes esta haya celebrado un contrato en virtud del cual se les vendió el apartamento. El artículo 2060 del Código Civil establece una garantía a cargo del constructor por 10 años. Si el edificio amenaza ruina, en todo o en parte, en los 10 años siguientes a la entrega, por vicio de la construcción o incluso por vicio del suelo –que el constructor haya conocido o debido conocer–, es una responsabilidad que está presente y lo obligaría a responder por los daños que sufran los compradores por el desplome del edificio.

¿Cuál sería el plazo de la constructora para responder por ello?
Primero se cuentan los 10 años a partir de la entrega de la obra, lo que pase durante ese tiempo es responsabilidad del constructor, y a partir de ahí corre un tiempo de prescripción de la acción de 10 años. Si no se le demanda antes de diez años, la acción en contra de la constructora prescribiría.

Si hay condena, hay una obligación de la constructora que puede ser exigible a través de un proceso ejecutivo si no paga voluntariamente. Hay un término de pago inmediato porque empiezan a correr intereses moratorios.

¿Y cuánto se podría demorar un tipo de condena de estas?
Eso es muy incierto. Un proceso judicial, como el que podría pasar en el caso de Space, se podría demorar en primera instancia unos cinco o seis años. Es posible que sea más rápido, hay circunstancias particulares. Por ejemplo, hay una cantidad plural de damnificados con origen en una misma causa, entonces podría ser que no fuera un proceso judicial individual, lo que llamamos un proceso ordinario de responsabilidad civil que se inicie hoy; estas acciones de grupo tienen un término que en la ley, en principio, es más rápido, aunque no necesariamente, porque tiene una actividad probatoria más compleja, porque son muchas más personas, más audiencias.

La responsabilidad civil de la constructora puede concurrir con la de quien haya cometido la culpa. Por ejemplo, si se llega a establecer que fue un error en el cálculo, o una mala mezcla, o una mala selección de los materiales en la construcción, quien haya sido responsable de esa mala selección de los materiales, si eventualmente llega a ser condenado penalmente, esa responsabilidad penal también genera la obligación de indemnizar los perjuicios, que concurre con la de la constructora como persona jurídica, que es la que responde por el riesgo en general de la actividad constructora.

¿Es decir, si la culpa es de un trabajador de la constructora, deben responder ambos?
Exactamente. En materia de responsabilidad civil se entiende de manera pacífica que el hecho del dependiente de la constructora (el ingeniero, el obrero) es el hecho de la propia constructora. Por ejemplo, si es un error de cálculo en el diseño de la obra, si es contratado por la constructora para eso, responderían los dos y la constructora no podría decir que es un hecho de un tercero.

¿Si se hallara responsable a un ingeniero, cómo respondería?
Con todo su patrimonio. Comúnmente las responsabilidades son privación de la libertad y, en casos de algunos delitos, multas. Además, penas accesorias, que son la interdicción de derechos y funciones públicas, pero normalmente no es lo más relevante ni lo que se busca. Pero cuando se habla de responsabilidad civil, hablamos de la obligación de reparar todos los daños que se hayan ocasionado, y se responde con todo el patrimonio de la persona que sea condenada, natural o jurídica. Los dos responden de manera solidaria. Si resulta condenada la constructora, esta responde con todo su patrimonio. Los dos pueden resultar condenados, eventualmente.

¿Además de la sanción económica, la constructora podría perder la licencia para construir?
No creo que sea posible impedir que esa persona jurídica siga construyendo, aunque es posible que le impongan sanciones, multas e inhabilitaciones para contratos con el Estado.

¿Se le podrían suspender los contratos vigentes con el Estado?
Tiendo a pensar que no se le puede impedir cumplir con el objeto del contrato en el que se ha comprometido. Lo que puede pasar es que esa entidad estatal va a mirar con lupa cada uno de los procedimientos que lleve a cabo la constructora.

¿Cuál es la responsabilidad civil de la constructora con los que no tiene contrato?
El constructor también debe responder por los daños que sufran personas con las que no tenía contrato, por ejemplo un arrendatario, el vigilante, el vecino al que se le desprenda algún objeto al edificio que amenace ruina y le caiga encima de su casa y le dañe el techo, los obreros que estaban abajo, etcétera. Esa es la responsabilidad civil extracontractual, que obliga a indemnizar daños patrimoniales y extrapatrimoniales que se causen a quienes sufren un perjuicio derivado del colapso del edificio.

¿Y los términos de tiempo?
Diez años a partir del momento del daño para que alguien demande a la compañía. Es imposible decir cuánto va a durar el proceso. Hay juzgados que van un poco más rápido, otros un poco más lentos, así como hay cambios legislativos que inciden en la duración del proceso.

Habitantes y propietarios de Asensi esperan no tener los mismos problemas estructurales de Space pero el drama de la evacuación lo han vivido igual

Residentes de Asensi se unen a través de FB en la página Afectados Asensi Oficial y por grupos en Whatsapp / Foto cortesía Flycam-rc Producciones

20 días antes de la evacuación y colapso de la torre 6 de Space, Vivir en El Poblado recibió a través de Twitter un mensaje de un habitante de ese sector que decía: “en Continental Towers tenemos gran insatisfacción con @CDOConstructora, pasan los años y no hay soluciones. ¿Quién nos ayuda?” .

Habitantes y propietarios de Asensi, unidad vecina de Space en la carrera 24 D y construida por CDO, también han tenido durante años una continua insatisfacción con la constructora para hacer reparaciones: anclaje de balcones, fisuras, pisos desnivelados, acabados en granito sin impermeabilizar, y la piscina, que filtraba agua a los parqueaderos, estuvo siete meses en reparación.

Martha Rendón, al año de haber recibido su apartamento allí, reportó varios problemas a CDO. Cuando finalmente se decidió a vender el inmueble, la constructora le dijo que le haría las reparaciones que faltaban por hacer, en el momento de la venta. Pero ese plan quedó suspendido a partir del sábado en la noche. A través de la vidriera de su balcón vio el desplome de la torre 6 de Space. En medio del pánico y acompañada de sus dos hijos, bajó en plena oscuridad a la calle que estaba llena de escombros. Entre cables y una posible fuga de gas, se dirigió hasta la parroquia del Padre Marianito. Desde entonces Martha ha tenido que reubicarse dos veces. Como sus vecinos, ha regresado en dos ocasiones a su casa para sacar lo que pueda en cinco minutos. “De un día para otro me quedé sin proyecto de vida” dice.

Martha es una de las casi 90 personas afectadas en Asensi. Este proyecto, de 145 unidades en total, con áreas de 36 y 52 m2, recibió la orden de evacuación del Dagrd a pesar de no presentar fallas estructurales previas, y se mantendrá hasta que se determine cómo lo afectó la caída de la torre 6 de Space y cómo la afectará el desmonte de la torre 5 durante los próximos 4 o 5 meses. Los vecinos seguirán reuniéndose esta semana para determinar en qué momento es apropiado hacer un estudio de ingeniería. Ese dictamen técnico determinará si Asensi es habitable, a partir de cuándo, el amparo de pólizas de seguros y con qué recursos cuentan.

El superintendente delegado de Protección del Consumidor, Jorge Enrique Sánchez, asistió a una de las reuniones de vecinos en el Hotel Intercontinental. “Los propietarios de Asensi tienen las mismas posibilidades que los de Space”, aseguró el funcionario, “al organizarse y designar un vocero podrán solicitar medidas cautelares, iniciar acción de protección al consumidor para hacer efectiva la garantía, si estuviera vigente aún”. Tal vez no sea sencillo pues al cierre de esta edición la Superintendencia de Industria y Comercio continuaba encontrando dificultades en su solicitud de suministro de información a CDO sobre atención a quejas y sobre el manejo “de todo este asunto, porque esto no se dio de un día para otro; hasta donde sabemos hay unos antecedentes y eso es lo que queremos indagar”, explicó el delegado. Entre tanto, Vivir en El Poblado intentó varias veces comunicarse con los representantes de CDO, pero las razones y mensajes no fueron respondidos.

Pero el grupo de residentes y propietarios de Asensi, liderado por Patricia Montoya, está organizado y marchando. Desde el sábado y hasta el martes, habían logrado alojar a cinco familias que no tenían donde reubicarse, lograron hacerse reconocer como damnificados y así suspender el cobro de servicios públicos y prediales, llegaron a un acuerdo con los abogados de CDO para auxilios de manutención mientras se mantenga la orden de evacuación, y lograron retirar 18 de los 41 vehículos que permanecían en los sótanos.

Los vecinos afectados son más
La unidad residencial Olivares, ubicada en la carrera 25, tiene 15 casas habitadas, con áreas de 400 y 600 m2. También recibió orden de evacuación del Dagrd por su cercanía a las torres de Space y para evitar el tránsito de carros. Sus habitantes también han tenido mínimo acceso a las viviendas para retirar lo que puedan en pocas maletas.

Las unidades Interclub y Continental Towers, ubicadas sobre la carrera 24 D A, no fueron evacuadas. No obstante, como otras unidades del sector, inquietas por los daños que pudiere ocasionar el colapso en Space, los propietarios de Continental Towers buscarían un estudio de ingeniería, privado, que evalúe su estructura, aseguró un habitante de Space y dueño de una propiedad en Continental Towers.

Desde el momento de la tragedia se abrió la cuenta en Twitter @unidosporspace, que ya cuenta con 3.233 seguidores, y una cuenta en Facebook con el mismo nombre, que alcanza los 13.335 “likes”

De manera contundente, los damnificados por la tragedia ocurrida en la urbanización Space manifiestan que, aunque pudieran, no quieren volver a ocupar sus apartamentos. Y no es para menos, la torre 6 desplomada, y la 5 en inminente riesgo de caer, son motivos más que suficientes para no querer regresar. Aun sin vivienda y sin la certeza de qué pasará hacia adelante, los habitantes de Space dan muestra de lo que significa verdaderamente trabajar en equipo.

Tras la noche del 12 de octubre, cuando colapsó la torre 6, y el inmediato desalojo de la torre 5, los residentes de Space decidieron, juntos, hacerle frente a la situación. Era necesario entonces nombrar un representante y todos votaron por Santiago Uribe, antropólogo, también propietario -junto con su esposa- de dos apartamentos en las torres 5 y 6. Desde entonces ha sido quien ha llevado la vocería de los damnificados.

En cada reunión, se ha evidenciado el trabajo en grupo de las 115 familias afectadas. Es fácil advertir que están anteponiendo los intereses grupales a los personales, han creado canales claros de comunicación a través de representantes de cada una de las torres afectadas y han dado por norma básica que la palabra del otro se respeta. “Hagamos el ejercicio de escuchar, oigamos inicialmente lo que tenemos que decirnos y luego expresemos nuestras inquietudes”, dice Santiago con voz enérgica, mientras el auditorio temporal en el Hotel Intercontinental entra en silencio y acata el llamado.

Conjuntamente con las autoridades locales han implementado protocolos que han permitido que los afectados, en total 551 personas, puedan sacar de sus viviendas unas pocas pertenencias, y retirar de manera controlada sus vehículos.

Cuando han pasado 5 días de la tragedia, tienen al frente la tarea más difícil: llegar a un consenso sobre la firma de abogados que los representará en el proceso que se avecina contra la constructora Lérida CDO S.A. Sin embargo, una vez más dan muestra de lo que significa aquello de “la unión hace la fuerza”, porque a través de la conformación de un comité jurídico, integrado por los mismos habitantes de Space, darán a conocer al resto del auditorio los posibles candidatos. El profesional o grupo de profesionales que escojan para que los represente ante la constructora, deberá presentarles una propuesta de la ruta a seguir.

Hay varios aspectos claros tras el colapso de la torre 6 de Space. La realidad es que hay en total 627 personas afectadas (561 de Space), sumadas a 53 de Asensi y a 23 de Olivares, dos unidades que fueron evacuadas por el posible colapso de la torre 5.

Es un hecho también que las labores de rescate y atención, que hoy se adelantan con un personal de aproximadamente 200 personas, han debido ser cautas, dados los peligros a los que se enfrentan. Por eso aún siguen 10 personas desaparecidas bajo los escombros.

Es precisamente ese riesgo de lo que pueda pasar en la zona, lo que motivó la decisión de desmontar la torre 5. “Hubo una comisión técnica integrada por Integral, la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia y las universidades del G8 del Municipio (que tuvieran Escuela o Facultad de Ingeniería), en la que se indicó que no puede haber demolición ni implosión de esa torre (la 5), porque no hay condiciones para poner explosivos y no se podría controlar hacia donde caerían los escombros”, explicó la alcaldesa (e) de Medellín, Claudia Restrepo.

Este desmantelamiento de la estructura, según indicó la funcionaria, “tomará entre 4 y 5 meses, se hará fragmentando piso a piso el edificio y será responsabilidad de la constructora, aunque con acompañamiento municipal”.

Los análisis de esta mesa de trabajo proponen además que antes del inicio de ese proceso se intente una estabilización temporal del edificio, para que los socorristas arriesguen menos su vida. No obstante, mientras se investiga esta alternativa, los organismos de rescate seguirán en estas condiciones de riesgo sin que haya cómo mitigarlas.

Dudas
Así como hay unos hechos y unas decisiones, se han planteado públicamente serios cuestionamientos que esperan pronta respuesta. Por ejemplo: ¿Por qué Carlos Alberto Ruiz, curador segundo, tiene un apartamento por leasing en Space (209 de la torre 4) y su esposa compró otro en Asensi, siendo él, al mismo tiempo, quien aprobó las licencias de varias torres del edificio epicentro de la tragedia?, ¿por qué –tal y como lo preguntó la hermana del joven fallecido Juan Esteban Cantor– los parqueaderos no estaban con prohibiciones para transitar por allí tras la orden de evacuación?, ¿por qué la constructora CDO desconoció dicha orden e ingresó un grupo de trabajo que terminó sepultado?, ¿por qué había un vigilante, que a la postre resultó herido, haciendo ronda por la torre evacuada?, ¿por qué un reconocido ingeniero calculista como Jorge Aristizábal aseguró en representación de CDO que no había ningún peligro de colapso?

Otra de las preguntas se dio en el debate sobre responsabilidades urbanísticas de los constructores, liderado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, el miércoles 16 de octubre. Esta tiene que ver con los controles de las autoridades a las “irregularidades e ilegalidades que han venido realizando estas constructoras en toda la ciudad”, según la denuncia del citado corporado.

La última pregunta es, obviamente, la importancia de esta tragedia para las discusiones que se vienen dando acerca del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Tal y como lo reconoció el director de Planeación de Medellín, Jorge Pérez, “el tema nos preocupa mucho y por eso en la revisión del POT vamos a ser muy rigurosos y muy restrictivos en muchos de estos asuntos”.