“La obra no cumple la norma” El puente de la carrera 43C entre calles 7 y 6 continúa su marcha. Vecinos afectados piden revisión del POT por sus cotas de retiro
Las respuestas que las autoridades municipales han dado frente a las obras del puente de la 43C no han dejado satisfechos a algunos residentes de Astorga y Patio Bonito que se sienten perjudicados por la nueva vía que servirá de alternativa a la Avenida El Poblado. Ante tal situación, Eliney Francis Llanos, Johel Moreno y Juan Fernando Forero, propietarios de oficinas en Oficentro Astorga, han interpuesto un recurso de acción de cumplimiento al Departamento de Administrativo de Planeación Municipal, solicitando la suspensión de la obra. Los demandantes esgrimen que no se cumplen las normas de retiro estipuladas por el Plan de Ordenamiento Territorial – POT–, por lo que piden su revisión. Según lo establecido en el decreto 1521 de 2008, el cual reglamenta disposiciones del Acuerdo 046 de 2006 (POT), la norma de retiro a intercambios viales y a infraestructura de transporte expresa que “las edificaciones en lotes que den frente a pasos a desnivel en altura o deprimido, dependiendo de su uso o altura, o los proyectos viales que se diseñen a partir de la publicación del presente Decreto, habrán de respetar retiros que impidan el encajonamiento de la vía adyacente”. Las cotas establecidas indican que el retiro por exigir es de 15 metros, medidos desde el borde exterior del intercambio a la edificación. “El proyecto del puente hace caso omiso al POT de acuerdo al parámetro donde hoy se instala el edificio Oficentro Astorga. La afectación, por razón de dicha construcción, es una reducción impuesta al derecho de propiedad”, señala la acción de cumplimiento. Esta obra, que comprende el desarrollo del corredor vial de la carrera 43 B C D, es uno de los cuatro proyectos por valorización que se iniciaron a mediados de febrero, por un valor cercano a los 4.600 millones de pesos. Según Luis Alberto García, director del Fonval, el puente para la conexión de la 43C está planeado hace más de 25 años y cumple con las normas técnicas. Gabriel Aramburo, presidente de la Junta Administradora Local, expresa que “es clara la necesidad por mejorar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad. Estas son obras que no son bien recibidas por parte de las personas vecinas a ellas, pues se ven afectados directamente. Pero para el resto de la comunidad de El Poblado, estos son proyectos necesarios y se convierten en alternativas para solucionar el problema de tráfico”. Por su parte, Johel Moreno apunta que “lo que nosotros exigimos no es un capricho, sino algo que está estipulado en la norma. Creemos que no se cumplen los requerimientos legales, por lo tanto el Municipio debe evaluar y revisar las cotas del retiro. Hay razones para pedirle a la autoridad la suspensión de las obras, hasta que haya claridad”. Al cierre de esta edición, Planeación aún no había dado respuesta a esta acción de cumplimiento.
Población flotante Los semáforos de Medellín, y los de El Poblado no son la excepción, evidencian la falta de oportunidades de buena parte de la población
Llegar a un semáforo es encontrar lo inesperado: fuego, cuchillos, bicicletas que miran al cielo sostenidas con la boca de alguien que quiere vivir dignamente, o jóvenes que flotan en el aire. Como la muchacha de la fotografía. Caminando al borde del interminable taco de la calle 10 con la Avenida El Poblado se ve a una joven elevándose sobre los carros y alcanzando una altura increíble en plena hora pico. All Stars Medellín es el nombre del grupo de porristas que recurre a la también llamada ciudad del semáforo. Entre los 16 y 24 años, estos jóvenes apasionados por este deporte bajan de las barriadas a romper la cotidianidad de las calles con su asombrosa habilidad. Es una forma de recoger dinero para los uniformes y los viajes a los campeonatos, dicen, mientras aprovechan el color rojo del semáforo para descansar, tomar agua y aire para el próximo y peligroso acto. “Hay personas indiferentes pero también hay otras generosas que se asombran con lo que hacemos y nos felicitan”, dice la muchacha acróbata en un corto respiro. El deseo más cercano de estos jóvenes es poder viajar a Cartagena donde se realizará un importante torneo de porrismo. Ellos hacen parte de toda una población que flota entre la falta de apoyo, oportunidades y empleo formal. Ponen en riesgo sus vidas en un esfuerzo extremo por romper la cadena de carencias y la violencia a la que han estado expuestos. Escogieron el camino de la cultura y la lúdica, al igual que muchos otros jóvenes de poblaciones vulnerables de Medellín, quienes encontraron en las manifestaciones artísticas un camino de resistencia al conflicto armado y la senda para ayudar a construir una ciudad más amable.
Un año de fotodetecciones y sigue la controversia Voces de respaldo y fuertes críticas continúan a la orden del día. Según el Tránsito, con la tecnología buscan salvar vidas y mejorar la movilidad
Hace un par de semanas, circuló el rumor en emisoras radiales y en redes sociales de que el Consejo de Estado había declarado ilegales las conocidas fotomultas, llamadas fotodetecciones por la Secretaría de Tránsito. La información no fue constatada por dicha entidad y el Tránsito sigue argumentando la legalidad del uso de las cámaras para imponer comparendos.
Entre tanto, después de ajustar un año de funcionamiento el pasado 1 de abril, la ciudadanía sigue dividida en torno a este modelo y se ha vuelto tema de conversación en reuniones familiares, de trabajo y en la misma calle.
Entre el 1 de abril de 2011 y el 17 de marzo de 2012, las 40 cámaras que operan en la ciudad generaron 343.768 fotodetecciones, de las cuales han sido pagadas 153.886, correspondientes al 45 por ciento, y cerca de 24 mil millones de pesos. Este dinero recaudado se ha distribuido así: 7.300 millones para el Municipio, 10.000 millones para UNE, empresa que realizó una alianza con la Alcaldía de Medellín y actúa como desarrollador tecnológico. Los CIA (Centro Integral de Atención al Infractor, donde se hacen los cursos pedagógicos) se quedan con el 25 por ciento del valor de cada multa, en este caso cerca de 4.500 millones de pesos; y el SIMIT (sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional) de la Federación Colombiana de Municipios recibió 1.900 millones de pesos.
Las fotodetecciones solo son uno de los siete componentes del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), el cual funciona desde el Centro de Control en la Secretaría de Transportes y Tránsito. Desde allí la ciudad es monitoreada, reduciendo, según esta dependencia, los tiempos de atención en los choques y la información oportuna en tiempo real por medio de redes sociales.
“Lo primero que buscamos es salvar vidas y mejorar la movilidad. Nos debemos culturizar y entender que en países grandes hay cámaras de fotodetección y han bajado sus índices de accidentalidad”, dijo el subsecretario Administrativo del Tránsito, Carlos Gil.
¿Cómo funcionan y en qué se invierte el dinero? Las 40 cámaras de fotodetección son rotadas estratégica y periódicamente en 200 puntos diferentes de la ciudad. Según el Tránsito, la accidentalidad a 200 metros alrededor de las cámaras se ha reducido en un 18 por ciento.
El 65 por ciento de las infracciones son por exceso de velocidad. En El Poblado, la cámara que más fotodetecciones registra está ubicada en la Avenida El Poblado con la calle 31. La que menos registra está en la misma avenida con la calle 9.
El proceso de la fotodetección inicia cuando la cámara registra la infracción, luego pasa a una máquina que califica el tipo de falta y llega a un grupo de ocho o diez personas que revisan que la foto sea suficientemente clara. Después pasa a un grupo de agentes de tránsito que revisan una a una, ven los videos si tienen dudas y finalmente ponen la firma para hacer efectivo el comparendo si así lo determinan. En el sitio donde se revisan las imágenes, no puede ingresar nadie diferente a ellos, ni hay celulares ni otros dispositivos. Sin embargo, no son pocos los casos polémicos que siembran en muchos ciudadanos serias dudas sobre la supuesta infalibilidad de este sistema.
El valor del SIMM se estima en 64 mil millones de pesos a 25 años. Con los ingresos por las multas se mantiene el sistema, el software y el Centro de Control, único en el país y uno de los más modernos de América Latina. Además, la Alcaldía de Medellín invierte en obras de la ciudad, señalización de las vías y semaforización. Según el Tránsito, pintar la ciudad horizontalmente vale 12 mil millones de pesos al año, sin contar la señalización vertical.
Puntos polémicos Además de la inconformidad de muchos ciudadanos con el uso de esta tecnología y con el proceso de pago, varios concejales de la ciudad insisten en que las fotomultas violan la ley por dejarle al usuario la carga de la prueba para demostrar la equivocación en la sanción. Nelson Hurtado es abogado y también sostiene dicho argumento. “El hecho de que la Corte Constitucional haya dicho que se puede usar la tecnología, no avala que la multa, que es la consecuencia final del proceso contravencional, sea legal. La fotodetección no implica culpabilidad, entonces se violenta el debido proceso y el derecho de defensa. Uno no tiene que ir ante la autoridad a probar la inocencia, es el Estado el que debe probar que uno es culpable”, dice el abogado.
Al respecto, el Tránsito afirma que no están atentando contra el debido proceso porque si el ciudadano no está de acuerdo con la multa, puede presentarse personalmente o por medio de un apoderado, durante los siguientes once días hábiles al recibo de la notificación del comparendo. Allí, puede solicitar una audiencia pública, durante la cual podrá presentar las pruebas que considere útiles para su defensa. Sin embargo, si opta por esta opción pierde el descuento por pronto pago.
Otro asunto que genera inconformidad tiene que ver con los cursos pedagógicos que dicta el CIA, Centro Integral de Atención al Infractor. Los cursos los pueden realizar otras personas en reemplazo de los conductores que reciben la sanción, así no conduzcan, lo cual resulta absurdo y crea desconfianza sobre su idoneidad. Carlos Gil, subsecretario administrativo del Tránsito aclaró que ellos no pueden regular el CIA. “Con los CIA no tenemos ninguna relación, hace más de un año, por orden del Gobierno Nacional, se trasladó la responsabilidad de esa capacitación a terceros. Es posible que con la Ley Antitrámites tengamos la posibilidad de hacer los cursos, pero por ahora no nos corresponde”, afirma.
Mitos o realidades Que al pasar un semáforo en amarillo la cámara lo detecta; que si no cumple con el pico y placa le pueden hacer varios comparendos en un mismo horario durante el día; que si un agente de tránsito da vía y el semáforo está en rojo, le puede llegar la fotomulta.
Estos son ejemplos que los ciudadanos comentan en conversaciones cotidianas. Sobre esos casos, el subsecretario administrativo del Tránsito, Carlos Gil, indicó que “todavía hay mitos, como que se multa a los 61 kilómetros. Casos como el del agente que da vía con el semáforo en rojo y luego llega la fotomulta, cada vez son menores porque gracias al Centro de Control podemos ver si es verdad que el agente dio paso o no. Las cámaras en semáforos tienen video y los agentes tienen instrucción de estar visibles a la cámara. La fotodetección no es la última palabra, recuerden que pueden pedir audiencia porque hay situaciones que se deben analizar”. Sobre el pico y placa aclaró que solo se cobrará multa una vez por horario. Si el conductor es sorprendido por la mañana no tendrá otro comparendo en el mismo horario. Si en la tarde reincide sería una nueva multa.
No solo son fotodetecciones El (SIMM) Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín tiene siete componentes: fotodetección, gestión de flota, optimización de semáforos, software, paneles informativos, circuito cerrado de televisión e información oportuna a través de redes sociales.
Gestión de flota consiste en incorporar tecnología en buses y taxis para mejorar la prestación del servicio. 1.500 buses ya envían información al Centro de Control para constatar la velocidad, el sobrecupo y demás situaciones anómalas. Los semáforos tienen cámaras para que ingenieros decidan si es conveniente darle prioridad en verde a cierta vía, dependiendo del flujo vehicular. Los paneles de información tienen mensajes preventivos y educativos en algunas de las principales avenidas. El circuito cerrado de televisión permite analizar en tiempo real toda la movilidad de la ciudad y enviar agentes de manera más rápida. Por su actualización de redes sociales como Twitter, el Tránsito de Medellín se ha ganado varios premios y es una de las cuentas de mayor influencia en la ciudad.
Recientemente, mi papá iba en un taxi por una de las avenidas principales de la ciudad de México, cuando observó unos árboles grandes y florecidos cerca a la carretera. Fascinado por su belleza, le preguntó al taxista si sabía el nombre de estos árboles. “Órale, mire que llevo pasando 30 años por esta misma avenida y jamás los había observado”, le contestó. Impactado por esta respuesta, nos escribió contándonos la historia bajo el título: ¿Será que estamos ciegos? Su mensaje me llegó al alma pues solo dos días antes, mientras caminaba por la calle del lado de mi casa y por la cual paso todos los días, noté que uno de los locales estaba vacío y para la venta. Me quedé pensando qué era lo que había ahí antes y no me pude acordar. ¡Yo también estoy ciega! Estoy convencida de que el taxista y yo no somos los únicos. En la sociedad actual vivimos tan rápido que vamos de un lugar a otro metidos en nuestra mente y nos olvidamos de observar, de ver lo que nos rodea. A veces pasamos por el lado de las personas sin darnos cuenta si están felices o tristes, inclusive los más cercanos. Decimos que la vida se está pasando muy rápido, pero ¿será que se siente así de rápida porque no nos detenemos a observar lo que realmente está sucediendo? ¿Para dónde vamos con tanto afán? Esta ceguera la aborda El Guerrero Pacífico, una película que cuenta la historia de un joven gimnasta, quien, a pesar de ser muy exitoso, siente que algo falta en su vida. Conoce entonces a un hombre que le enseñará los secretos para vivir una vida plena. En un momento, el sabio le dice al joven que su mente se está llenando de tantos pensamientos que se está perdiendo de lo que está sucediendo. “Nada está pasando”, le replica el gimnasta. En ese momento la cámara empieza a mostrar en detalle todo lo que está sucediendo a su alrededor: unos hombres ríen a carcajadas, una mujer juega con su perro, un hombre lee a la sombra de un árbol, una mariquita camina por una hoja verde y una pareja enamorada se besa. El sabio le dice: “¡Nunca hay ‘nada’ pasando, todos los momentos de la vida son extraordinarios”! Nuestra vida cotidiana es extraordinaria pero hay muchas cosas de las que no tenemos consciencia, así que estamos ciegos. Lo más importante, sin embargo, es que tenemos el poder para abrir los ojos. Te invito a que le bajes la velocidad a tu vida y a que tomes consciencia de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Aumenta tu nivel de atención a lo que sientes, oyes, hablas, pruebas y ves. En tu camino al trabajo descubre algo que nunca antes habías visto. Mira a tus seres queridos, ¿qué ves en sus ojos? ¡Vive un poco más despacio para incrementar tu nivel de consciencia y así exprimirle todo el jugo a tu vida! [email protected]
El 20 de abril estará al servicio Esta estructura, el puente intraurbano más largo del país, ha generado gran expectativa como posible alivio de movilidad
Retrasos, accidentes de obreros, demandas, protestas de los vecinos cercanos, discusión sobre su financiación y hasta un descubrimiento arqueológico al remover las tierras, fueron elementos que hicieron parte de la construcción del Puente Gilberto Echeverri. Fue la gran apuesta de movilidad del hoy exalcalde Alonso Salazar en El Poblado. Después de aplazar su inauguración, prevista para finales de 2011, finalmente el puente será entregado por el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, el próximo viernes 20 de abril en un acto formal, para luego darle apertura y libre circulación al tráfico vehicular. Actualmente la obra se encuentra en un 97 por ciento de ejecución. Faltan detalles de paisajismo y obras complementarias en la zona inferior de parqueaderos y en la plazoleta de comidas. Luego de los ajustes y nuevos plazos, la inversión del proyecto ascendió a 180 mil millones de pesos. José Diego Gallo, secretario de Obras Públicas de Medellín, confirmó el buen estado del puente luego de una visita de inspección y destacó la importancia que va a tener para la movilidad de El Poblado y de la ciudad en general. “Medellín tiene un atraso de vías de 30 años. Si hoy fuera cualquier día de la década de los 80, estaríamos bien de vías para los carros que había en esa época. Pero la realidad es que no solo se necesita este puente, sino otros cinco cruzando el Río Medellín para descongestionar. La gente dice que eso es trasladar el trancón de un sitio a otro y es verdad. Pero por algún lado hay que comenzar a solucionar el problema, es peor no hacer nada. Hay que saber que en cuatro años no se resuelve un retraso vial de tres décadas”, dijo el funcionario. Ignacio Arbeláez, presidente de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado, manifestó que falta mejorar la señalización de las vías que van a alimentar la entrada y salida del puente. “Estuvimos en una reunión en el Tránsito y nos mostraron varias alternativas. El punto es que van a cambiar muchas vías cercanas y aún no se ha socializado”, expresó. Valorización, estancada A punto de entregarse el Puente Gilberto Echeverri, y mientras avanzan las obras iniciales de la continuidad de la vía Linares, la conexión de la carrera 29D con la calle 10, el empalme de las calles 11 y 11A sobre la quebrada La Poblada, y el puente sobre la quebrada La Presidenta, en Astorga, la comunidad continúa a la espera de decisiones sobre el cobro de valorización para el resto de obras incluidas para El Poblado. Luis Alberto García, subsecretario de Valorización y director ejecutivo del Fonval, indicó que aún no hay decisiones pero que avisarán con tiempo para claridad de los habitantes. El presidente de la Junta de Representantes, Ignacio Arbeláez, reclamó que desde enero no hay reuniones sobre el asunto y recordó alternativas que había dado la Junta de Representantes. “Dijimos que para no ampliar la zona de citación, el Municipio hiciera con recursos propios la Avenida 34 y la ampliación de Los Balsos, y que la comunidad pagara por valorización el resto de obras dentro de El Poblado. No contestaron nada”.
Que no se repita la historia Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos
Preocupante la aseveración que hace el comandante de policía de la Estación Poblado, teniente coronel Fabio Rojas. Asegura que en algunos sectores de El Poblado hay comerciantes que están pagando a personas extrañas para que les brinden una supuesta seguridad y denuncia que hay una connivencia con estas personas ilegales. En otras palabras y sin eufemismos, a esto se le llama extorsión o “vacunas”. Pero, más allá del término, puede ser el inicio de un camino sin retorno para que grupos delincuenciales se establezcan, amañen y afiancen en El Poblado. Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos. Las “vacunas” hicieron su tristemente célebre irrupción en Medellín, sobre todo durante las dos últimas décadas del siglo pasado, años en que la ciudad y sus estadísticas de criminalidad la convirtieron en la más violenta del mundo. Algunas de estas extorsiones llegaron disfrazadas, de la mano de las llamadas milicias populares, adscritas a grupos guerrilleros como el ELN. La falta de presencia del Estado en varios barrios de la ciudad, hizo que muchos de estos personajes “vacunadores” fueran vistos por los desprotegidos ciudadanos como homólogos locales de Robin Hood, con la loable misión de protegerlos de la delincuencia e instaurar la disciplina en los barrios. Situaciones similares se vivieron en otras áreas del departamento, donde surgieron grupos paramilitares que cobraban cuotas mensuales para proteger a los finqueros y lugareños de los desmanes de la delincuencia y de la guerrilla. Cuánta gente no pagó por una tranquilidad ficticia en aquel entonces y crió cuervos que después les sacaron los ojos. Cuando menos se pensó, numerosas zonas de la ciudad, el departamento y el país estaban invadidas por grupos armados sin más credo político que lucrarse de los ríos revueltos, bautizados bajo diferentes nombres, el último de los cuales es Bacrim, bandas criminales. Pero es injusto trasladar a los ciudadanos inermes la responsabilidad por la legendaria incapacidad del Estado para proteger su vida y sus bienes y para construir un territorio con justicia social, que no sea caldo de cultivo para manifestaciones violentas. Eso le corresponde a las autoridades, y, en este caso concreto, a la Alcaldía de Medellín. Por eso ahora, cuando el alcalde Aníbal Gaviria está a punto de dar vida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Plan de Desarrollo sigue en construcción, es el momento de mirar con lupa lo que está sucediendo en El Poblado y tomar decisiones que impidan que la “seguridad” de este territorio caiga en manos de delincuentes. En últimas, eso es gobernar.
Que no se repita la historia Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos
Preocupante la aseveración que hace el comandante de policía de la Estación Poblado, teniente coronel Fabio Rojas. Asegura que en algunos sectores de El Poblado hay comerciantes que están pagando a personas extrañas para que les brinden una supuesta seguridad y denuncia que hay una connivencia con estas personas ilegales. En otras palabras y sin eufemismos, a esto se le llama extorsión o “vacunas”. Pero, más allá del término, puede ser el inicio de un camino sin retorno para que grupos delincuenciales se establezcan, amañen y afiancen en El Poblado. Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos. Las “vacunas” hicieron su tristemente célebre irrupción en Medellín, sobre todo durante las dos últimas décadas del siglo pasado, años en que la ciudad y sus estadísticas de criminalidad la convirtieron en la más violenta del mundo. Algunas de estas extorsiones llegaron disfrazadas, de la mano de las llamadas milicias populares, adscritas a grupos guerrilleros como el ELN. La falta de presencia del Estado en varios barrios de la ciudad, hizo que muchos de estos personajes “vacunadores” fueran vistos por los desprotegidos ciudadanos como homólogos locales de Robin Hood, con la loable misión de protegerlos de la delincuencia e instaurar la disciplina en los barrios. Situaciones similares se vivieron en otras áreas del departamento, donde surgieron grupos paramilitares que cobraban cuotas mensuales para proteger a los finqueros y lugareños de los desmanes de la delincuencia y de la guerrilla. Cuánta gente no pagó por una tranquilidad ficticia en aquel entonces y crió cuervos que después les sacaron los ojos. Cuando menos se pensó, numerosas zonas de la ciudad, el departamento y el país estaban invadidas por grupos armados sin más credo político que lucrarse de los ríos revueltos, bautizados bajo diferentes nombres, el último de los cuales es Bacrim, bandas criminales. Pero es injusto trasladar a los ciudadanos inermes la responsabilidad por la legendaria incapacidad del Estado para proteger su vida y sus bienes y para construir un territorio con justicia social, que no sea caldo de cultivo para manifestaciones violentas. Eso le corresponde a las autoridades, y, en este caso concreto, a la Alcaldía de Medellín. Por eso ahora, cuando el alcalde Aníbal Gaviria está a punto de dar vida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Plan de Desarrollo sigue en construcción, es el momento de mirar con lupa lo que está sucediendo en El Poblado y tomar decisiones que impidan que la “seguridad” de este territorio caiga en manos de delincuentes. En últimas, eso es gobernar.
Que no se repita la historia Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos
Preocupante la aseveración que hace el comandante de policía de la Estación Poblado, teniente coronel Fabio Rojas. Asegura que en algunos sectores de El Poblado hay comerciantes que están pagando a personas extrañas para que les brinden una supuesta seguridad y denuncia que hay una connivencia con estas personas ilegales. En otras palabras y sin eufemismos, a esto se le llama extorsión o “vacunas”. Pero, más allá del término, puede ser el inicio de un camino sin retorno para que grupos delincuenciales se establezcan, amañen y afiancen en El Poblado. Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos. Las “vacunas” hicieron su tristemente célebre irrupción en Medellín, sobre todo durante las dos últimas décadas del siglo pasado, años en que la ciudad y sus estadísticas de criminalidad la convirtieron en la más violenta del mundo. Algunas de estas extorsiones llegaron disfrazadas, de la mano de las llamadas milicias populares, adscritas a grupos guerrilleros como el ELN. La falta de presencia del Estado en varios barrios de la ciudad, hizo que muchos de estos personajes “vacunadores” fueran vistos por los desprotegidos ciudadanos como homólogos locales de Robin Hood, con la loable misión de protegerlos de la delincuencia e instaurar la disciplina en los barrios. Situaciones similares se vivieron en otras áreas del departamento, donde surgieron grupos paramilitares que cobraban cuotas mensuales para proteger a los finqueros y lugareños de los desmanes de la delincuencia y de la guerrilla. Cuánta gente no pagó por una tranquilidad ficticia en aquel entonces y crió cuervos que después les sacaron los ojos. Cuando menos se pensó, numerosas zonas de la ciudad, el departamento y el país estaban invadidas por grupos armados sin más credo político que lucrarse de los ríos revueltos, bautizados bajo diferentes nombres, el último de los cuales es Bacrim, bandas criminales. Pero es injusto trasladar a los ciudadanos inermes la responsabilidad por la legendaria incapacidad del Estado para proteger su vida y sus bienes y para construir un territorio con justicia social, que no sea caldo de cultivo para manifestaciones violentas. Eso le corresponde a las autoridades, y, en este caso concreto, a la Alcaldía de Medellín. Por eso ahora, cuando el alcalde Aníbal Gaviria está a punto de dar vida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Plan de Desarrollo sigue en construcción, es el momento de mirar con lupa lo que está sucediendo en El Poblado y tomar decisiones que impidan que la “seguridad” de este territorio caiga en manos de delincuentes. En últimas, eso es gobernar.
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