Desde la óptica de mi profesión médica celebro el reconocimiento que se le hace hoy a la gestión de la epidemia del COVID-19 realizada hasta la fecha en nuestra ciudad de Medellín. Debo aceptar que en los 33 años de relación con mi profesión desde la época de estudiante de pregrado, postgrado, y subespecialización nunca reconocí tanto como ahora el valor de la epidemiología y la salud pública y su enorme impacto en la prevención de muertes por una determinada enfermedad. Mi ejercicio profesional, igual que el de la mayoría de los médicos, se ha enfocado en la recuperación de la salud más que en la prevención de la enfermedad.
Ha sido reconocido también el valor que ha tenido la tecnología en el manejo de la epidemia. Me refiero en particular a la utilización de plataformas tecnológicas que permiten conocer de forma inmediata y en tiempo real, información personal amplia y relevante del ciudadano; también que dichas plataformas agilizan de forma abrumadora el manejo de la información para la toma de decisiones trascendentales y oportunas.
Sin embargo, no se ha escapado del escrutinio público el hecho de que el Estado a través de dichas estrategias pueda acceder a una gran cantidad de información personal y privada del ciudadano y algunos opinan que esto pueda ser un riesgo para una sociedad democrática; incluso algunos expertos alertan sobre vacíos en políticas de tratamiento de datos y la delgada línea entre utilidad y vigilancia que estas plataformas pueden cruzar.
Se legitima el uso de dichas plataformas con la intención de prevenir contagios y muertes asociados al COVID-19, lo cual es en teoría un beneficio pensado para el ciudadano.
¿Las plataformas tecnológicas están diseñadas para el beneficio del ciudadano o fueron creadas para el beneficio de unos particulares?
Recientemente cometí una evidente e inobjetable infracción de tránsito, me movilicé en tiempo de pandemia, en múltiples ocasiones y durante varias semanas en mi vehículo personal con el Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) vencido. Durante este tiempo utilicé el automóvil únicamente para dirigirme a la clínica donde trabajo como médico, (obviamente no era consciente de que tenía vencido dicho documento). Una cámara de fotomulta registró en múltiples ocasiones mi paso por la misma. Sin embargo, dichas infracciones me fueron notificadas tres meses después y el valor acumulado de las multas por la misma infracción se multiplicó de forma significativa.
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Mi respuesta natural fue de gran incomodidad y molestia, además de acudir inmediatamente a cumplir con los requisitos de actualizar el Soat y por supuesto pagar la considerable suma de dinero en la secretaria de Movilidad. Sin embargo continúan llegando nuevas fotomultas por la misma infracción.
Es llamativo el hecho de que también la secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, utiliza plataformas tecnológicas como el Simit (sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional) y otras, que almacenan información amplia y detallada de cada uno de los propietarios de un vehículo, y la disponibilidad y la inmediatez de la información es característica de dichos recursos tecnológicos.
En este caso particular, si la información se hubiera utilizado con el propósito de proteger y beneficiar a los ciudadanos el proceso debió haber sido realizado de una forma diferente.
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Transitar en un vehículo con el Soat vencido claramente genera un alto riesgo para los ciudadanos. En caso de un accidente de tránsito en el cual ocurran lesiones personales no tener el respaldo económico del seguro, tiene un impacto grande para los involucrados en el mismo y también para el sistema de salud. El Soat es un seguro obligatorio establecido por la ley con un fin netamente social, su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.
En este caso particular la notificación de las infracciones debió haberse realizado de manera oportuna para evitar por un lado el evidente riesgo que implica el vencimiento del Soat, y por el otro mitigar el impacto económico que implica para el sancionado tener que pagar múltiples comparendos por la misma causa en un período amplio de tiempo. Evidentemente ni lo primero ni lo último son prioridad para la secretaria de Movilidad.
Por el contrario esperaron tres meses para hacer las notificaciones por lo cual la cámara registró una y otra vez la misma infracción sin que el infractor tuviera conocimiento del error en que estaba incurriendo. Mientras tanto ¿el valor económico de la infracción se incrementaba de forma significativa para beneficio de quienes?
En circunstancias como estas usualmente los ciudadanos comunes y corrientes como yo, no conocemos nuestros derechos y tampoco tenemos la opción de que estas situaciones sean analizadas de forma individual, nos queda como único camino optar por el pago inmediato de las multas con el fin de obtener los descuentos que otorga la ley cuando se realiza el pago antes de un término arbitrariamente definido por ella.
Posiblemente dicha entidad presentaría diferentes disculpas para argumentar el retraso en la notificación de los comparendos que no les dan claridad a los procedimientos por ellos utilizados, ni tranquilizan al ciudadano.
De forma constante los ciudadanos nos preguntamos el verdadero sentido e intencionalidad de las cámaras de fotomulta, escuchamos y sufrimos las arbitrariedades, y pocas cosas cambian, pues es de conocimiento público el impacto económico positivo que las fotomultas generan para algunos particulares y para las administraciones, hasta el punto de verlos en ocasiones agazapados y escondidos dirigiendo sus detectores de velocidad y otras herramientas utilizadas para la detección de infracciones.
Por estas razones me pregunto: ¿Las plataformas tecnológicas están realmente diseñadas para el beneficio del ciudadano? ¿O fueron más bien creadas para el beneficio de unos particulares y para mejorar la imagen de los gobernantes de turno? ¿Hacen parte de una de las caras de la corrupción?
Por: Alejandro Ramírez Moreno
