Escándalos por violencia de policías y por manejos en EPM tienen minados la credibilidad, el respeto, la confianza y la serenidad entre la ciudadanía.
Era martes primero de septiembre y expectativas, ilusiones y energía se enfocaban en la reactivación económica. El virus por COVID-19 no estaba extinto, pero, dijeron autoridades y gremios, ya era tiempo de enfrentar la epidemia de la crisis nacional, medida en pérdidas de la economía por 330 billones de pesos y en el desempleo de 4.5 millones de ciudadanos, más otros tres millones en inactividad.
El primero de septiembre se dio el banderazo para una recuperación de la economía que, se estima, tomará por lo menos hasta 2025 para alcanzar niveles conocidos en 2019, y el reto, ahora sin cuarentena ni pico y cédula, era salir a producir, a enfrentar incertidumbre e iliquidez, en uso de protocolos de bioseguridad. El reto no era menor dado que entre enero y julio, 17.147 ciudadanos fueron detenidos por las autoridades en el Centro de traslado por protección de Medellín porque no han querido, no han podido, no han sabido responder a las exigencias del virus en responsabilidad, convivencia y autocuidado.
El primero de septiembre las ilusiones y la energía se enfocaban en la recuperación económica. Qué lejos estábamos de vaticinar la gravedad de los problemas que se habían mimetizado entre la cuarentena
Pero, “septiembre sorpréndenos”, qué lejos estábamos de vaticinar la gravedad de los problemas que se habían mimetizado entre la cuarentena, qué cortos se quedaban los retos del virus y de la economía. La renuncia en pleno de la Junta Directiva de EPM, de mediados de agosto, dejó un coletazo que no se sabe cómo podrá aterrizar y que en las movidas recientes trenzó una seguidilla de ataques entre el alcalde Daniel Quintero, su antecesor, Federico Gutiérrez y los gerentes de la entidad. El mismo GEA se ha sentido lesionado en el cruce de descalificaciones.
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Tantas acusaciones mutuas de faltar a la verdad han minado la credibilidad, el respeto, la confianza y la serenidad entre la ciudadanía. ¿Alguien comprende lo que está ocurriendo en Hidroituango? ¿O han sobrado insultos, politiquería y manipulación y han faltado diálogo y razones que ilustren a los propietarios de EPM?
Como si no fuera suficiente, abrir las puertas y levantar restricciones y cuarentena, sin que ese fuera el propósito, desbocó en las calles una epidemia de violencia, que tampoco se sabe dónde dejará su coletazo. A la muerte de Javier Ordóñez, por violencia policial en Bogotá, le sobrevinieron otros trece asesinatos, más de 400 heridos por batallas callejeras y destrozos de bienes públicos y del sector privado -que asomaba una primera reacción económica-, ocasionados por pandillas de delincuentes, que de nuevo se infiltran y distorsionan la expresión pacífica del descontento ciudadano, y por miembros de la Policía que se comportan como pandilleros y hacen trizas los principios de la institución a la que sirven y la confianza de los ciudadanos a los que deberían proteger.
Era martes primero de septiembre y pensábamos que la COVID-19 y su golpe a la economía eran el problema más urgente que debíamos afrontar.
