Si ganar menos de un salario mínimo (así le ocurre al 61 % de las trabajadoras), recibir alimentos como pago en especie (77 %) y no recibir remuneración por horas extras (99 %), ya marcaba una precariedad laboral, ¿qué decir de los efectos que arrastró la pandemia por la COVID-19 en el servicio doméstico?
Una encuesta adelantada por la Escuela Nacional Sindical reveló un panorama que se compone del incumplimiento por parte de los empleadores de las garantías que exige la Ley, de indolencia, de acoso y de abuso.
Llegó la pandemia sin avisar y como describe Andrea Londoño, asesora del sindicato de trabajadoras domésticas Utrasd y fundadora y coordinadora del proyecto Hablemos de Empleadas Domésticas, “en su mayoría fueron enviadas a sus casas en medio de la incertidumbre laboral, sin saber si iban a recibir salario, si les iban a pagar las prestaciones, sin fecha de regreso a sus trabajos”.
55% de las mujeres encuestadas manifestaron que fueron enviadas a sus casas sin las garantías que otorga la Ley.
Y todo esto bajo un escenario que los hallazgos de la Escuela Nacional Sindical le dan dimensión: el 88,6 % de las relaciones laborales de servicio doméstico todavía se hacen mediante contratos verbales y la afiliación a regímenes de salud (39 %) y de pensión (18 %) no atienden las regulaciones introducidas en los últimos años en el país.
El problema se agrava porque las empleadas no denuncian su precariedad laboral, incluso conociendo la norma. “Tienen miedo a perder el trabajo, porque en su mayoría son cabezas de familia, incluso porque sostienen con su empleador una relación de sumisión y de agradecimiento”, describe Franci Corrales, de la Escuela Nacional Sindical.
Estas irregularidades salieron de nuevo a flote esta semana cuando se conoció el caso de una trabajadora del servicio doméstico -su nombre está bajo reserva por razones de seguridad- que fue obligada por su empleador a permanecer como interna. “Está encerrada en la casa donde trabaja, se trata de constreñimiento, de confinamiento por la fuerza”, evalúa Corrales.
De las 66 mujeres que siguen prestando el servicio en hogares, el 50% no cuenta con elementos de protección como guantes, tapabocas y antibacteriales.
[bsa_pro_ad_space id=27]
Si sale de su lugar de trabajo, no la dejarán regresar, todo por temor al contagio de la COVID-19. “Ella reporta que le están pagando lo que le corresponde y que no está sometida a trabajos adicionales, pero se le niega la alimentación adecuada y no puede salir a ver a sus hijos. Son seis menores de edad, el mayor tiene 14 años, y solo los está cuidando un tío, que los visita con frecuencia”, reporta Corrales.
Como agravante, no hay denuncias porque la afectada no tiene datos precisos sobre quién es su empleadora ni la dirección del domicilio.
También le puede interesar:
- Andrea Londoño vela por las empleadas domésticas
- “O me mata el virus o me mata el hambre”
- Los precios de los arriendos de locales en Medellín bajarán hasta un 20 % por la crisis
Sin denuncias, no hay posibilidad de actuar. “Visibilizar el caso es un comienzo”, se ilusiona Corrales, quien ofrece los despachos del sindicato si no como centro de denuncias, como fuente por lo menos de apoyo para quienes estén viviendo condiciones similares.
“Antes de la pandemia, el sector presentaba una informalidad del 80 %. En comparación con otros trabajadores, en el servicio doméstico hay una situación de mayor vulnerabilidad. El panorama es grave cuando en una crisis de salud y laboral, no se tienen cobertura de salud ni acceso al subsidio al desempleo”, cierra Andrea Londoño.
