La negociación de los contratos entre arrendadores y arrendatarios e inquilinos ha sido una de las conversaciones más álgidas durante la cuarentena, dado que unos y otros defienden sus intereses: el que necesita recibir el dinero para sostener sus ingresos, y el que sortea dificultades para cumplir con su obligación, sea el propietario de un negocio o el residente cuya actividad económica está aporreada.
Entendiendo que muchos arrendatarios no tenían cómo sostener el gasto, en especial en el sector comercial, el Gobierno nacional expidió el jueves 4 de junio el Decreto 797, en el cual permitió la terminación unilateral de contratos de arrendamiento, con el principio de acuerdo previo con el arrendador, y el pago del valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato.
La medida cobija a quienes a partir del primero de junio, por el aislamiento social preventivo, se encuentran en la imposibilidad de ejercer su actividad económica. La vigencia es hasta el 31 de agosto.
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¿Y los precios?
La crisis económica está teniendo efecto en los precios de los arriendos de locales en Medellín. Raúl Díaz, de la firma Colliers International, organización global de servicios inmobiliarios comerciales, señala que en promedio estos bajarán hasta un 20 %.
En la coyuntura actual, “la mejor cura es renegociar”, expresa Díaz, pero es consciente de que la vacancia de locales va a ser “grande”, aunque no eterna. “Muchos locales no podrán renegociar y tendrán que salir. El problema luego será encontrar un nuevo inquilino”, opina el consultor inmobiliario.
Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, señala que los precios de los arrendamientos comerciales “están muy afectados en este momento”, y durante la emergencia las negociaciones tienden a la baja, aunque aún es temprano para dar cifras.
“Con la recuperación gradual de las diferentes actividades económicas, y entendiendo que la inversión inmobiliaria es de largo plazo, tendremos un periodo de recuperación de la rentabilidad después de la afectación económica del comercio, que conlleva a un incremento en la vacancia inmobiliaria en centros y ejes comerciales y la revisión de los cánones en algunos contratos”, comenta Estrada.
