Una de las medidas decretadas por el Gobierno nacional para mitigar la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria por la COVID-19 fue la de permitirles a empleadores y trabajadores –tanto independientes como dependientes– la posibilidad de reducir su aporte al Sistema General de Pensiones de manera voluntaria, con el propósito de disminuir las cargas económicas y laborales.
El Gobierno explicó: “para los periodos de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben efectuarse en mayo y junio de 2020, se podrá realizar únicamente el pago del 3 % (y no del 16 % como usualmente hacen), de tal forma que los trabajadores continúen amparados ante los riesgos de invalidez y muerte. El empleador solo deberá pagar el 75 % de ese 3 % y el empleado pagará el 25 %. Por su parte, los trabajadores independientes pagarán el 100% de esta cotización”.
De acuerdo con Protección, en respuesta enviada a Vivir en El Poblado, el impacto económico que esta suspensión parcial de los aportes pueda tener para los empleados “no será drástico”, pues el tiempo trabajado serán sumado a las semanas cotizadas.
Sin embargo, en el largo plazo el efecto lo pueden sentir las actuales y las futuras generaciones, que podrían quedarse sin un recurso “vital” en su futuro, explicó Protección.
Por su parte, el profesor y economista Jorge Coronel brinda una mirada más macroeconómica y apunta que el aporte parcial a las pensiones, en el largo plazo, se “convierte en un hueco fiscal” que la sociedad lo verá reflejado, en un futuro, en reformas que presionarán más impuestos, y que golpearán en mayor medida a la clase media.
Por esta razón, desde Protección invitaron “a aquellos que se vean obligados a suspender la cotización de sus empleados, para que, en la medida de sus posibilidades, paguen estos aportes una vez se supere la contingencia actual“.
