Pagar menores impuestos es populista y genera un beneficio particular, pero también conlleva un menor ingreso para el Municipio, menos recursos para ejecución de obras vitales.
La figura del tributo en los sistemas capitalistas modernos es un pago que se hace al Estado para sufragar los gastos, con el cual debemos cooperar los ciudadanos en equidad y justicia, siendo la base de cobro los ingresos, el patrimonio y el consumo.
Su principio rector sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para dar cumplimiento al principio constitucional de equidad y al principio social de la libertad.
Los impuestos nos permiten caminar en la búsqueda del equilibrio social y económico que por naturaleza es reacio en un sistema capitalista.
En Colombia los municipios fundamentan sus ingresos en un alto porcentaje en el impuesto predial, que recae sobre el avalúo catastral. Normas vigentes los obligan a actualizar esos avalúos catastrales al menos cada cinco años. Una vez formada o actualizada la base catastral, tales avalúos crecerán cada año durante un máximo de cinco años en la tasa de meta de inflación (3% para el caso). En el sexto año el avalúo deberá incrementarse con base en la actualización catastral, que deberá hacerse según la normativa expresada.
El Municipio de Medellín realizó su última actualización en 2012 y se aplicó en 2013. Así el plazo máximo para volver a hacer un proceso de actualización del catastro era 2017. Llevamos al menos dos años de atraso, sin explicación. El 2019 se fue en blanco por la campaña política y para entrar en vigencia en 2020 debería estar trabajándose en la actualización, cosa que no ha sucedido. En el mejor de los escenarios tendríamos actualización para 2021, ocho años después.
Miremos las cifras que revelan la grave situación: para los últimos diez años el IPC nacional ha sido del 43.27% y los inmuebles en el Aburrá han crecido un 90,61% (Lonja de Medellín), más del doble. El IVP (índice de Valoración Predial) calculado por el Dane para los últimos ocho años es del 56,05%, cuando los avalúos catastrales en el país han subido 26,67% (menos de la mitad).
Pagar menores impuestos es populista y genera un beneficio particular, pero también conlleva un menor ingreso para el Municipio, en momentos que los recaudos y las posibilidades de inversión amenazan con derrumbarse dados los riesgos financieros que implica Hidroituango para EPM. Conlleva menos recursos para ejecución de obras vitales y menor apoyo para los sectores más débiles de nuestra población.
Cuando se realice la actualización, vendrá lo peor: el incremento porcentual en nuestras cuentas será mucho mayor y vendrán protestas y marchas, todo ello ocasionado por prácticas que podrían llegar a calificarse de indebidas, ilegales e irregulares.
¿Por qué la Administración no ha encarado el tema como la ley ordena?
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