En esta campaña política por pura imposibilidad ética no debemos aceptar como candidatos a quienes tengan responsabilidad en las decisiones sobre Hidroituango.
Las cuatro últimas administraciones de E.P.M., Medellín y Antioquia tienen que ver, para bien o para mal, con las decisiones relacionadas con la crisis del proyecto Hidroituango. Son 16 años de gerentes y juntas, de alcaldes y de gobernadores que tienen responsabilidades en aclarar lo que sucedió, para que podamos, como sociedad, saber lo que sigue. Desde diferentes perspectivas, se reclama hoy la verdad sobre esas actuaciones que llevaron a las causas de la crisis y su correcto análisis desde las posiciones políticas frente a las elecciones de octubre.
En su esfuerzo por fundamentar reclamos por los errores cometidos, que llevaron a esta crisis, el gobernador Luis Pérez entregó un segundo libro que llamó La verdad de Hidroituango, causas raíz. Ratifica allí sus planteamientos, basados en estudios de la Universidad Nacional y de actas y conceptos en documentos del proyecto, que los retrasos de cerca de dos años en la construcción de los dos túneles de desviación, los cuales no fueron dotados de compuertas, ni culminados con la descarga de fondo, la construcción de un tercer túnel de desviación sin licencia ambiental, sin diseños completos, sin capacidad suficiente para soportar crecientes del Río Cauca y sin los refuerzos necesarios, permitieron el desprendimiento que taponó la única forma de permitir el paso del agua. Actuales y pasados funcionarios deben dar claridad.
Jorge Londoño, gerente de E.P.M., reclamó objetividad en la discusión que seguro hará parte de la campaña política. “El llamado es a que toda referencia acerca de EPM en la próxima contienda electoral esté enmarcada en información veraz, comprobada y con confrontación de fuentes y que se evite darles espacio a especulaciones y rumores”, señaló. Este es un reto para candidatos y para los medios que los tengan como fuentes.
Ambos llamados nos deben llevar a que, como ciudadanos, reclamemos para esta campaña política por lo menos tres asuntos indispensables. Primero, por pura imposibilidad ética no debemos aceptar como candidatos a quienes tengan responsabilidad en las decisiones sobre Hidroituango; segundo, el alcalde y el gobernador deben comprometerse con la sociedad a que no interferirán en los procesos de responsabilidad sobre esta crisis; y tercero, los nuevos mandatarios deberán ser explícitos en el perfil de quienes irán a la gerencia de E.P.M. y a su junta directiva, para garantizar la recomposición del camino de la entidad.
Solo la transparencia de los actores y el debate abierto nos puede llevar a afrontar la crisis de Hidroituango con la verdad sobre las causas y decisiones técnicas y políticas de cara a la comunidad.
