La acción popular es un mecanismo establecido en el artículo 88 de la Constitución de 1991 y reglamentado por la Ley 472 de 1998, al cual pueden acceder los ciudadanos cuando sientan que sus derechos están siendo vulnerados. Con ellas se busca que el juez ordene la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando, que se ejecuten los actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado, obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas u ordenar con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. Otros mecanismos similares son la acción de grupo, la acción de tutela, la acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento.
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