¿Qué sucede realmente en Empresas Públicas de Medellín? es una de las preguntas que la gente tiene, a propósito de las noticias recientes y voces que alertan sobre un momento sensible.
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El miércoles 13 de octubre fue uno de los días que más noticias y preguntas generó este tema. Ante el Concejo de Medellín, el alcalde Daniel Quintero pidió aprobar la venta de la participación accionaria de EPM en UNE e Invertelco para financiar a Hidroituango, el proyecto de generación energética más importante del país. En la Casa de Nariño se realizó una reunión en la que él participó junto al presidente Iván Duque, representantes de las firmas aseguradoras del proyecto, Diego Mesa Puyo, ministro de Minas, Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y el consejero Juan Emilio Posada. Al encuentro no fue invitado Anibal Gaviria, gobernador de Antioquia.
A esto se sumó el anuncio del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo el nombramiento de Jorge Carrillo, actual gerente de Empresas Públicas de Medellín, y quien se posesionó en abril pasado. El Tribunal mencionó en un comunicado que según se afirma en la demanda, el nombramiento impugnado habría recaído en una persona que estaba en una posición de inhabilidad ya que con antelación a este cargo se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de esta Empresa. Según el comunicado de la Sala Cuarta de Oralidad de este organismo, el nombramiento “desconoce la prohibición del artículo 10° del Decreto Ley 128 de 1976″.
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A propósito de este panorama, conversamos con Oswaldo Gómez, ex integrante de la junta directiva, y Luis Fernando Múnera, ingeniero civil, columnista y director de Planeación de EPM entre 1992-1999. A ellos se suma Luis Fernando Arbeláez, arquitecto, ex concejal y ex integrante de la junta directiva de esta empresa.
Como “una pecera revuelta”
Oswaldo Gómez, ex integrante de la junta directiva, compara la situación actual de Empresas Públicas de Medellín con “una pecera revuelta por muchas manos”. Cree que la razón detrás de los problemas actuales tiene que ver con el hecho de que el alcalde de Medellín piense “a título propio”. Cuenta que después de hablar con varios integrantes de la junta directiva y empleados, hay dos agendas: una que el mandatario local comparte con la junta, y otra que no. También opina que la reunión del miércoles en Bogotá (en la que no hubo soluciones conocidas), la revelación de una auditoría forense desconocida por la junta, y el anuncio de nulidad del Tribunal Administrativo de Antioquia “demuestran improvisación”.
Respecto a la administración municipal y el rol del alcalde, afirma que tienen una responsabilidad muy grande, que de no hacerse con sensatez, puede generar consecuencias graves para la región. “Como están actualmente las cosas nos va a tocar hablar con la Comisión de la Verdad para pedirles que nos cuenten qué pasa realmente al interior de EPM” .Y agrega que esta, la llamada “joya de la corona”, está en una situación delicada porque dentro de ella no se siente confianza y esta es una situación delicada si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que mueve y su responsabilidad social.
La crisis más grave de su historia
Luis Fernando Múnera opina que Empresas Públicas de Medellín vive actualmente la crisis más grave de su historia. Explica que ésta empezó bajo la gerencia de Juan Esteban Calle, en el 2012. Explica que en ese entonces la empresa realizó inversiones que no fueron rentables, y no fue posible recuperar. A esto se sumó la entrega del control estratégico de UNE a la empresa Milicom, a cambio de una prima económica.
Este hombre que trabajó en EPM y ha seguido su trayectoria a través de su historia, considera que durante la administración de Federico Gutiérrez se pudo contener la crisis de Hidroituango, aunque no lograron enfrentar la pérdida de control de UNE y los problemas de las inversiones en el exterior. Para explicar mejor el momento actual, va a la década de los setenta, época en la que Alianza Nacional Popular (Anapo) a cargo de Rojas Pinilla asumió el control del Concejo municipal, y emitió un decreto para cambiar los estatutos de la empresa. Hubo un par de años turbulentos en los que hubo renuncias masivas, se detuvieron desembolsos en los bancos y las obras de construcción del embalse El Peñol – Guatapé.
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A pesar de esto, considera que el momento actual es más delicado que el de aquellos años de los setenta porque ahora se tocan dos puntos delicados de la empresa: la calidad de la gente de la empresa y el respeto del gobierno corporativo. Respecto al primer aspecto, cree que los empleados no se escogen ya, exclusivamente, por criterios administrativos; hay aspectos políticos que se tienen en cuenta, y esto influye en el clima laboral general. El segundo tema es el gobierno corporativo. Al respecto, cree que se ha alterado el rigor jurídico, técnico y financiero que ha existido en el pasado y que dejan claro el rol del alcalde en las decisiones de la empresa.
Explica que al EPM ser una empresa que emite bonos públicos para captar dinero, está obligada a tener un código de manejo corporativo en el que se regulan las funciones de esta empresa y de la alcaldía, así como el funcionamiento de la junta directiva. Vale la pena recordar que Fitch, empresa internacional calificadora de riesgo le bajó la calificación a EPM y uno de sus motivos fue “la intervención del municipio de Medellín en la gestión de la empresa debido a que representa un deterioro de los controles del gobierno corporativo”. Luis Fernando Múnera considera que una de las salidas para este momento es la unión de los empleados de EPM: “ellos son el soporte y es importante que sepan que la ciudad los apoya”.
El gerente y el gobierno corporativo: elementos vitales
A estas dos opiniones se suma la de Luis Fernando Arbeláez quien considera que tantos cambios de gerente en los últimos meses afectan el funcionamiento de la empresa: “un gerente es un estratega capaz de fijar las políticas a mediano y largo plazo. Al cambiarlo se pierde continuidad y se pierde confianza. Cuando se fija el rumbo, los empleados lo siguen. Cuando se cambia, el clima interno se quiebra y las personas no trabajan de forma satisfecha. Esto es gravísimo porque las acciones se ejecutan de otra forma o se pierde el sentido de ellas. No importa que pase con el segundo fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el daño ya está hecho: hay duda e incertidumbre”. Como camino, propone regresar al gobierno corporativo, a una junta autónoma que no sea un “apéndice” de la administración municipal.
