¿Se prepara EPM para su quinto gerente en 21 meses?

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Sorpresa y opiniones diversas causó el anuncio del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo el nombramiento de Jorge Carrillo, actual gerente de Empresas Públicas de Medellín, y quien se posesionó en abril pasado.

El Tribunal mencionó en un comunicado que según se afirma en la demanda, el nombramiento impugnado habría recaído en una persona que estaba en una posición de inhabilidad ya que con antelación a este cargo se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de esta Empresa. Según el comunicado de la Sala Cuarta de Oralidad de este organismo, el nombramiento “desconoce la prohibición del artículo 10° del Decreto Ley 128 de 1976″. 

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La demanda fue interpuesta por el abogado Hernán Cadavid el pasado 24 de mayo, y en ese momento afirmó a los medios de comunicación que no se trataba de una acción en contra de la capacidad de Carrillo para ocupar el cargo sino una acción interpuesta con el propósito de que se respeten las normas del gobierno corporativo. 

Una vez conocido el anuncio, EPM emitió un comunicado en el afirmó que el gerente se mantiene en su cargo y se apelará la demanda: “EPM es respetuosa de las decisiones de las autoridades. Sin embargo, impugnará ante el Consejo de Estado, como corresponde, esta decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia”.

El abogado Hernán Cadavid dará una rueda de prensa en el transcurso de la mañana para explicar este anunció. 

Desde la posesión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, Empresas Públicas de Medellín ha tenido cuatro gerentes: Alvaro Rendón, quien renunció después de enfrentamientos con el alcalde, Mónica Arbeláez , designada como gerente encargada, Alejandro Calderón Chalet, quien renunció  ante la polémica que causó su nombramiento, y Jorge Carrillo.

El Tribunal Administrativo es el organismo que se encarga del cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito y tiene a su cargo la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos, y el cumplimiento de la ley procesal en cada departamento. 

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