Aparte de actos de terrorismo y accidentes de tránsito o aéreos, el desplome de un edificio es uno de los pocos casos en que pueda asignarse responsabilidad directa por una tragedia grande a una empresa o personas estrictamente del sector privado.
En accidentes las causas suelen ser imprudencia del conductor, mal mantenimiento, mal tiempo e incluso pura mala suerte. En contados casos, errores de diseño. Pero en un colapso como este, no motivado por causa externa –un sismo, por ejemplo– imposible hablar de accidente.
Construir un edificio es un proyecto que toma mucho tiempo y planeación. Para que una torre nueva se caiga por su propio peso solo hay dos posibilidades: mal diseño (columnas y/o vigas pequeñas o con poco acero, fundaciones pequeñas o superficiales) o ejecución incorrecta (no cumplir diseño, materiales pobres o mal instalados). O una combinación de las anteriores.
En el caso de Space, todo indica que tiene responsabilidad directa la empresa constructora. No la Curaduría, no la Alcaldía, pese a lo irregular de muchas de las licencias otorgadas en Medellín, pese a los evidentes errores de criterio y sospechas de corrupción en este y muchos otros proyectos.
No tiene sentido esperar que un curador -o, si se aprueba la figura, un superintendente de construcción- posean el conocimiento altamente especializado ni la tecnología ni el tiempo para analizar a fondo y aprobar/rechazar el diseño estructural de todos y cada uno de los elementos estructurales de un edificio. Sería como pedir al Ministerio de Salud que audite –y asuma responsabilidad– por las operaciones que hacen los ortopedistas o cardiólogos del país. Difícilmente pueden ir más allá de certificar que quien las hace es un profesional con matrícula de su gremio y todas las acreditaciones requeridas.
Por más que uno o más se hayan equivocado, luego de apretar controles hay que seguir creyendo en los profesionales. Es esperable que en breve la comisión de expertos estructurales, luego de correr sus modelos, conceptúe que el diseño sí estuvo por debajo de estándares y códigos. Y, tal vez, que el acero no cumplía normas, o que hacía falta cemento y sobraba arena en el concreto. Probablemente por disminuir costos y aumentar márgenes… ¿Y qué pasa si concluyen exactamente lo mismo sobre otros edificios construidos por CDO o cualquier otra constructora? Se deben evacuar para reforzarles la estructura, pues ni propietarios ni autoridades, en medio de una entendible y necesaria sobrerreacción, querrán correr el más mínimo riesgo. Y ojalá rápido antes de que ocurra un temblor fuerte (el último fue hace 34 años…).
Es definitivo que estos nuevos criterios –y en particular la futura Superintendencia de Construcción– cubran también a las obras públicas, que no tienen curadurías ni cuña que las apriete. Y que hasta el momento han sido culpables de muchísimos más desastres que las obras privadas. ¿Quién le exige al sector público la perfección que se espera del sector privado antes de autorizar su entrega a la comunidad? Nadie.
Hablando de responsabilidad, ¿por qué sería diferente el caso de Space al de una entidad estatal que, por ejemplo, manda diseñar y construir una vía, y a las pocas semanas de entregarla cae un derrumbe con víctimas mortales? En casos como este deberíamos conocer con prontitud, así como ahora, quién definió o autorizó las menores especificaciones en diseño o materiales. O quién forzó los presupuestos o aceleró trabajos para poder inaugurar cuanto antes. Mejor dicho, para que esto verdaderamente cambie, o todos en la cama o todos en el suelo.
