Una tutela cuestiona los datos requeridos por la plataforma Medellín me cuida. Ya la Fundación Karisma había alertado sobre la seguridad en el almacenamiento de información.
Cuando Catalina Roldán Martínez iba a regresar a su trabajo el pasado 27 de abril recibió la indicación de su empleador de registrarse en la plataforma Medellín me cuida “pues de lo contrario no sería posible reanudar con su trabajo” se lee en la tutela que interpuso en busca de su derechos fundamentales al Habeas Data, la intimidad, la libertad y el trabajo, según se indica, vulnerados por la Alcaldía de Medellín.
La tutela continúa diciendo que al “intentar efectuar el registro en la plataforma (…) en la misma debe ingresar el número de su abonado celular, la dirección, la profesión, datos que considera no son necesarios para poder comenzar a laborar, destacando además que es una información que no quiere suministrar teniendo en cuenta que en el pasado lo ha hecho y le han efectuado una serie de ofertas y servicios que no desea recibir”.
Además, el texto legal también dice que Roldán Martínez revisó la política de datos de la plataforma y encontró que según el Decreto 1098 de 2018, estos son públicos.
Por esto decidió interponer una tutela, misma que fue fallada a su favor el miércoles 20 de mayo. Para la experta en comunicación digital Maritza Sánchez, “no hay claridad en el uso que quieren darles a los datos recolectados. Tenerlos no es garantía de un cerco epidemiológico más cuando la gente en la calle no está siguiendo las indicaciones de bioseguridad”.
En su cuenta de Twitter, la Alcaldía de Medellín dijo este 22 de mayo que “Medellín me cuida ha sido clave en la atención de esta emergencia sanitaria. Gracias a la tecnología hemos detectado posibles focos de contagio de COVID-19, lo que nos ha permitido priorizar nuestras acciones para salvar vidas y proteger a la ciudadanía”.
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Hay poca claridad en la información de quién puede usar los datos suministrados. Para Maritza Sánchez, “Medellín me cuida, pero da la impresión de que no cuida mis datos”,
A mediados de abril, la Fundación Karisma había alertado sobre diferentes fallas de seguridad en Medellín me cuida, que, en la perspectiva de su directora, Carolina Botero, “daban cuenta de que la plataforma se había creado de afán“.
Para Botero y Sánchez, esta y otras plataformas similares como CoronApp vulneran derechos a la intimidad, al trabajo y a la movilidad. Se afecta el derecho al trabajo puesto que si no se diligencia es imposible moverse en la ciudad entre el hogar y el sitio donde se labora.
Uno de los aspectos que más preocupa a Karisma y que fue publicado en un informe de seguridad digital y control de la privacidad tiene que ver con que hay una política muy pobre de protección de datos. “Eso es lo que muestra la tutela: no hay garantía de que la información está protegida, pero para poder movilizarme, debo dar un consentimiento. En esas condiciones, las cosas son, realmente, pseudovoluntarias“, expresa Botero.
La tutela interpuesta por Catalina Roldán Martínez exige transparencia en el uso de la información dada. “Uno no entiende esa desproporción en los datos solicitados“, dice Sánchez. Y, aunque la tutela admite preguntar por historia clínica, Sánchez hace hincapié en que esta información también es muy sensible. “En malas manos, todo lo que estamos entregando ahí puede ser usado para irrespetar derechos, para hacer espionaje, para cruzar con lo que se dice en redes sociales. Es muy peligroso”.
Diferentes personas y organizaciones, entre ellas el concejal Daniel Duque, han pedido claridad en la finalidad de la información recolectada y en garantizar la seguridad de la misma, más allá de la respuestas típicas de “utilizamos las mejores medidas de seguridad”.
Para Karisma es posible y necesario que se ofrezca más información al respecto, de lo contrario, “se puede venir una tutelatón. El gran problema es que no hay un acto administrativo para demandar por lo que, en un primer momento, diligenciar el formulario es totalmente voluntario, así en la práctica no lo sea”, dice Botero.
