La Haya de la Valorización
/ Juan Carlos Franco
Suficiente nos hemos quejado ya sobre la decisión de La Haya. Hemos observado la reacción de muchas personas, oscilando entre el desacato directo, agresivo y la resignación respetuosa, tranquila. Una situación así permite conocer el verdadero carácter de la gente, y en particular de nuestros líderes.
Muchos coinciden en que hay que buscar culpables como sea. Y que paguen. Y no está tan fácil, pues tendrán que contentarse con acusar a todos los presidentes anteriores, los cancilleres, tal vez a todos los congresistas, y de pronto a toda la clase dirigente colombiana… Y culpa tan repartida no parece culpa.
Algo similar se estaría cocinando alrededor del proyecto de Valorización de El Poblado. Igual que nuestra defensa del mar territorial, está basado en conceptos muy discutibles. Y está dependiendo, no del tribunal en La Haya, pero sí de tribunales locales. Veamos:
En primer lugar, nadie tiene claro por qué se van a valorizar los predios de El Poblado. El Fonval no es muy explícito sobre el tema y parece escudarse en la Lonja de Propiedad Raíz, entidad que efectuó el estudio sobre el cual se basa todo.
La Lonja tampoco se nota muy orgullosa del estudio pues poca ha sido su divulgación hacia el público en general. Sabemos que se trata de un estudio Origen – Destino, cuya premisa básica es que si las obras van a reducir el tiempo de desplazamiento entre dos puntos A y B dentro del Poblado, entonces tanto A y B se van a valorizar.
Sugiere el estudio que si, por ejemplo, en 2010 usted tomaba 24 minutos para ir de A a B, y luego de las obras, digamos en 2016, solo va a requerir 21 minutos, su predio subirá de precio en el mercado. No hay que ser un experto urbanista o inmobiliario para concluir que ese ahorro de tiempo muy dudosamente se traducirá en mayores avalúos.
Y si a esto se añade que los estudios de tráfico en que se basan para sus cálculos fueron hechos en 2004 y 2008 -o sea antes o mucho antes de que las ventas de vehículos se dispararan- los resultados serán aún más endebles, incluso totalmente equivocados. Lo que según el estudio sería una reducción de tres minutos, fácilmente podría convertirse en un aumento de cinco.
También podría argumentarse que el proyecto parece diseñado para atraer tráfico nuevo al Poblado, con el ingrediente de que la cuenta no la pagarán los beneficiarios sino los afectados por ruido, contaminación y atascos.
Finalmente, el tema legal. Hay en la actualidad dos demandas que, de ser falladas en contra del Municipio, las consecuencias sobre el Proyecto van a ser tan difíciles de digerir y aplicar como son en la actualidad las de La Haya.
Una demanda, instaurada por el Comité de Valorización de El Poblado (CVP), sostiene que la derrota en consulta popular de la Obra 500 en 1990 niega para siempre (salvo nueva consulta o cambio constitucional) la posibilidad de cobrar valorización por todas y por cada una de las obras que comprendía el proyecto original.
También cursa otra grave demanda contra las resoluciones que desde 2007 y 2008 le dan piso legal al Proyecto de Valorización, incluido en el Plan de desarrollo de Alonso. Y luego también en el de Aníbal.
¿Si alguna de las demandas en curso llega a ser fallada a favor de los demandantes, por allá en 2014 o 2015, qué va a pasar?
Es de esperar que el equipo jurídico del Municipio esté más aterrizado que el de Colombia en La Haya. Si pierden, ¿a quién le caerán las culpas? ¿A los alcaldes, secretarios de Infraestructura, directores de Fonval, quizá a los concejales? Y, sobre todo, ¿cuándo se harían y quién pagaría las obras?
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