Su selección como sede de las entidades de seguridad no responde a un estudio serio y, según expertos que han opinado al respecto, está en contravía de varias disposiciones del POT
/ Juan Carlos Franco
En una ciudad casi saturada, como Medellín, es cada vez más difícil encontrar buenas ubicaciones para las entidades de seguridad. Ya no es como antes que sin mucho problema se podía escoger un buen lote para acomodar lo que fuera necesario.Cada vez son más entidades, más complejas, con más gente y servicios, con más vehículos que entran y salen todo el tiempo. Con más riesgos y requiriendo mayores medidas de seguridad. Y esto en medio de una normatividad mucho más detallada y exigente sobre usos del suelo que determina qué se puede poner y dónde, para que la ciudad crezca en armonía y los habitantes puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales.
De todos es conocido el Edificio Mónaco, en Santa María de Los Ángeles. Luego de morir el que sabemos, estuvo desocupado varios años. Hasta que en 1999 la DNE lo asigna a la Fiscalía. Ante semejante “premio de Mónaco”, la Fiscalía pronto instala allí oficinas. Los vecinos protestan y demandan ante un tribunal local. Aducen que tener como vecino a la Fiscalía, así sean oficinas administrativas, vulnera su derecho a la tranquilidad, podría generar atentados y desvaloriza sus viviendas. Por esos días entraba en vigencia el primer POT de Medellín.
La Fiscalía, que no tenía aval de Planeación, no se da por vencida y apela diciendo que son oficinas con horarios normales y que los ciudadanos deberían ser más solidarios porque todo lo que hacen es para proteger a la comunidad. El caso llega a la Corte Constitucional. Con la firma del magistrado Carlos Gaviria, entre otros, a comienzos de 2001 la CC confirma la providencia original y la Fiscalía debe desocupar. Y empiezan a correr más de 14 años con Mónaco desocupado.
Fast-forward hasta 2015. El edificio ya es de la Policía. Se anuncia la intención de aprovecharlo para instalar allí algunas entidades: la Secretaría de Seguridad, la Central de Inteligencia de la Policía y el Servicio de llamadas 123. Dicen las autoridades, siguiendo el libreto de hace 15 años, que tranquilos porque estas son solo oficinas, que es poco el personal armado, que en Mónaco quedarían muy cómodos, que ya en ese barrio hay oficinas y locales, etcétera.
Y aducen los vecinos, nuevo POT en mano, que en ese sitio, en ese barrio, definitivamente no está permitido ubicar equipamientos o entidades de alcance municipal, solo barrial. Y que las vías de acceso al barrio, ya saturadas, no darían abasto al tráfico de empleados y público que generan estas oficinas, incluso a lo largo de la noche. Y que estas entidades, aunque duela decirlo, son y serán blancos de eventuales atentados. Argumentan que sus propiedades, gracias a esta decisión de la Alcaldía y la Policía, se desvalorizarían un 50 por ciento. Mientras que la propia Administración les cobra Valorización por los puentes y cruces nuevos en lomas y transversales. Concluyen demostrando que justamente para eso hay un POT repleto de normas, entre ellas el cumplimiento de un PAU (protocolo ambiental y urbanístico), para determinar con precisión si es posible o no la ubicación allí de estas entidades.
En este caso, el único mérito de Mónaco es que está vacío. Fuera de eso, su selección como sede de las entidades de seguridad no responde a un estudio serio y, según expertos que han opinado al respecto, está en contravía de varias disposiciones del POT.
O sea, si este despropósito sigue adelante, pierden propiedad y tranquilidad los habitantes de un barrio eminentemente residencial… pierde la propia Policía, que no podrá desarrollar allí sus objetivos. Y pierde la Alcaldía, que estrena su propio POT… ¡violándolo!
Con toda la solidaridad, admiración y cariño por nuestra abnegada y heroica Policía, ¿no será mejor subastar Mónaco y conseguir otro inmueble que sí cumpla?
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