Luego de que no prosperara el negocio propuesto por la gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -Idea-, para que EPM le comprara su participación en la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, a partir de este jueves 5 de agosto se instalará el tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín.
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De esta forma, la Sociedad le reclamará, formalmente, a la empresa de servicios públicos EPM por los incumplimientos en al menos tres hitos constructivos de la futura central hidroeléctrica antioqueña.
Es importante indicar que el contrato Boomt, firmado el 30 de marzo de 2011, entre EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, se definieron 10 hitos constructivos que representan fechas clave en la ejecución de la hidroeléctrica y que deben ser cumplidos, so pena de una reclamación económica.
El anuncio lo hizo este martes 3 de agosto el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, tras frustrarse el negocio planteado por el Departamento para la venta accionaria de Hidroituango.
Sin embargo, en rueda de prensa, el mandatario encargado leyó un comunicado, cuyo primer punto dice: “Ratificamos la propuesta de ceder la mencionada participación accionaria a cambio de una participación equivalente en EPM. Una iniciativa que parte de la convicción profunda de defender lo público y hacer sinergias de manera que se fortalezca el proyecto hidroeléctrico más importante del país, EPM, el Municipio de Medellín que mantendría su control y el Departamento, que sería socio minoritario en representación de toda la región”.
Contexto
La gobernación de Antioquia y el Idea son propietarios del 52.88 % de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Mientras que EPM posee el 46.3 %). Si la junta de la empresa pública de servicios hubiera votado positivo a la adquisición del paquete accionario del Departamento, se habría quedado con más del 98 % de la propiedad del proyecto.
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Ya la Gobernación y el Idea habían activado el Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín. La primera de las demandas arbitrales fue presentada el pasado 16 de octubre de 2020, la segunda en febrero de 2021, ambas están en el momento suspendidas, “de común acuerdo con EPM, buscando un arreglo directo”, según indicó Luis Fernando Suárez.
También argumentó el gobernador encargado: “Recurrimos a esa instancia con todo el sentido de responsabilidad, pues fue lo pactado en el contrato Boomt, pues luego de nueve meses de intensas sesiones de trabajo no hemos logrado hasta ahora un acuerdo entre las partes. En consecuencia, a ese Tribunal de Arbitramento le corresponderá determinar las remuneraciones a que tiene derecho la Sociedad Hidroituango por los incumplimientos de los hitos 7, 8 y 9”.
Al igual, Suárez Vélez detalló que se trata de un mecanismo que “nos dará el blindaje jurídico a un eventual acuerdo que resulte del proceso de negociación de la mencionada participación accionaria”.
Y añadió: “Aplazar nuevamente el Tribunal de arbitramento conlleva a asumir un riesgo crítico relacionado con no encontrar una solución de fondo a este litigio antes de finalizar nuestro gobierno”.
