Recientemente el gobierno del presidente Santos, las altas cortes, los medios de comunicación, el Congreso y varias ong´s han estado planteando la urgencia que hay en el país de reformar la justicia. Ello en razón de que para los colombianos no existe un buen servicio de administración de justicia, pues, según las últimas encuestas, solo un 20 por ciento de los ciudadanos tiene un concepto favorable sobre esta, y sus índices de desaprobación están por encima del 70 por ciento; podríamos decir entonces que está en los mismos niveles de la imagen que tiene hoy el Congreso de la República.
La verdad es que la mayoría de los ciudadanos de este país no sentimos que haya justicia. Es normal que un proceso en la jurisdicción civil se demore un promedio de diez años, y que casos contenciosos-administrativos tomen hasta veinte años en resolverse. De ahí el que los abogados digan que hay procesos que se demoran toda una vida y casos que hasta se heredan, debido a los años que toma su resolución.
Para pequeñas causas relacionadas con servicios públicos, telefonía celular, reclamos por compras, por servicios mal prestados –como cuando a uno le destruyen un vestido en una lavandería– o cuando al vecino borracho le da por tirar voladores desde el parqueadero del edificio y le estallan a uno en la ventana del cuarto con sonido de explosión estereofónica, entre otras, no hay más alternativa que el resignarnos o aguantarnos. Y ni qué decir de lo que a menudo se escucha: “Aquí no hay justicia porque a los ladrones de celulares los captura la policía y de inmediato los libera el fiscal”. Creo que situaciones como estas son el plato de todos los días de la mayor parte de los colombianos.
Hemos venido insistiendo de tiempo atrás sobre la necesidad de implementar una verdadera reforma a la justicia en la que se incluyan la defensa de los derechos de los consumidores y los mecanismos para hacer este servicio más pronto, eficaz y con resultados que satisfagan a quienes vivimos en este país. Pero la verdad es que las soluciones que este gobierno ha impulsado no han cumplido su propósito; ahí está por ejemplo la fallida reforma a la justicia contra la cual, por fortuna, votamos en contra, pero que dio al traste con cualquier posibilidad para adelantar una reestructuración del sistema judicial colombiano.
Ahora promete otra reforma, pero no es capaz de decir cómo la va a adelantar, porque lo que nos consta es que al Congreso, por los conflictos de intereses de varios de sus miembros debido a las investigaciones judiciales, disciplinarias o de pérdida de investidura que tienen, se le impide cualquier posibilidad de reforma constitucional que persiga ese propósito.
Por ello insistimos en que el único camino para reformar la justicia es por medio de la convocatoria a una asamblea constituyente que se dedique de manera exclusiva a resolver lo relacionado con este tema. Lamentablemente hemos encontrado varios detractores a la propuesta que ya consignamos en el proyecto de ley 137 de 2013, el cual pretende que los colombianos elijan a 50 miembros provenientes de la justicia en Colombia, para que reformen el título VIII de nuestra Constitución, dedicado a la administración de justicia.
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