En la madrugada del 5 de noviembre, el Concejo de Medellín aprobó, con 18 votos a favor y 3 en contra, la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El proyecto, que espera la sanción del alcalde, Federico Gutiérrez, pasó antes por las dos autoridades ambientales con jurisdicción en la ciudad: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en el suelo urbano, y Corantioquia, en el rural. Sin embargo, las actas de concertación, obtenidas por Vivir en El Poblado, muestran que varios asuntos quedaron sin resolver.
Uno de ellos tiene que ver con las quebradas. Durante la revisión, el propio Distrito identificó tramos que no aparecen en la cartografía oficial. Por eso, el AMVA solicitó incorporarlos como suelo de protección, con una franja mínima de 30 metros. La autoridad ambiental fue enfática al advertir que “su incorporación no puede ser discrecional ni meramente indicativa, sino que debe traducirse en decisiones normativas concretas”.
Frente a ese requerimiento, el acta consigna la respuesta del Distrito: “se consideran situaciones jurídicas consolidadas”. Con esa explicación, sostuvo que “la concertación carece de objeto y el AMVA retirará el requerimiento”. Así ocurrió, mientras que la verificación de la red hídrica quedó aplazada hasta la revisión de largo plazo.
Le puede interesar: El Poblado tiene mucho verde, pero no todo está al alcance de la comunidad
Entretanto, el articulado aprobado contempla otra posibilidad para modificar los mapas. Faculta al alcalde para actualizar, precisar o corregir la cartografía mediante actos administrativos, bajo el argumento de que el POT “se reconoce como un instrumento vivo”. Estos ajustes no requerirán una nueva revisión del acuerdo, siempre que no alteren su contenido normativo. Planeación deberá presentar un informe anual al Concejo.
La gestión del agua también plantea otros desafíos. Aunque el AMVA solicitó incorporar sistemas de drenaje urbano sostenible para reducir la escorrentía y el riesgo de inundaciones, su aplicación dependerá de una reglamentación posterior. El proyecto la considera una “actuación prioritaria”, pero no establece un plazo para expedirla.
A esto se suma la situación de los sectores expuestos a amenazas naturales. En las zonas con condición de riesgo, la expedición de licencias dependerá de la ejecución de las obras y del monitoreo que determinen los estudios de detalle, todavía pendientes. Según una respuesta del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) a este medio, en Altos del Poblado el área clasificada con amenaza alta por movimientos en masa pasó de 2,8 a 21,33 hectáreas.
Las discusiones sobre el suelo protegidoLas discusiones sobre el suelo protegido
Otro desacuerdo surgió en la vereda Las Palmas, del corregimiento de Santa Elena. Allí, el AMVA identificó que las parcelaciones de vivienda campestre Mirador del Poblado, El Tesoro y Chacaltaya se superponen con elementos de la Estructura Ecológica Principal. El Distrito reconoció la situación, pero respondió que “la superposición entre estas categorías existe y es una norma estructural por revisar en el largo plazo”. El acta cerró el asunto con una anotación: “No es objeto de concertación”.
Le sugerimos leer: Medellín: la ciudad que ha crecido hacia las montañas
En el suelo rural, Corantioquia cuestionó la delimitación de Unidades de Planificación Rural sobre territorios que incluyen áreas protegidas, como el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá–Río Cauca. A juicio de la corporación, esta decisión “genera expectativas de ocupación, consolidación e inversión pública”. La Alcaldía consideró que la solicitud de excluirlas excedía el alcance de la concertación ambiental. Finalmente, las unidades se mantuvieron, sujetas a los respectivos planes de manejo, aunque Corantioquia dejó constancia de que “insiste” en su petición.
La discusión sobre el territorio rural no terminó ahí. En los documentos técnicos citados por Corantioquia, el propio Distrito reconoce que, después de la pandemia, los predios avanzaron “hacia un mayor fraccionamiento irregular e informal, lo cual, está directamente relacionado con el crecimiento descontrolado de las construcciones”. La autoridad ambiental recomendó estudiar el fenómeno y la Alcaldía se comprometió a hacerlo en los cinco centros poblados donde propuso aumentar la densidad.
Otro caso es el cerro La Asomadera, que fue retirado del polígono de consolidación previsto inicialmente. Sin embargo, no quedó cobijado por el límite de altura establecido alrededor de los cerros Nutibara y El Volador. Además, la evaluación para asignarle un tratamiento de conservación ambiental se aplazó.
Le puede interesar: El arriendo en El Poblado subió más en cuatro años que en los ocho anteriores
Al cerrar la concertación, el AMVA recordó que el alcance limitado de esta revisión “no exonera al Distrito del cumplimiento integral de las determinantes ambientales”, incluso en aquellos lugares donde el POT no las mencione expresamente. La autoridad también dejó una advertencia: “Sigue faltando claridad en todos los municipios del Valle de Aburrá y el Distrito de Medellín”. Así, aunque la revisión de mediano plazo superó su trámite en el Concejo, varias de las decisiones ambientales de fondo quedaron para la revisión de largo plazo.
Adiós a la venta de perros y gatos en la Minorista
La revisión del POT también incluyó una disposición sobre la comercialización de animales de compañía. Durante la sesión de aprobación, el concejal Juan Ramón Jiménez anunció que una enmienda prohíbe la venta de perros y gatos en las plazas de mercado de Medellín, incluida la Minorista.
La medida no figuraba en el proyecto radicado en agosto. Según el concejal, fue construida durante el trámite en la Comisión Primera y recibió allí aprobación unánime. Comenzará a regir cuando el acuerdo entre en vigencia.
Le sugerimos leer el especial: La urbanización que ha transformado las montañas




