En la primera entrega de este especial mostramos una de las contradicciones que dejó el POT de 2014: mientras Medellín se proponía crecer sobre la ciudad construida, la renovación de esas zonas avanzó poco y la presión urbanística alcanzó también las laderas. Pero construir más viviendas abre otra pregunta: ¿crecieron al mismo ritmo los espacios públicos que esos nuevos habitantes necesitan para encontrarse, caminar o permanecer fuera de sus casas?
La comuna 14 ofrece un caso particular. Es una de las zonas más verdes de Medellín, pero la cantidad de vegetación no dice, por sí sola, cuánto de ese territorio puede ser utilizado libremente por sus habitantes.
Un insumo técnico de la revisión del POT de 2026, elaborado con el inventario de espacios verdes urbanos de 2019, le atribuye a la comuna 14 una superficie verde de 46,61 metros cuadrados por habitante. El indicador suma áreas públicas y privadas y marca un fuerte contraste, si se compara con los 2,74 metros cuadrados por habitante de Santa Cruz, la comuna con el registro más bajo.
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La lectura cambia cuando Planeación mide otra cosa: el espacio público efectivo, las áreas destinadas al encuentro y al esparcimiento que pueden ser usadas por la ciudadanía. Con corte a 2024, El Poblado registraba 6,99 metros cuadrados por habitante y aparecía entre las comunas mejor dotadas de Medellín. El dato está prácticamente sobre la meta de siete metros cuadrados por habitante que fijó el POT de 2014 para el suelo urbano.
Las dos cifras no pertenecen al mismo año ni miden la misma categoría, por lo que no pueden restarse entre sí. Pero sí permiten entender una diferencia que suele perderse a simple vista: un jardín de una unidad residencial, un bosque dentro de un predio privado o una zona sin impermeabilizar aportan verde al paisaje, pero no necesariamente son lugares a los que cualquier vecino puede entrar.
Diana Catalina Álvarez Muñoz, coordinadora de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), explica esa frontera. La cobertura vegetal existe cuando el suelo no está impermeabilizado y conserva tierra, pasto, jardines o árboles. “Ese espacio verde que está dentro de las urbanizaciones no es espacio público efectivo, sino que se consideran zonas comunes de una propiedad horizontal”, señala. Para entrar en la segunda categoría debe existir acceso libre para la ciudadanía.
Una buena cifra que no cuenta toda la historia
Si bien el promedio comunal de El Poblado es alto, frente a otras zonas de Medellín, la pregunta es: ¿qué tan cerca de las viviendas quedan esos espacios públicos efectivos?
Natalia Castaño, directora de Urbam EAFIT, explica la importancia de esa respuesta desde la vida cotidiana: “A la gente le toca desplazarse más para disfrutar de un espacio público, cuando podría tenerlo más cerca”. Su observación lleva la discusión más allá del número de metros cuadrados: un parque puede existir dentro de la misma comuna y, aun así, quedar lejos de quienes deberían usarlo.
Ese criterio de cercanía ya estaba contemplado en el POT de 2014. El Plan definió que los espacios públicos de escala barrial debían complementar la vivienda y tener un área de influencia de hasta 300 metros, precisamente para ofrecer oportunidades de recreación, encuentro e intercambio social cerca de los lugares donde vive la gente.
También estableció que las áreas que cuentan como espacio público efectivo deben garantizar, entre otras condiciones, “libre tránsito, acceso” y lugares de permanencia y recreación. Incluso las áreas privadas de uso público podrían contabilizarse, pero únicamente si permiten ingresar y recorrerlas libremente.
Ahora bien, la meta numérica permanece, pero la manera de entenderla está cambiando. La revisión del POT de 2026 mantiene el propósito de llegar a siete metros cuadrados de espacio público efectivo urbano por habitante, pero incorpora otros criterios: calidad, accesibilidad, inclusión, funcionalidad ambiental, infraestructura del cuidado y adaptación al cambio climático. En palabras de la Alcaldía: “La apuesta no es solamente construir nuevos parques, sino lograr que funcionen mejor”.
El verde también cumple una funcionalidad ambiental
Esa nueva mirada coincide con lo que el Área Metropolitana y el Instituto Humboldt encontraron al actualizar el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos, en el año 2023. En el Valle de Aburrá, el indicador de espacio público verde pasó de 5,9 metros cuadrados por habitante en 2006 a 4,8 en 2022. En su momento, Hernando García, director del instituto, relacionó esa caída con las dinámicas poblacionales y con una urbanización que “no ha estado a la par de la generación de suelo verde”.
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Pero, una vez más, el panorama cambia cuando entran los predios privados. Si estos se incluyen, el indicador metropolitano sube a 16,7 metros cuadrados de verde por habitante. El mismo estudio calculó que apenas el 24 % de los espacios verdes del Valle de Aburrá son públicos. La cifra es regional y no puede trasladarse directamente a El Poblado, pero confirma que una parte importante del paisaje verde del Valle de Aburrá no necesariamente está disponible para el uso colectivo.
De ahí que el reto no sea únicamente conservar árboles. Entre las metas del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos del Valle de Aburrá —con el que se articula la revisión de mediano plazo del POT de Medellín— está “conseguir que los espacios verdes no se pierdan debido a los procesos de urbanización” y mejorar la equidad en su distribución.
La revisión del POT recoge esa preocupación y propone tratar parques, quebradas, corredores ambientales y zonas verdes como una red de infraestructura verde y azul. En palabras de Lina Arias, coordinadora del Sistema de Espacio Público y Colectivo, “el verde urbano no es un elemento ornamental. Es infraestructura”.
¿Qué devuelve la construcción?
Si el crecimiento inmobiliario aumenta la población de un sector, la siguiente pregunta es: ¿Qué recibe la ciudad a cambio? El POT dispone que las obligaciones urbanísticas deben contribuir al espacio público y los equipamientos, y que esas cesiones ayuden a “mejorar la cobertura con respecto a la población existente y futura”.
Es justamente en la aplicación de ese principio donde Diana Álvarez ve uno de los problemas. “A veces no se logran pagar esas obligaciones en el sitio, sino que se pagan en otro lado”, afirma. Y explica que algunas compensaciones terminan en áreas que, a su juicio, no resuelven lo que necesita la población que llega con los nuevos proyectos.
Para Álvarez, el sentido de esas obligaciones debería ser proporcional al aprovechamiento del suelo: “Si yo aproveché mucho el suelo porque iba a poner a vivir mucha gente ahí y aumenté mucho la densidad (…) debo devolverle a la ciudad parte de los servicios y espacios necesarios para esa nueva población”, explica.
Natalia Castaño llega a una conclusión semejante desde la capacidad de soporte. Cuando habla de espacio público, plantea que las obligaciones de los nuevos desarrollos deberían hacerse “cerca de donde la gente está llegando a vivir”, al mismo tiempo que se refuerzan transporte, equipamientos y demás servicios.
Ahí está la tensión que El Poblado permite observar. La comuna registra una alta superficie verde y uno de los mejores promedios de espacio público efectivo de Medellín, pero esas cifras no cuentan por sí solas quién puede usar ese verde, qué tan cerca está de las viviendas ni si la llegada de nuevos habitantes ha ido acompañada por espacios colectivos en los lugares donde más se necesitan.
