“Calumniad, calumniad, que algo queda”, escribió en 1775 el autor de la obra de teatro El barbero de Sevilla, y todo parece indicar que, 249 años después, el concepto revive airoso en nuestra política actual.
Nos corresponde a los colombianos de hoy ejercer el oficio de sopesar día a día las palabras del presidente Petro, y desmentir, con demasiada frecuencia, sus improperios. Hoy nos toca a nosotros, los habitantes de El Poblado, porque, no sabemos a son de qué, nos convertimos en el leitmotiv de los discursos del primer mandatario de la Nación.
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Lo hizo el pasado 18 de marzo, en Apartadó, en un encuentro regional, y ya lo había hecho en febrero, al afirmar que las vías 4G se hacen “entre la población de El Poblado, Medellín y Rionegro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas”.
En Urabá, ante la mirada atónita del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sentado a su lado en la mesa principal, el presidente mencionó 15 veces “a los de El Poblado”, en el entramado farragoso y delirante que caracteriza su discurso: “Son gente que viene a trabajar aquí; son grandes capitales de Medellín, de El Poblado (Medellín toda tampoco es). Ese pudo ser el origen del conflicto…”. Y en el peligroso uso de una argumentación falaz, concluye: “El empresariado, en un sector, decidió financiar el paramilitarismo e incluso alguno de ellos fue paramilitar…”.
Desde que se inició en la vida política, Gustavo Petro se ha caracterizado por manejar con destreza el discurso argumentativo basado en falacias. La falacia de la generalización es la que más aplausos genera en los escenarios -escogidos cuidadosamente- en los que el tono de la voz y el movimiento de las manos (ampliadas artificiosamente a la distancia de un lápiz) produce el efecto del paroxismo, incluso entre su equipo de trabajo.
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El conflicto sufrido por la región de Urabá en los años 80 y 90 tiene múltiples causas, al igual que en el resto del país, y así lo han documentado ampliamente las investigaciones realizadas, incluidas, por supuesto, las de la última Comisión de la Verdad. Utilizar ese enorme dolor de los urabaenses para estigmatizar a un sector de la población -los empresarios y los habitantes de El Poblado– es una enorme irresponsabilidad.
Y, de manera descarada, el presidente usa también premisas falsas para inducir a la comunidad a conclusiones equivocadas. En el evento de Apartadó, frente a cientos de personas, el presidente mintió sin rubor: “¿Y cuánto vale el Túnel del Toyo? 5 billones. ¿Y cuánto vale entonces el agua potable en Urabá? Un billón”. Y, seguidamente, mirando al público, preguntó: “¿Entonces dónde debemos invertir?”. Esta vez le correspondió al Comité Intergremial desmentir al mandatario: el documento Compes 4010 aprobó, en 2020, 1.4 billones de la Nación para el Túnel del Toyo, de los cuales deben ser desembolsados, este año, 650 mil millones.
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Pero las calumnias quedan en el aire, y repetidas con frecuencia se convierten en vox populi. Y en estigmas. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “estigmatización” tiene tres acepciones. La primera: “Marcar a alguien con hierro candente”. ¿No estamos cansados en este país de marcas y divisiones? ¿Y no se supone que la más importante tarea del primer mandatario de cualquier nación debería ser respetar a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y promover la unión?