Dos expertos evalúan la decisión de aplazar para 2020 la actualización catastral que había sido anunciada para diciembre por la Alcaldía saliente.
Al finalizar 2019, el alcalde saliente Federico Gutiérrez sorprendió al anunciar que realizaría la actualización catastral a partir del 17 de diciembre, un proceso que por ley debió hacer en 2017, ya que el anterior había sido en 2012 y la norma da un plazo de cinco años entre las actualizaciones.
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La excusa del entonces secretario de Gestión Territorial, Juan Manuel Velásquez, fue que la tarea no se hizo a tiempo ya que estaban a la espera de que se formalizaran algunos cambios en las normas catastrales en el país, que recién quedaron listos en agosto de este año con la ley 1995, pero que estaban en trámite desde 2016. Dijo que no querían hacer este proceso e invertir en él, para luego tener que repetirlo por cuenta de las nuevas directrices.
Al enterarse de la actualización, el alcalde electo Quintero suplicó a Gutiérrez que la aplazara con el argumento de que si se aplicaba, habría “aumentos prediales significativos”; esto porque este ejercicio modifica los valores de los avalúos catastrales, sobre los cuales se basa el Municipio para fijar el costo del predial que deben pagar 1.036.000 predios.
La opinión de dos expertos
Francisco Ochoa, avaluador inmobiliario, opina que no hacer la actualización en los tiempos que la ley obliga es “ilegal”, y presume que la tardanza obedeció a “probablemente razones de imagen pública; aumentar impuesto no da votos, pero la gente debe entender que el aporte de los ciudadanos en función de sus ingresos y patrimonio tiene una reglas de crecimiento que están asociadas al valor de la propiedad”.
En su concepto, a Quintero le “tocará bailar con la más fea” y asumir el impacto que tendrá el aumento en el impuesto predial, que calcula puede ser mayor teniendo en cuenta que en los últimos diez años el incremento acumulado del IPC ha sido del 43,27 %, mientras que el valor comercial de los bienes ha subido un 90,61 %, y la actualización se hace justamente para equilibrar el avalúo catastral con el comercial.
Luz Rodríguez, ingeniera catastral e investigadora en urbanismos de la Universidad Nacional, plantea que no había “razón válida” para no actualizar, y que la excusa que esgrimió el secretario Velásquez, de que estaban esperando la sanción de la ley 1995 de 2019 para hacer el proceso, no tiene justificación puesto que, desde lo técnico, no tendría un impacto significativo en los avalúos catastrales.
“Los topes que pone la ley para los incrementos de los prediales son muy altos y difícilmente superarían los que ya estaban establecidos”, dice Rodríguez, quien explica: la ley 1995 dice que el tope debe ser igual al Índice de Precios al Consumidor -IPC- (3,26 % en 2019) más ocho puntos, es decir, 11,26 %. Y en sus palabras, “es difícil que haya incrementos superiores al 10 o 12 %”.
La ingeniera asegura que el argumento de la Alcaldía saliente podría ser válido si en la ley hubiese sido aprobado un catastro multipropósito (unificar bases de datos de los inventarios que hacen Planeación, Catastro, y Notariado y Registro; hoy cada una tiene una base de datos independiente), pero esto aún no ha sido aprobado por ley.
Por: Sebastián Aguirre Eastman / [email protected]
