En estado de insolvencia y quiebra masiva se encuentran los establecimientos de entretenimiento de la ciudad, pero en particular 70 negocios ubicados en el Parque Lleras y Provenza, que debido a la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria por la COVID-19 cerraron sus puertas de manera definitiva.
Basílica, Al Rojo, Ay Caramba, El Deck, La Octava, son algunos de los que hacen parte de esa lista, de acuerdo con Luis Guillermo Orjuela, presidente de la Corporación Zona Rosa, pero se suman los de otras zonas del Valle de Aburrá como Dulce Jesús Mío o Mango`s, que anunciaron su partida del escenario de la rumba.
“La situación es desesperante”, precisa Orjuela, quien lamenta que “la infraestructura que tardamos tantos años en construir está desapareciendo”, y que en su opinión contribuyó, “en gran medida”, a posicionar a Medellín como ciudad turística.
En palabras del vocero del gremio, de parte de las autoridades “solo recibimos la orden de cierre masivo” en marzo, pero han debido seguir costeando servicios públicos, arriendos, parafiscales, industria y comercio y registro mercantil, sin que hayan recibido ayudas para sostener esos gastos.
“Calculamos que en el Valle de Aburrá hay 50.000 establecimientos, entre discotecas, bares, restaurantes, cafeterías, todo lo que se mueve en la industria del entretenimiento, que generan más de 135.000 empleados directos”, acota Orjuela.
Hay establecimientos que tan solo en arriendo deben pagar entre 25 y 30 millones de pesos, sin que estén generando ingresos para cumplir ese compromiso. “La gente ve que el tiempo se acorta y se están quebrando”, menciona el presidente de la Corporación Zona Rosa.
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“El Gobierno no lanzó salvavidas a tiempo”
Jaime Álvarez, propietario, entre otros, de establecimientos como Al Rojo, Basílica y Ay Caramba, dice que “uno está en capacidad de aguantar uno o dos meses, pero ya nos dicen que esto va para junio, y la pregunta es, si llegamos a abrir, ¿quiénes van a llegar a los negocios?”.
En su caso, Álvarez liquidó a los trabajadores de 18 establecimientos, que representan cerca de 390 familias. A todos los debió indemnizar, ya que “el Gobierno no haya lanzado el salvavidas a tiempo. El sector difícilmente se va a reactivar”.
El empresario advierte que les ha sido difícil conciliar con los arrendatarios, quienes ofrecen descuentos del 5 o el 10 por ciento, que no les son suficientes para sortear la crisis.
“Es difícil negociar, quieren que paguemos abril y mayo completos, y además que cancelemos una penalidad de tres meses por terminar los contratos; es decir, nos están cobrando cinco meses”, afirma Álvarez.
En el caso de Al Rojo, uno de los sitios más icónicos, con presencia hace más de 20 años en el Parque Lleras, el empresario asegura que no optó por la alternativa de los domicilios ya que este negocio “solo nos representa el 5 % de las ventas, y cuando uno hace alianzas estratégicas con plataformas tecnológicas de entregas, ellas se llevan el 20 % de utilidad, así que uno no le gana nada, y encima hay que seguir pagando el arriendo del negocio”.
Jorge Moreno, propietario del Grupo Triada, del cual hacen parte, entre otros, Triada, Bastardo, La Presidenta y 37 Park, asegura que sobre los cierres “todavía no he tomado desiciones al respecto. Estoy en espera de noticias y negociaciones con arrendadores, de ellos depende que a futuro se pueda mantener los negocios”.
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