/ Juan Carlos Vélez Uribe
En días recientes el Gobierno Nacional anunció la presentación de un proyecto de ley que pretende actualizar el estatuto de estupefacientes, conocido como ley 30 de 1986. En dicho proyecto se menciona de manera equívoca la posibilidad de aprobar nuevamente el consumo libre de sustancias sicotrópicas y alucinógenas, al establecer la reglamentación de lo que se conoce como “ la dosis mínima”.
En el año 2009, por medio de una reforma constitucional, en Colombia se prohibió el porte y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, salvo prescripción médica. (Acto Legislativo 2 de 2009, que modificó el artículo 49 de la Constitución). Esta decisión del Congreso fue producto, en primera instancia, de aquella sentencia con la cual en 1994 la Corte Constitucional legalizó el consumo de drogas ilícitas en Colombia, y, en segunda instancia, de los abusos que se venían cometiendo con el porte de la dosis mínima, pues servía de escudo a los “jíbaros” o expendedores de drogas para su comercialización.
Para un policía era muy difícil determinar si la persona que se retenía con estupefacientes llevaba lo que se estableció como dosis mínima de droga (dos gramos de cocaína,100 gramos de hachís o 200 gramos de marihuana), en cuanto a que debería contar prácticamente con una micro báscula con la cual se pudiera determinar con exactitud que la persona portaba las cantidades que establecía la ley 30 y sus decretos reglamentarios.
A la ministra de Justicia y al Gobierno les falta entonces explicarle bien a los colombianos que cuando una persona porta hasta tres pastillas de éxtasis, lo que deben hacer las autoridades es decomisarlas por la prohibición de su porte; si lleva consigo más de esa cantidad deberá detenerla y conducirla ante un fiscal para que se le inicie un proceso por la comercialización de sustancias prohibidas, lo que implicaría para la persona una pena privativa de la libertad de muchos años.
Ahora bien, si el mensaje del Gobierno no es el que acabo de interpretar sino que en el trasfondo está dando los primeros pasos para lograr la legalización del consumo y porte de estupefacientes en el país, me parece que el camino es equivocado. En ese caso, lo que debería hacer primero es presentar un proyecto de acto legislativo al Congreso para que este revoque la decisión de 2009 de prohibir el porte y consumo de drogas ilícitas. Ha sido tan confuso ese mensaje del Gobierno que inmediatamente le salió el procurador general de la Nación a proponer un referendo para evitar la legalización del consumo de estupefacientes, que para mí no es necesario en virtud de la prohibición constitucional existente.
El debate de todas maneras va a estar intenso frente a este asunto, sin embargo, como autor de un proyecto de ley que fue acumulado al que acaba de plantear la ministra de Justicia, soy amigo de una tercera vía: ni prohibición, ni legalización, sino, antes que todo, prevención.
[email protected]
