En el Congreso de la República empieza el trámite de la Ley contra el ruido, una iniciativa que busca resolver este grave problema de salud pública en el país.
En la memoria, poco a poco vamos decantando los recuerdos de esos dos terribles años de la pandemia, y, con el tiempo, añoraremos las situaciones extrañas que nunca volveremos a ver en las ciudades. El silencio, por ejemplo: en 2021, la revista Science informó que el encierro global por el COVID19 “produjo la reducción sísmica global de ruido más larga y coherente en la historia registrada”. El informe se refería a una reducción de hasta 50 % en 77 países.
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Un logro que olvidamos rápidamente. El ruido de las grandes ciudades colombianas es preocupante, según se desprende de los últimos informes de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos: en Bogotá, el 61 % de los encuestados manifestó su insatisfacción con el nivel de ruido; en Medellín y el Valle de Aburrá, el 48 % de los ciudadanos considera que el ruido es un problema ambiental prioritario, y en Cartagena las quejas por ruido aumentaron un 80 %.
Son múltiples y constantes las quejas que recibimos por el incumplimiento de las normas vigentes frente al máximo de decibeles permitidos en las zonas residenciales.
Por eso celebramos la iniciativa del representante a la Cámara Daniel Carvalho, quien, en compañía de otros 19 congresistas, presentó este 1 de agosto el proyecto de Ley contra el ruido. Un documento armado en consenso con diferentes autoridades ambientales, la academia, personas afectadas por la contaminación acústica, representantes del sector privado y organizaciones ambientales.
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El objetivo de este proyecto, según dice el representante Daniel Carvalho, es “desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para la gestión integral del ruido, y una armonización y actualización normativa”. Y es que, según el análisis realizado por los congresistas, el problema del ruido está sobrediagnosticado y sobrenormatizado en el país, pero muchas entidades “aducen falta de competencias o capacidades” para resolverlo.
Esta situación se evidencia en Medellín cuando se presenta una queja por contaminación acústica. ¿A quién acudir? En el Distrito, se reparten la responsabilidad la secretaría de Medio Ambiente y la subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia de la secretaría de Gobierno (dependencia encargada de hacer cumplir la Resolución 627, del Ministerio de Medio Ambiente). Pero también es un asunto que le compete al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (como autoridad ambiental), y a la Policía Metropolitana, por supuesto, encargada de hacer cumplir el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016.
Pero, a la hora de la verdad -a la hora del ruido-, los medellinenses no vemos soluciones contundentes. Son múltiples y constantes las quejas que recibimos en Vivir en El Poblado por parte de nuestros lectores, por el incumplimiento de las normas vigentes frente al máximo de decibeles permitidos en las zonas residenciales. No cesa la angustia de nuestros vecinos por las fiestas a todo taco en las unidades residenciales, o por los ruidosos rooftops que han instalado algunas discotecas y hoteles de la comuna 14.
Ojalá este proyecto de ley tenga un buen curso en el Congreso de la República, para poder atender lo que, según la OMS, es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud en el mundo.
