El gozo a un ambiente sano se establece en la Constitución Política de Colombia como un derecho colectivo. En este existen responsabilidades tanto hacia la comunidad, en materia de su participación en las decisiones que puedan afectar el ambiente, y al Estado en la tarea de proteger la diversidad e integridad de este, por medio de la planificación en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se previene y controla los factores del deterioro ambiental.
Según el Instituto Nacional de Salud (INS), ocurren al año 17.549 muertes asociadas al impacto de factores ambientales en la calidad del aire y del agua. Es decir que el 8 % de la mortalidad anual del país es dada a la exposición de contaminantes ambientales que tienen efectos sobre la salud de las personas. Se afecta de manera directa el derecho colectivo a un ambiente sano que requiere medidas e intervenciones adecuadas y en este sentido, hablar de la gestión de la calidad del aire refiera a un tema emergente dentro de las agendas de las ciudades y su desarrollo.
En el caso del Valle de Aburrá, durante los últimos cinco años la contaminación del aire se ha vuelto más visible debido al aumento en los niveles históricos alcanzados por las concentraciones de los contaminantes, lo que ha generado el desarrollo e implementación de herramientas de gestión, que han evolucionado a la par de la compresión del fenómeno local y a su vez, ha obligado a replantear y redefinir en varias ocasiones las maneras de abordarlo y gestionarlo.
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En una investigación realizada en la Facultad Nacional de Salud Pública se identificó ese proceso de evolución en las herramientas de gestión entre los años 2016 y 2018. Este análisis demostró que el episodio de contaminación atmosférica ocurrido en el primer semestre de 2016 trabajó bajo las pautas establecidas en el Plan de Descontaminación del Aire del año 2010, donde se establecían “estrategias y medidas orientadas a la reducción de las emisiones provenientes de las principales fuentes de contaminación” y con un primer Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación atmosférica (POECA), que expone la necesidad de un protocolo para la gestión de los episodios, sin embargo no se definieron los mecanismos para enfrentarlos.
Solo hasta finales de 2016 se precisaron las acciones y con ellas las bases para enfrentar los meses críticos del siguiente año, en los cuales no se evidenció una declaratoria de episodio de contaminación durante el transcurso de 2017. Para esta ocasión hubo un aumento en las concentraciones de los contaminantes, según los informes ambientales emitidos por la autoridad ambiental urbana.
A inicio del año 2018 fue renovado el POECA, y la autoridad ambiental urbana dio paso al abordaje de la problemática de la calidad del aire desde un enfoque de prevención con la aparición de la figura de Gestión de Episodios de Contaminación. Con esta se busca prever la aparición del incremento de los contaminantes por medio de la implementación de medidas de prevención y de control de emisiones los meses previos al cambio meteorológico y climático que sufre el territorio durante los meses de marzo-abril y octubre, por lo que, las decisiones son tomadas antes que los episodios de contaminantes se conviertan en una posible contingencia.
La evolución de estas herramientas no solo responde a la compresión del fenómeno en el territorio, sino también a unos procesos deliberatorios y de toma de decisiones que fundamentan el rumbo de la gestión, donde las decisiones involucran a los diez alcaldes de los municipios del valle de Aburrá.
Este proceso está fundamentado por los datos del Sistema de Alerta Temprana (SIATA) y el análisis de estos a cargo del Grupo de Gestión de Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (GECA), los cuales son llevados al espacio de la junta metropolitana por el director del Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) y donde finalmente se discute y se toma la decisión entre los alcaldes de los diez municipios del territorio.
Las decisiones finales que se toman en este espacio son un proceso complejo donde se incluyen las partes interesadas y los intereses propios de actores o grupos que hacen parte del marco institucional y oficial, y que pueden llegar a direccionar la discusión y moldear la decisión final.
Sin embargo, los procesos de decisión detrás del fenómeno de la calidad del aire deberían apuntar también a discusiones que incluyan la participación y la perspectiva social, entendiendo que las dinámicas políticas influyen y modifican los contextos de las poblaciones, permean y determinan el desarrollo, la calidad y el bienestar de vida de las comunidades, entendiendo que, desde la Constitución Política se habla del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales como garantía al goce de un ambiente sano (artículo 79) y ser parte de la toma de decisiones cuando estas alteren no solo el ecosistema sino también las condiciones sociales y económicas del territorio.
Esta problemática de ciudad, que a su vez afecta un derecho colectivo, demuestra la necesidad del trabajo en conjunto de los diferentes sectores que conviven en el territorio, donde es necesario que en los espacios de decisión aparezcan diferentes representantes de esos directos afectados como: ciudadanos que se movilizan en vehículos particulares, comerciantes informales del centro de la ciudad, deportistas y ciudadanos que hacen uso de espacios abiertos, biciusuarios e incluso funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, deliberación que finalmente evidencie un verdadero ejercicio de democracia participativa.
Por: Laura Romero, Duván Suárez y Juan Gabriel Piñero
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
