/ Juan Carlos Vélez Uribe
En un programa de televisión discutimos recientemente el problema de la corrupción en Colombia, tema que sale a relucir cada que hay elecciones, y combatirla se convierte en otra de las promesas de los candidatos de turno. Aunque esta ha sido la constante durante mucho tiempo, no significa que algunos gobiernos hayan hecho más que los otros. En últimas, la erradicación del fenómeno de la corrupción se ha vuelto una quimera para los colombianos.
La lucha contra este flagelo debemos asumirla como uno de los temas de mayor importancia. En algunos tiempos la seguridad, la educación o los asuntos relacionados con la infraestructura vial han tenido más preponderancia y relevancia, lo que no quiere decir que el proyecto político de buscar un país donde los recursos públicos realmente cumplan su propósito, no sea uno de los contenidos a impulsar por parte de los próximos candidatos, tanto a la Presidencia como al Congreso de la República.
Considero, en primera instancia, que la corrupción en el país se debe en gran parte a un problema cultural, de formación, de pérdida de valores ciudadanos. A mi modo de ver, se da porque desde pequeños los colombianos no adoptamos los correctivos suficientes para que en nuestra conciencia no queden predeterminados ciertos comportamientos. Por ejemplo, es absurdo que al taxista que encuentra un dinero de un pasajero en su carro, al devolverlo, como es su deber, le celebremos con bombo y platillos su “honestidad”, como si lo lógico para nuestra sociedad fuera que dicho ciudadano se quedara con el dinero. Hasta entrevista y reconocimiento en todos los noticieros nacionales recibe este personaje. Otro caso podría ser el de la creencia generalizada de que el servidor público tiene patente de corso para robarle al Estado. Ello no debe ser así, por eso hay que comenzar a fortalecer la formación en valores ciudadanos en todas las escuelas del país.
En segunda instancia, la corrupción en Colombia surge como resultado de un proceso de elecciones corrupto, como el que tenemos. No es un secreto que muchos de los políticos en Colombia se eligen a través de procesos electorales “non sanctos”. La compra de votos, el pago de dinero a los líderes políticos, los fraudes en la Registraduría y en los escrutinios para obtener algunos de los votos, es lo que hace que las campañas políticas se hayan encarecido tanto. Ya hay algunos que saben que para elegirse al próximo Senado de la República van a necesitar entre cinco y siete mil millones de pesos, cuando el tope que fija la ley para una campaña de este tipo es de 700 millones. Por ello es que las alcaldías y gobernaciones, en muchos casos, deben pagarle las “coimas” a los senadores y representantes a la Cámara por la consecución de los recursos necesarios para las obras en sus jurisdicciones. Para enfrentar este fenómeno es fundamental implementar el voto electrónico y fortalecer los controles por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, pero con claros resultados, que a su vez conlleven severas sanciones a los transgresores de la ley en lo relacionado con los mecanismos de participación democrática.
Necesitamos de verdad un cambio de actitud de nuestra sociedad y de sus líderes para que la corrupción sea erradicada y no para “ubicarla en sus justas proporciones”, tal como lo proponía el expresidente Julio César Turbay Ayala.
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