¿Legalizar o no? he ahí la cuestión

Otra vez se abre el debate. ¿Legalizar el consumo de estupefacientes o no? Volvemos nuevamente a la discusión que se vivió en el país después de que la Corte Constitucional, el 5 de mayo de 1994, en su sentencia C-221 aprobó el porte de la dosis mínima personal y estableció que el consumo de estupefacientes no era infracción penal. Todo ello porque el Presidente de la República nos planteó a los parlamentarios el analizar nuevamente la posibilidad de sancionar al consumidor de drogas ilícitas.
La preocupación del gobierno surge del incremento en el consumo de estupefacientes que se ha venido presentando en el país después de la despenalización del consumo. Cifras que hoy se reafirman en la encuesta recientemente presentada por el Ministerio de Protección Social, después de 12 años que fue cuando se realizó la última, que muestra que pasamos a ser un país ya no solamente exportador de narcóticos, sino consumidor de los mismos. Según esta encuesta, no menos de 2 millones de colombianos han consumido drogas ilícitas y cerca de 600 mil son consumidores habituales, por debajo en niveles porcentuales de Chile y Argentina, pero por encima de los demás países latinoamericanos.
¿La única solución a este problema es la sanción al consumo de estupefacientes? Pienso que no. Hay que incentivar más que todo la prevención al consumo. Aplicar las disposiciones constitucionales que obligan al Estado de manera directa, o a través del régimen subsidiado o contributivo de salud, de tratar y rehabilitar al adicto. Sin embargo, a mi modo de ver, también hay que aplicar algunas sanciones tal como lo hacemos con algunas drogas lícitas: A su consumo público y abierto, más aun cuando a través de esta conducta, se incentiva el uso de drogas entre menores de edad. Dicha sanción no deberá ser nunca pena privativa de la libertad, pero sí deberá consistir en trabajo social o comunitario, o podrá ser sanción de carácter pedagógico.
Con el fin de tratar de manera integral la problemática del consumo de estupefacientes, he presentado a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley número 245 de 2009, en el cual proponemos entre otros: institucionalizar el 26 de junio como el día nacional de la prevención al consumo de drogas ilícitas, la promoción de campañas institucionales a través de los medios de comunicación y la vinculación del Sena a la preparación de expertos en los programas de prevención y rehabilitación. Así mismo la sanción a ciertas conductas de consumo en público y la obligación legal para el Estado de vincularse a los programas de rehabilitación de adictos. Creo que la discusión de este proyecto de ley puede vincular a diferentes actores relacionados con la problemática del consumo de alucinógenos y de esta manera encontrar soluciones pragmáticas al problema.
Propongo que el debate que comienza en torno a la legalización o no del consumo de estupefacientes, lo saquemos de la tradicional discusión jurídica constitucional de si impera el articulo 16 de nuestra Constitución Política que se refiere al principio “del libre desarrollo de la personalidad” o del artículo 1° de nuestra Carta Magna que habla “del respeto a la dignidad humana”.

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