Para la verdad el tiempo. Creo que esta frase aplica por lo que está pasando actualmente en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con Hidroituango. La verdad y sus hechos, que están registrados en demasiadas fuentes, son la base para quienes tienen que decir qué fue lo que pasó en el citado proyecto, lo evalúen y decidan en derecho. Pero habría que seguir adelante, para no repetir la historia.
No puede ser que entre dimes y diretes, como está ocurriendo hoy, y amparados en el amarillismo y la búsqueda desaforada e irracional de la “chiva” cotidiana, se pretenda que el informe de los aseguradores sea el súmmum de la verdad. No, eso no es cierto como nos lo quieren mostrar, es solo una parte de un complejo rompecabezas contractual.
Para conocer esta verdad falta tiempo, falta que todavía corran ríos de tinta. Y mientras tanto los politiqueros de turno van tirando bombas de humo por doquier, relegando tal vez lo más importante para nuestra ciudad: la salud institucional de EPM y la terminación de Hidroituango. Y pareciera que no les importara.
En este punto vale la pena traer a colación una noticia que publicó Caracol Radio el 10 de septiembre, titulada Alcaldía de Bello tendrá que devolverle $89 mil millones de pesos a EPM. ¿Qué pasó? En 2009 el municipio le cobró a EPM una plusvalía por el terreno donde se iba a construir la planta de Aguas Claras. EPM no estuvo de acuerdo con este cobro, pero para viabilizar la construcción de este proyecto, pagó oportunamente lo solicitado. Ya la citada planta está en operación.
Al poco tiempo demandó por el cobro y con esto se inició un largo proceso judicial, que terminó el 3 de septiembre, con el fallo en última instancia del Consejo de Estado, a favor de EPM. El municipio tendrá que pagar.
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Esto es lo que creo se debería hacer con Hidroituango, reconociendo posibles errores. Que se documenten y compartan los hechos, con soportes y pruebas, y si entre las partes no se ponen de acuerdo, sigan adelante. Y luego de los respectivos finiquitos y después del inicio del proyecto, se detone un proceso judicial, esperando pacientemente que haya un fallo como el mencionado previamente, el cual se demoró cerca de once años.
Pero que no se ponga en peligro el proyecto, como está ocurriendo ahora, EPM necesita terminarlo, el municipio de Medellín lo requiere para recibir sus utilidades para sus programas sociales, Colombia lo urge para satisfacer las demandas energéticas que se prevén en el corto plazo. Es un bien colectivo, defendámoslo. Y para hacerlo se requiere grandeza y liderazgo, especialmente desde la administración municipal.
Y si esto no se presenta, pudiera pasar lo que ocurrió en 1970, cuando EPM tuvo su primera gran crisis institucional. Y para describirla, voy a recurrir a lo que mi amigo y colega Luis Fernando Múnera López escribió en su columna Historia de Medellín a cuentagotas 60: “En ese año, el partido Anapo obtuvo la mayoría de curules del Concejo de Medellín, y expidió un acuerdo para apoderarse del control de EPM. Violando los estatutos, declaró inexequible la junta que estaba en funciones y la reemplazó por otra compuesta por figuras políticas afines a ese partido. Esa intervención política de la Anapo en la administración de EPM traumatizó la independencia de la entidad y la sumió en una crisis administrativa, técnica y financiera de graves consecuencias, que se extendió hasta 1976, poniendo en alto riesgo su estabilidad empresarial”. ¿Encuentran similitudes con lo que está ocurriendo hoy? Yo sí.
Y sólo la llegada de un gran gerente, como lo fue Diego Calle Restrepo, le cambió el rumbo a este complejo período, pues fue el precursor y líder de lo que hoy es EPM, una empresa de clase mundial que se resiste a que socaven la confianza que ha construido a lo largo de tantos años, base de su solidez empresarial.
Entre todos debemos impedir que se repita la historia, al menos a quienes nos importa la Empresa.
Por: Guillermo Morales Zapata
Ingeniero sanitario. U. de A.
Jubilado EPM