El Marco jurídico para la Paz

Se sigue discutiendo con mucho entusiasmo la posibilidad de que nuestro país comience con las guerrillas un proceso de paz que pueda dar por terminada una confrontación bélica entre diferentes actores de izquierda o derecha, que lleva ya más de 40 años.
Una ilusión que surge de tanto en tanto en Colombia, que los medios de comunicación difunden intensamente con el fin de que la opinión pública se sintonice con la expectativa de vivir en un mejor país; y cuidado con quien opine diferente, porque será declarado enemigo de la paz, guerrerista y, en algunos casos, tildado como representante de la ultra o extrema derecha.
A los congresistas, al Gobierno y a algunos sectores políticos quieren imponernos a cualquier costo el acompañamiento a un proyecto de reforma constitucional que se denomina “Marco Jurídico para la Paz”. Este busca establecer principalmente la posibilidad de que producto de un proceso de paz -para nuestro caso con las guerrillas de las FARC y el ELN- a quienes de alguna manera han tenido que ver con la comandancia de dichos grupos, se les pueda aplicar una condena que a su vez pueda ser suspendida, por lo tanto quedar en libertad y no pisar una de nuestras cárceles.
También se busca que a quienes no sean considerados “máximos responsables” de esos grupos armados al margen de la ley, se les puedan suspender los procesos que se adelanten en su contra, y de esta manera, a pesar de habérseles imputado la comisión de delitos de lesa humanidad, ser elegidos a cargos de elección popular.
En diferentes debates y escenarios de discusión en el Senado de la República me he opuesto rotundamente a la posibilidad de que en Colombia exista una norma constitucional de este tipo. No comulgo con la propuesta de darle la posibilidad a un colombiano responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad, como el haber ordenado homicidios de menores de edad, abortos a las guerrilleras no consentidos por ellas, reclutado menores de 12, 13 o 14 años, abusado sexualmente de mujeres indefensas y ocasionado el desplazamiento forzado de cientos o miles de personas, etcétera, de ser perdonado por la comisión de este tipo de conductas en aras de lograr una cesación del “conflicto”.
No sé si los colombianos y la comunidad internacional estarían de acuerdo con una decisión de esta índole, más aún cuando el Estatuto de Roma, que hoy rige en el país, lo proscribe tajantemente. Por algo el señor José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, personaje que no goza mucho de nuestro aprecio, dice en una comunicación enviada al Gobierno Santos que “el Marco Jurídico para la Paz” violaría de manera expresa disposiciones que hacen parte de tratados internacionales suscritos por Colombia.
Otro de los problemas que le avizoro a la posibilidad de concretar un proceso de paz con las guerrillas, es que hoy se adelantan múltiples procesos en los EE.UU contra sus comandantes por tráfico de drogas. Es evidente que estos grupos hoy se financian con recursos provenientes de este tipo de negocios ilícitos y que la posibilidad de ser solicitados en extradición siempre estará rondando. Igualmente, habría que decirle al mundo que estos señores ya no deberían ser considerados terroristas para sacarlos de los listados que maneja la Interpol, donde ellos figuran como los más buscados entre los terrorista internacionales.
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