Con puestos de control ambiental, ubicados en los municipios de Caldas y Barbosa, ejes principales que dan ingreso al Valle de Aburrá, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, trabajan en la sensibilización de conductores, con el propósito de frenar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.
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Los operativos sirven, entre otras cosas, para verificar que los vehículos, especialmente los de carga pesada que transportan madera, cumplan con los requisitos normativos y que en los buses intermunicipales no se transporten animales de la fauna silvestres.
Además, las jornadas de sensibilización se complementan con visitas conjuntas a establecimientos de comercialización y transformación de madera, donde los técnicos revisan que las empresas cuenten con el Libro de Operaciones Forestales debidamente registrado y actualizado, como lo establece la normativa nacional.
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Diana María Montoya Velilla, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que este año las autoridades han llevado a cabo operativos que han hecho posible la custodia de 140 animales de la fauna silvestre que hoy reciben acompañamiento profesional en el Centro de Atención y Valoración, CAV Fauna, después de evitar su comercialización. “Los operativos, también han permitido el decomiso de 119 metros cúbicos de especies de la flora nativa, como cedro, higuerón, roble, chingale, sapan y nogal, entre otros”, informó la subdirectora ambiental de la entidad.
Cabe anotar, que cuando una persona incumple las normas establecidas para el aprovechamiento de los recursos naturales, se enfrenta a un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental y puede ser objeto de multas hasta por 5 mil salarios mínimos legales vigentes.
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Así lo explicó Ana Cecilia Arbeláez, líder de la Unidad de Control y Vigilancia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien a su vez, hizo énfasis en que en Colombia la extracción ilegal de productos de los bosques nativos y la comercialización de fauna silvestre, se constituyen como delitos ambientales. Y para ello, es la Fiscalía General de la Nación, la encargada de llevar a cabo los respectivos procesos que pueden generar sanciones económicas y la privación de la libertad.
