En una decisión que, según sus palabras, “no protege a los contratistas” sino “a los ciudadanos”, el alcalde Daniel Quintero radicó esta tarde del miércoles 9 de septiembre el informe causa-raíz elaborado por la la reaseguradora Mapfre sobre Hidroituango, además pruebas de otros hechos, presentados como irregularidades.
Quintero radicó de manera personal ante la Fiscalía en Bogotá el informe realizado por la firma Advanta Global Services, concluido el año pasado y que evidenciaría errores constructivos, “con el fin de que las autoridades esclarezcan responsabilidades”.
Es una “necesidad que toda la sociedad conozca la verdad alrededor de las fallas en el megaproyecto”, manifestó el alcalde de Medellín.
Quintero dijo que espera que la Fiscalía determine las responsabilidades por acción u omisión, para recuperar los recursos públicos que se vieron comprometidos y ascienden a $9.9 billones.
“Haber ocultado este reporte habría favorecido a contratistas, constructor, diseñador e interventor”, dijo Quintero en alusión a actuaciones de la administración anterior en EPM y la Alcaldía de Medellín.
Sobre el intercambio de señalamientos y de conceptos, este miércoles Jorge Londoño de la Cuesta, ex gerente de EPM, dijo en Caracol radio que “este tipo de discusiones nada aportan, este es un tipo de documento que no estaba radicado oficialmente en EPM, por lo tanto, ni la gerencia lo conocía, ni la junta lo conocía”.
Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, insistió en que la Junta Directiva de EPM no tenía derecho a conocer el informe y que este fue realizado a iniciativa y costo de la aseguradora, para obtener su propio análisis de la causa-raíz del problema, “para lo cual EPM facilitó el acceso a toda la información técnica que requirieron”.
El informe final, con los resultados del análisis, insistió Gutiérrez, “no fue radicado en EPM”.
Según el ex alcalde, Mapfre le expresó en su momento a EPM que el siniestro ocurrido en la megaobra tenía cobertura, según los términos de la póliza y que al evidenciar que no existió culpa grave, realizó un pago de 150 millones de dólares.
En este intercambio de declaraciones, el alcalde Quintero añadió que “es imposible que el documento no fuera conocido” por Jorge Londoño y Federico Gutiérrez. Incluso dijo que “el documento fue ocultado” con el propósito aparente de que no se demandara al contratista ni se adelantaran procesos en la Contraloría.
Vivir en El Poblado estableció contacto con Conconcreto, Coninsa y miembros de la Junta Directiva anterior y encontró que sus representantes eligieron no manifestarse sobre el caso.
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