El Concejo de Medellín aprobó con 18 votos a favor la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la modificación excepcional en temas de amenaza y riesgo. La decisión comprende 757 artículos que orientarán el desarrollo urbano y rural de la ciudad, con disposiciones sobre vivienda, movilidad, gestión del riesgo, usos del suelo, protección ambiental, renovación urbana y financiación del desarrollo territorial.

Uno de los aspectos incluidos en la revisión es el ajuste de las normas sobre usos del suelo y edificabilidad, así como de las condiciones para la vivienda turística y las actividades económicas.

El documento también contempla la regulación de los impactos que estas actividades pueden generar en el entorno, entre ellos el ruido, los olores y la calidad del aire. Este componente resulta relevante para la gestión de las actividades que se desarrollan en la ciudad y su relación con las condiciones del entorno.

El proceso de revisión incluyó estudios especializados, análisis de información territorial y cartográfica, concertación de determinantes ambientales y metropolitanas, y más de 230 encuentros con ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, instituciones y dependencias. Según el balance presentado, se registraron más de 10.000 asistencias y 8.155 aportes ciudadanos. De estos últimos, seis de cada diez fueron acogidos total o parcialmente.

Entre los demás temas aprobados están los incentivos para la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), el reconocimiento de alternativas como la vivienda colectiva y ajustes a las condiciones de construcción.

También se fortalecen los criterios para la gestión del riesgo, la ocupación segura del suelo y la renovación urbana. En el ámbito ambiental, se incorporan medidas para proteger la estructura ecológica, las quebradas y las zonas verdes, además de criterios para abordar el cambio climático y promover la construcción sostenible.

Con la aprobación de los 757 artículos concluyó la discusión del proyecto ante el Concejo y comienza la etapa de implementación. De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez, el reto ahora es traducir lo aprobado en acciones concretas con participación de la Administración, las comunidades, las empresas, la academia, los gremios y las organizaciones sociales.

El proceso también contempla disponer recursos e instrumentos de gestión y hacer seguimiento a los resultados de las decisiones adoptadas.