En Antioquia sobrevive una idea que, en ciertos círculos políticos de Bogotá que revolotean alrededor de la Casa de Nariño, ya casi parece reaccionaria: gobernar bien exige saber ejecutar. No solo hablar. No solo diagnosticar. No solo indignarse. Ejecutar. Porque entre un discurso brillante y una obra terminada hay un abismo llamado gestión.
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Esta región construyó empresas como Grupo Argos, ISA, EPM, Postobón, Sura, Nutresa o el Metro de Medellín bajo una lógica muy simple: pensar, estudiar los problemas, rodearse de gente competente, planear y llevar los proyectos de la mano hasta el final.
Aquí, históricamente, se admiró al que entregaba resultados. Al que dirigía, ejecutaba y cumplía. No al que trinaba más veces o más duro.
Por eso resulta tan desconcertante observar el insólito fenómeno político del petrismo: mientras menos ejecuta el gobierno, mientras más improvisa, mientras más caos produce, mientras más idioteces dice, más fervoroso parece volverse un sector de sus seguidores. Como si la incompetencia fuera una prueba de pureza ideológica.
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Un ministerio paralizado se celebra como “resistencia al establecimiento” y una obra detenida se convierte en símbolo político. Un funcionario sin experiencia técnica es presentado como un héroe popular por el simple “mérito” de despreciar a los expertos.
Es un contrasentido monumental cuyos efectos perversos tardaremos generaciones en pagar y desactivar. Porque gobernar no consiste en denunciar problemas eternamente. Colombia no necesita comentaristas profesionales del desastre. Necesita gente capaz de resolverlo.
Germán Vargas Lleras —con todas las críticas políticas que pueda despertar— entendía algo fundamental: un gobierno se mide por su capacidad de ejecutar. Carreteras, viviendas, infraestructura, aeropuertos, dobles calzadas. Se puede discrepar de sus ideas o de sus maneras, pero muy pocos dudaban de que conocía el Estado y sabía moverlo. Gran ejecutor.
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Los pobres son quienes más sufren cuando un gobierno no ejecuta. El ciudadano acomodado siempre encuentra cómo defenderse: paga medicina privada, compra planta eléctrica, pone paneles solares, manda a sus hijos al exterior o mueve su patrimonio. Pero el ciudadano común depende brutalmente de que el Estado funcione.
Cuando un gobierno improvisa en salud, el pobre se queda sin citas. Cuando improvisa en energía, el pobre paga tarifas más altas. Cuando destruye la confianza económica, el pobre es el que primero pierde el empleo.
Por eso un gobierno incapaz de ejecutar termina siendo profundamente antipobre, por más que Petro -gran trinador- repita lo contrario veinte veces al día. En dos semanas decidiremos si seguimos premiando esta ridícula farsa donde el fracaso administrativo se disfraza de virtud moral. O si volvemos —si es que alguna vez lo hicimos— a valorar gobiernos sensatos: personas que entiendan los temas, planifiquen con rigor y ejecuten hasta el final.
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Porque -perdón por la obviedad- un país no se transforma con discursos ni movilizaciones insulsas. Solo se transforma cuando alguien logra que las cosas funcionen.
