Por: Mauricio Ballesteros

Durante años existió la percepción de que el fraude en los servicios públicos estaba asociado, principalmente, a condiciones de pobreza. Sin embargo, los casos actuales muestran una realidad distinta. Los principales responsables son establecimientos comerciales y empresas que, buscando reducir costos o aumentar utilidades, manipulan medidores o realizan conexiones ilegales.

Entre los casos detectados aparecen hoteles y moteles que defraudan consumos de agua y gas; restaurantes que alteran los registros de energía, agua y gas; areperías que manipulan redes de gas, y explotaciones mineras ilegales que roban energía para sostener sus operaciones. En este último caso, incluso, se trata de actividades vinculadas con grupos al margen de la ley.

Más de un centenar de establecimientos han sido detectados y catorce procesos judiciales avanzan por hechos relacionados con 45 inmuebles. Las consecuencias ya no se limitan al cobro de lo adeudado. Hoy existen investigaciones penales, procesos de extinción de dominio, cierres de establecimientos y cuantiosas multas.

John Maya Salazar, gerente general del Grupo EPM, ha insistido en que el costo económico es enorme y termina afectando a toda la sociedad, porque el sistema tarifario incorpora parte de esas pérdidas y, en el caso de la energía, estas se trasladan completamente al resto de los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

En el primer semestre de este año, las pérdidas por defraudación de energía superaron los $300.000 millones, una cifra equivalente al consumo anual de cerca de 95.000 viviendas. De mantenerse esa tendencia, el impacto podría acercarse nuevamente a los $800.000 millones al finalizar el año, recursos que terminan siendo asumidos, en buena parte, por quienes sí pagan legalmente sus servicios.

Una batalla por la ética

Para Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios del Grupo EPM, el verdadero problema no es únicamente jurídico: “más que un delito, es una fractura cultural.”

Su reflexión apunta a un fenómeno mucho más profundo: cuando una empresa normaliza el fraude, también normaliza entre sus trabajadores la idea de que incumplir la ley es aceptable si produce beneficios económicos. Esa cultura termina poniendo en riesgo la continuidad de las propias organizaciones, los empleos y el bienestar de cientos de familias.

La defraudación de fluidos está tipificada en el Código Penal colombiano y contempla penas entre 16 y 72 meses de prisión, además de multas. Pero, más allá del castigo, EPM busca fortalecer una cultura donde el cumplimiento de las normas sea entendido como un acto de solidaridad con toda la comunidad.

Vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿qué dice de una sociedad el hecho de que cientos de empresas decidan robar los servicios públicos? La respuesta va mucho más allá de las pérdidas económicas que hoy enfrenta EPM. Lo que está en juego es una cultura donde algunos normalizan la ilegalidad, trasladan sus costos a los demás y comprometen el futuro de todos. No se trata únicamente de proteger los ingresos de una empresa pública. Se trata de preservar un patrimonio colectivo.

El futuro también se conecta

La discusión cobra aún mayor importancia cuando el país se prepara para un posible fenómeno de El Niño que, según los pronósticos, tiene una probabilidad cercana al 97 % de presentarse con alta intensidad entre finales de este año y abril de 2027.

En un escenario de menor disponibilidad hídrica, cada kilovatio desperdiciado por conexiones fraudulentas y cada litro de agua perdido representan una irresponsabilidad colectiva.

“La ética y los valores también tienen que ver con el cuidado de los recursos en beneficio de todos”, sostiene Iglesias. Ahorrar, consumir responsablemente y rechazar la ilegalidad son, en este contexto, expresiones de solidaridad.

EPM ha fortalecido su respuesta técnica y judicial, creó una mesa especializada para combatir estas conductas, trabaja con una fiscal dedicada a los casos de defraudación de fluidos y mantiene campañas pedagógicas para promover la legalidad. Además, habilitó el WhatsApp 301 516 1181 y la línea (604) 444 4115 para recibir denuncias anónimas sobre conexiones sospechosas.

La invitación, sin embargo, va mucho más allá de denunciar: es desconectar la indiferencia y conectarse con la ética. Porque cuando alguien roba un servicio público no solo altera un medidor, también deteriora la confianza, debilita la cultura ciudadana y compromete el futuro de una sociedad que termina pagando, entre todos, la ilegalidad de unos pocos.

“La ilegalidad de unos pocos la pagamos todos” no es solo el lema de la campaña que impulsa EPM. Es una realidad que se refleja en cada factura de energía y en las oportunidades que pierde la ciudad para invertir esos recursos en infraestructura, educación, seguridad y desarrollo social. Las conexiones ilegales también deterioran la calidad del servicio, sobrecargan las redes y ponen en riesgo la vida de trabajadores y ciudadanos.

Otro capítulo: el vandalismo

La infraestructura también está bajo ataque

Energía: entre 2024 y 2025 EPM invirtió más de $7.200 millones en reparar infraestructura vandalizada. En 2026 los daños ya superan los $25.000 millones. 763.000 usuarios han resultado afectados por interrupciones del servicio.

Acueducto y alcantarillado: en 2025 se registraron 398 daños ocasionados por terceros, con costos cercanos a $672 millones, además de pérdidas de agua potable.

El Niño exige solidaridad
Los expertos estiman una probabilidad del 97 % de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Pequeñas acciones pueden evitar medidas más drásticas:
✔️Reduzca el consumo de energía, especialmente entre 6:00 y 9:00 p. m.
✔️Desconecte cargadores y equipos que no utilice.
✔️Use el agua de manera eficiente.
✔️Evite cualquier forma de desperdicio.

En tiempos de escasez, la legalidad y el consumo responsable también son una forma de cuidar a los demás.