Finalizado el proceso de venta, quedan algunas conclusiones: la primera de ellas es que había una decisión política inmodificable, esto es, que fueran las que fueran las circunstancias, la decisión estaba tomada. La segunda es que aunque los medios de comunicación se ocuparon del tema y movimientos y partidos políticos se pronunciaron sobre él, la ciudadanía en general no está en posibilidad de participar fundamentadamente en asuntos que involucran gran cantidad de variables técnicas, económicas, financieras, jurídicas. El hombre del común debe confiar en que a quienes corresponda cumplan su papel y que la información que de ellos reciben es veraz.
Con base más en emocionalidades que en argumentos, la ciudadanía tomó partido y el país se polarizó alrededor del tema. Pero lo predominante fue la desconfianza; expresiones como “se va a perder esa platica”, “nos vamos a quedar sin energía”, “cómo es posible que se haya hecho una subasta con un solo participante”, “se inicia un nuevo carrusel”, reflejan que los ciudadanos no creen en la buena fe de nadie, creen que nada es transparente, que siempre es de suponer que hay intereses ilegítimos. Es el sentimiento de que la corrupción en el país está desbordada.
Sin embargo, cómo pedirle al ciudadano que crea si en un lapso de diez y nueve años, hasta el 2010, se perdieron por corrupción cerca de 189 billones de pesos, 4% del PIB (Urna de Cristal, mayo de 2013)? Una ínfima porción de esa cifra permitiría apalancar financieramente a los privados que participarán en el desarrollo de la infraestructura vial.
Esos sentimientos de desesperanza del común de los ciudadanos no se pueden desestimar, independiente que pudiera demostrarse la seriedad, la buena fe de los argumentos y la solidez de los estudios con que se tomó la decisión de Isagen, se evidencia una percepción negativa sobre las instituciones del Estado. El ciudadano no confía ni en el Gobierno ni en el Congreso, ni en la Justicia, ni en los organismos de control y vigilancia. Se detectó una sensación de desesperanza e impotencia ciudadana por las manifestaciones diarias de distintas formas de corrupción, caldo de cultivo para el surgimiento de soluciones espontáneas, populistas, con todas las consecuencias que ya conocemos.
A pesar de las premoniciones catastróficas que sustentaban en parte la obligatoriedad de la venta -no tendríamos sistema 4G y por tanto no habría desarrollo económico- hay una tremenda miopía de nuestros gobernantes y muchos de nuestros dirigentes al creer que pueden seguir recogiendo recursos por cualquier camino sin hacer nada consistente frente a la corrupción, que es un elemento deslegitimador del Estado. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe.
Queda esperar que haya sido una buena decisión, que obedezca realmente a las motivaciones expresadas por el Gobierno y que haya plena vigilancia y control sobre el desempeño del sector eléctrico y una aplicación correcta de los recursos obtenidos.
