Colombia atraviesa una de las peores crisis alimentarias de su historia reciente. Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2025, 7,8 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria urgente en 2024, la cifra más alta de América Latina. A esto se suma que el 30 % de la población está en “estrés alimentario”, lo que significa que podría caer rápidamente en inseguridad alimentaria aguda ante cualquier perturbación.

Las causas son múltiples y se agravan entre sí: el conflicto armado interno ha generado el desplazamiento de siete millones de personas; los efectos del fenómeno de El Niño y otros eventos extremos climáticos han reducido drásticamente la producción agrícola; y la desigualdad económica ha incrementado el costo de vida, afectando especialmente a los hogares más vulnerables. Departamentos como La Guajira, Chocó, Nariño y Vaupés concentran los niveles más graves de desnutrición y escasez de alimentos.

En medio de este panorama, los Bancos de Alimentos de Colombia han encendido las alarmas sobre una posible modificación al Proyecto de Ley 474 de 2024 Cámara – 168 de 2023 Senado, que busca regular la donación de alimentos en el país. Aunque el proyecto tiene como objetivo reducir el hambre y el desperdicio de alimentos, organizaciones sociales como ABACO alertan que cambios en el artículo 8 podrían obstaculizar la entrega de productos comestibles a quienes más los necesitan.

“Modificar ese artículo o incluir uno nuevo que limite las donaciones sería desastroso. Es ir en contra de la lucha contra el hambre. Hoy más que nunca, el país necesita que la comida llegue a las mesas de quienes la necesitan, no que termine en la basura”,

expresó Juan Carlos Buitrago, director de ABACO.

El proyecto, en su versión actual, busca crear un fondo para combatir la inseguridad alimentaria, establecer sanciones a quienes desperdicien alimentos y actualizar la política pública del derecho a la alimentación.

Desde los Bancos de Alimentos hacen un llamado al Congreso para que aprueben la iniciativa sin cambios que perjudiquen la solidaridad y el acceso a la alimentación de millones de colombianos. En un país donde más de un tercio de la población no tiene asegurada una alimentación digna, cualquier decisión legislativa debe poner primero el derecho a la vida y a la nutrición.