La falta de un marco normativo actualizado, que defina competencias para atender de manera rápida y eficiente las quejas ciudadanas contra el ruido, sigue aumentando el volumen de este problema. Pese a ser un diagnóstico conocido, poco se ha avanzado, aunque se trabaja en ello.
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Éstas pueden ser dos conclusiones del II Foro Regional de Gestión del Ruido, convocado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), que contó con la participación de expertos como Andrea Pacheco, del Ministerio de Medio Ambiente.
220 quejas diarias, por ruido, registra en promedio el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).
Explicó en qué va la actualización de la Resolución 627 de 2006 (norma marco sobre ruido en Colombia), reconocida como obsoleta e insuficiente. “Hay tres escenarios para poder actualizarla; nos hemos encontrado con cuellos de botella legales y solo hasta el año entrante se podría expedir algún cambio normativo”.
Según Pacheco, el primer escollo está en que se debe modificar primero el decreto único reglamentario en que está basada. Si no lo logran hacer, expedirían resoluciones con adiciones parciales. “Un tercer escenario está en el proyecto de ley del representante Daniel Carvalho, lo estamos apoyando. Pero como todo proyecto, uno no sabe qué termina saliendo”.
En este mes se espera que dicha iniciativa surta con éxito su segundo debate, de los cuatro que necesita para ser ley. “Queremos implementar objetivos de calidad acústica, en vez de los actuales niveles máximos de emisión y ruido ambiental, que incluya períodos de transición para que las fuentes implementen planes de acción”.
Se propondrá una metodología para zonas de protección acústica, “basada en la ISO 1996, que individualiza cada fuente. Otra novedad sería la figura de servidumbre acústica, pensada para inmuebles cercanos a infraestructuras de transporte. Con ella, el comprador sabe de antemano las condiciones de ruido preexistentes, que no puede pretender revertir”.
La propuesta también establecería planes de acción con enfoque integral, definiendo responsables. “No todo lo puede hacer la salud, no todo lo pueden hacer los ambientales. Necesitamos articulación efectiva. Con la Policía Nacional queremos simplificar procesos, sin descuidar el método técnico, que agilice la respuesta sin saturar capacidades”.
Provenza ruidosa
Un reporte similar presentó Manuel Arbeláez, de Medio Ambiente de la ciudad, aunque él sí se comprometió con una fecha para dar a conocer el fruto de dos años de preparación normativa, “mediante un decreto distrital, antes de terminar el año. Tenemos listo el Modelo de Gestión Integral del Ruido en Medellín (MGIR), cumpliendo el Plan de Desarrollo 2020-2023”.
270 acompañamientos a entes municipales hizo el AMVA en 2022, en visitas de control a locales comerciales.
El funcionamiento del MGIR estará a cargo del “Equipo de Gestión Acústica Distrital (EGAD), que hará parte como grupo técnico asociado del SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental de Medellín), integrado por diez despachos”.
Sin detallarlo, dijo que el MGIR propondrá un protocolo para quejas por ruido y una “zonificación acústica, con objetivos que incluyan la variable ruido para planear el territorio, que esperamos sea incluida en la próxima revisión del POT, en 2026”.
3 zonas acústicamente saturadas (ZAS) identificó la secretaría de Medio Ambiente; una de ellas, en El Poblado.
Arbeláez informó que su despacho detalló tres zonas acústicamente saturadas, en las comunas 10, 11 y 14. “En El Poblado están los polígonos de Provenza, parque Lleras, la 10 y la 43A. Provenza viene siendo objeto de un plan piloto, con instalación de equipos de monitoreo de bajo costo. Se busca que los negocios conozcan, con una medición confiable, el ruido generado y se regulen para mejorar las condiciones acústicas del territorio. Así lo venimos haciendo en el polígono comprendido entre las calles 7 y 8, y las carreras 35 y 38”.
QUIEREN MEDIR EL RUIDO ELLOS MISMOS
Voceros de Medio Ambiente Medellín y Cornare, en sus charlas durante el II Foro Regional de Gestión del Ruido, confirmaron que esas entidades buscan certificarse ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) como instancias competentes para la medición directa de ruido. De esta manera, evitarían contratar agentes externos para este componente técnico, vital en labores de vigilancia y control. “Ha pasado que se dejan de hacer mediciones porque esos convenios con privados no están al día”. En lo que va de 2023, el Distrito, a través de Seguridad y Convivencia, contrató 15 mediciones; en 2022 fueron 51 y en 2021, 71.
