Casos de intolerancia contra agentes de tránsito en Medellín contarán con protocolo de atención legal para garantizar el debido proceso
Víctor Hugo Piedrahíta Robledo, secretario de Movilidad, explicó que con este protocolo se busca que los agentes del tránsito en Medellín se sientan, primero, con el respaldo administrativo y el respaldo institucional; segundo, que se puedan tener sanciones ejemplarizantes ante estas agresiones en la ciudad.
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“Por eso el mensaje es mucho más simple, al cumplir las normas no vamos a tener problemas con la autoridad de movilidad y los principios de la no violencia, la paciencia y la concertación tienen que ser los que primen en nuestras vidas bajo ese principio superior que estamos buscando que es proteger la vida en las vías”, relató el secretario.
Así, la atención a los agentes agredidos se realizará, en articulación entre la Secretaría General y la Secretaría de Movilidad de Medellín, con un equipo de abogados penalistas, quienes analizarán, en conjunto con el funcionario público, cada situación para determinar el proceso que se debe seguir según el tipo de agresión y ofrecer asesoría.
Según Natalia Andrea Jiménez Pérez, secretaria General de Medellín, la violencia física o verbal en contra de funcionarios públicos tiene una pena que va entre 4 y 8 años de prisión y no es una conducta excarcelable. Por lo anterior, “haremos un trabajo de acompañamiento a los agentes de tránsito, de asesoría para que puedan instaurar una denuncia en contra de las personas que los agreden en cumplimiento de su deber”, dijo.
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Según la ley 1310 de 2009, las funciones generales de los agentes de tránsito de las Entidades Territoriales son para velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, garantizando el libre desplazamiento de todos los ciudadanos. Lo anterior se logra, entre otras, con tareas educativas con el objetivo de orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas.
Sin embargo, en su tarea de prevención, este año 45 agentes han reportado agresiones físicas en diferentes cierres viales y controles operativos en las vías de la ciudad y se han realizado 20 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
