Cuando discutíamos en el Senado de la República la nueva ley que regula las áreas metropolitanas, recuerdo que hice mucho énfasis en la necesidad de poder contar en otras regiones del país con una herramienta institucional que permitiera lograr equilibrios regionales como los que hemos venido buscando para el Valle de Aburrá. Desafortunadamente, los legisladores de las otras regiones no entendieron la importancia de tener un instrumento para articular los diferentes entes territoriales que hacen parte de una subregión, con el fin de lograr un desarrollo equitativo y armónico y disminuir la brecha social entre los que tienen recursos y pocas obligaciones y los que no tienen tantos recursos pero sí muchas obligaciones.
En nuestra área metropolitana hay cada vez una mayor diferenciación entre un sur rico y un norte pobre. Sobre todo cuando le recargamos todas las obligaciones para atender a los más necesitados y a los más pobres a un municipio que en un momento dado no va a tener cómo aguantar más, pues es muy poca la solidaridad que tenemos con él: me refiero a la ciudad de Bello.
Sí, ciudad, porque dada su población de casi 500 mil habitantes podría considerarse como una de las más grandes del país. Puede decirse que tiene mayor población que Manizales, Armenia, Montería o Valledupar. Sin embargo, es la ciudad con el mayor porcentaje de personas en los estratos 1, 2 y 3 del Valle de Aburrá, pues solo hay 27 viviendas en estrato 5 y ni una sola en estrato 6. El 24 por ciento de su población está en estrato 1 y el 39 por ciento en estrato 2.
Además, a Bello le hemos asignado una serie de cargas que no tienen otros municipios de nuestro valle: la cárcel, la planta de tratamiento de aguas residuales, el relleno sanitario -que ya cumplió su vida útil y continúa produciendo efectos dañinos para sus habitantes- y, sobre todo, es el mayor asentamiento de desplazados de la subregión.
El otro problema es que poco hacemos para evitar que Bello se nos convierta en una bomba social que explote en cualquier momento. Poca solidaridad tienen con él entes como el propio municipio de Medellín, cada vez más moderno y con menos personas pobres porque ha contado con importantes recursos para su desarrollo, como son las transferencias de EPM. Estas ascendieron en 2013 a cerca de un billón de pesos. A ello sumémosle los dineros que recibirá Medellín por la venta de UNE, que, si no estoy mal, podría ser un billón adicional.
Si queremos avanzar en superar las barreras que dividen a los ricos de los pobres en nuestro departamento, definitivamente debemos comenzar por lograr equidad de inversión y desarrollo en nuestro propio Valle de Aburrá. Por ello propongo una cruzada para que recursos que corresponden al municipio de Medellín y a EPM se puedan comprometer para ayudarle a Bello a enfrentar las cuantiosas inversiones que debe asumir para atender a los más pobres. Estos no pueden asentarse hoy en las otras poblaciones porque las políticas públicas se diseñan cada vez más para que solo en ellos se asienten las clases medias y los más ricos.
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